En Jamundí, Valle del Cauca, la alcaldesa de ese municipio, Paola Castillo, le está haciendo un llamado urgente a la UNP, pues lleva 7 meses sin esquema de seguridad. Esto pese a estar amenazada por parte de los grupos que allí delinquen.
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Paola Castillo ha sido enfática en su pedido a la UNP. Actualmente, ella solo cuenta con apoyo de la Policía. Es grave, teniendo en cuenta la situación de orden público por la que atraviesa Jamundí.
“Con estudio de riesgo extraordinario, les recuerdo que llevo 7 meses pidiéndoles las herramientas de protección. Es triste y preocupante. ¿Cuáles son las prioridades de ustedes, señores de la UNP, en materia de seguridad?”, recalcó la mandataria.
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Misma situación en Meta
Mientras en el país surgen dudas por cuenta de los esquemas de protección que se asignan a algunas personas, alcaldes de nueve municipios del Meta que están amenazados por grupos ilegales aseguran que llevan 7 meses clamando por protección, pero hasta el momento, nada de nada.
Jefree Martínez es el alcalde de Lejanías, Meta. Él dice estar amenazado por parte de las disidencias de las FARC y que estas empezaron a llegar cuando inició un plan para proteger a los comerciantes.
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El mandatario solicitó un esquema de protección a la UNP, pero lo que le asignaron fue un chaleco antibalas y un botón de pánico que todavía no le han llegado: “Las palabras textuales fue que yo estaba alzado con la guerrilla y que me iban a meter mi susto y que, si no podían conmigo, lo harían con mi mamá, gestora social del municipio”.
En nueve municipios del sur del Meta y con panfletos, las disidencias de las FARC han ordenado a los comerciantes cerrar sus negocios. Ante el panorama, los mandatarios solicitan un vehículo blindado para protegerse durante los desplazamientos.
Camilo Pulgarín, alcalde de Mesetas, Meta, indicó que muchos mandatarios se ven obligados a desplazarse en transporte público, “arriesgando la integridad física de cada uno de nosotros”.
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