Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla.
Entre los predios afectados están: una mansión avaluada en 28 mil millones de pesos en el sector de Riomar, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.
Según la Fiscalía, los bienes están a nombre de una sociedad que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab , a través de una empresa con la que realizó importaciones y exportaciones ficticias.
Por estos hechos, Saab Morán es investigado por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa.
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En su contra pesa una circular azul de Interpol.
Saab, de ascendencia libanesa y cuyo paradero es desconocido, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), acusada de vender al gobierno de Maduro alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes.
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Con los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con "cientos de millones de dólares", según dijo un funcionario del Gobierno estadounidense en julio del año pasado.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
De igual forma, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó en julio del año pasado cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE. UU., razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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