JEP asume investigación contra el general (r) Santoyo por desaparición de activistas en Medellín  

Hizo parte de la Policía durante 30 años hasta su retiro en 2009, fue comandante del Gaula en la capital antioqueña y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.

La JEP informó este martes que asume la investigación contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco en relación con los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada de los activistas Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

Los hechos ocurridos se remontan al 6 de diciembre de 2001, cuando el entonces coronel era comandante del Gaula en Medellín.

Según la Fiscalía, Santoyo, antes de ser extraditado a Estados Unidos, aceptó voluntariamente su participación en la interceptación de líneas telefónicas en su calidad de “comandante urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.

El ente también cita testimonios de postulados para Justicia y Paz donde aseguran que “para la época de dichas desapariciones el hoy general Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con la interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”. 

De esta forma el nombre de Asfaddes fue asociado de manera inmediata con Santoyo.

De acuerdo con la Fiscalía, los activistas fueron víctimas de una “persecución de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes del Estado”. Persecución que se orquestó contra  Asfaddes “algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica”. 

Santoyo hizo parte de la Policía durante 30 años hasta su retiro en 2009, fue comandante del Gaula en la capital antioqueña y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.

El general (r) fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. 

En 2019 fue deportado a Colombia y la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento como autor de los delitos mencionados anteriormente.

Pero en octubre de ese mismo año la Fiscalía 56 especializada contra violaciones de derechos humanos señaló que estas conductas punibles son de conocimiento exclusivo de la JEP. Por esa razón el despacho remitió el expediente de Santoyo a la jurisdicción.