Defensoría del Pueblo respalda informe de la ONU y del CICR sobre incremento de la violación de DD. HH. en el departamento.
Durante el 2019, la Defensoría del Pueblo del Chocó emitió ocho alertas tempranas, en las que informó que, tras la disputa entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los territorios dejados por las extintas FARC, el confinamiento y el reclutamiento forzado son flagelos que van en aumento.
“Están llevando a nuestros menores hasta allá, a obligarlos a combatir, a obligarlos a tareas que tienen que ver con la guerra; y ellos, cuando hay alguna posibilidad, se vuelan de los grupos”, explica Luis Murillo, defensor del Pueblo del Chocó.
En su recorrido por las comunidades campesinas del consejo comunitario mayor del Atrato, Alexis Heredia fue testigo del miedo, la zozobra y el silencio que reina entre la comunidad que hoy está sitiada.
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En el corregimiento de Murrí, en Vigía del Fuerte, sus pobladores manifiestan su miedo y piden una pronta acción del gobierno.
“Los poquitos que vamos a las parcelas es porque son las más cerquitas, pero no podemos desplazarnos a buscar el alimento porque tememos que en el fondo de nuestros cultivos haya personas al margen de la ley”, dice Adolfino Perea, habitante del corregimiento de Murrí.
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Yeferson Hinestroza, otro habitante de la zona, señala que “estamos asustados en este momento en todo el río Murrí. Unas 1.500 personas entre las 4 comunidades que están en este río estamos a punto de desplazarnos”.
Desde hace 5 meses, 19 comunidades indígenas y afro del Alto Baudó están confinadas y unas 1.600 personas han sido desplazadas hasta su cabecera municipal.
Solo hasta el próximo 18 de marzo la fuerza pública informará si se garantiza o no el retorno a sus territorios.
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