Un efectivo de la Policía de Colombia fue condenado a 37 años y seis meses de cárcel por el asesinato de un grafitero de 16 años en 2011, al que señaló falsamente de ladrón, en un caso que conmocionó al país, informó este miércoles la fiscalía.
Un juzgado de Bogotá halló responsable a Wilmer Alarcón del "delito de homicidio en circunstancias de agravación, por ser cometido en estado de indefensión en contra de un menor de edad", indicó el ente acusador en un comunicado.
Alarcón, prófugo de la justicia desde agosto pasado, disparó la noche del 19 de agosto de 2011 contra el joven Diego Felipe Becerra, quien junto a unos amigos estaba pintando un grafiti en un barrio del norte de Bogotá.
La policía perseguía en la misma zona a un grupo de ladrones, tras una denuncia hecha por víctimas de hurto en el sector.
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Cuando los jóvenes se percataron de la presencia de los uniformados, empezaron a correr porque creyeron que les iban a quitar las pinturas y algunos accesorios que les sirven para hacer las imágenes, agregó la fiscalía.
Alarcón disparó al artista alegando defensa propia, pues argumentaba que en medio de la huida el muchacho lo iba a agredir con un arma.
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Tras el disparo a Becerra, el grupo de uniformados que supuestamente perseguía a los ladrones plantó un arma de fuego cerca al cuerpo para relacionar al joven con la denuncia de hurto en el sector.
Según el peritaje del Instituto de Medicina Legal, la víctima no tenía rastros de antimonio, plomo o bario, residuos que denotan disparos, por lo que no portaba ningún arma de fuego, ni tampoco blanca, como lo quisieron hacer ver los uniformados.
Becerra murió por el impacto de arma de fuego a menos de un metro y medio de distancia, por lo que se concluyó que "estaba indefenso y no tuvo manera de esquivar el disparo", dijo el juez al dictar la sentencia, según el texto de la fiscalía.
Durante años la policía mantuvo la versión de que Becerra era un ladrón, pero en septiembre de 2015 otro patrullero reconoció que alteró la escena del crimen.
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Además, un juez de Bogotá obligó en julio pasado a la policía y al ministerio de Defensa a indemnizar a la familia del joven por los perjuicios causados.
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