La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de nuevos delitos contra cinco personas por su presunta participación en los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director general de la Policía. La decisión representa un giro relevante en la investigación, pues el ente acusador ahora busca reprochar no solo el homicidio, sino el presunto plan previo para atraer al joven bajo engaños y someterlo a agresiones antes del disparo que le causó la muerte.
De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la imputación incluiría conductas relacionadas con tortura, uso de menores para delinquir, soborno a testigos y alteración de elementos materiales probatorios. Estas nuevas líneas de investigación se desprenden de la hipótesis según la cual existió una estructura organizada que habría diseñado una trampa para conducir a la víctima hasta el lugar donde ocurrió el ataque, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.
El caso se remonta al 24 de noviembre de 2024, cuando el joven de 21 años murió tras recibir un disparo en el tórax. Desde entonces, la investigación ha intentado esclarecer si el disparo provino del arma del escolta que lo acompañaba o de terceros que participaron en la agresión. Sin embargo, nuevas pruebas, entre ellas audios de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, han reorientado el proceso hacia la existencia de un plan previo que habría derivado en la muerte del joven.
Según el material revelado en Septimo Día difundido meses atrás, las grabaciones con sonido permitieron identificar coordinaciones previas entre algunos de los involucrados para ubicar a la víctima en el lugar de los hechos. En dichos registros, se evidencian comunicaciones que, de acuerdo con los investigadores, indicarían que la víctima fue conducida mediante engaños hasta el sitio donde posteriormente fue agredida.
“Obtuvimos esta que es la única cámara que tiene sonido y esta fue fundamental para poder determinar momentos claves como el de Katherine Sotelo, que se comunica con la menor y le pregunta: ‘¿Dónde está?’... Se pusieron de acuerdo para poder cometer el hecho delictivo”, explicó Yefrin Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID)
Uno de los elementos clave del expediente es la declaración de una menor de edad, quien afirmó que el ataque habría tenido un propósito extorsivo. En su testimonio señaló: “Ellos planeaban extorsionarlo. Estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y para mi familia. Estoy dispuesta a declarar todo en contra de ellos”. Esta versión es considerada por la familia de la víctima como una prueba determinante para demostrar la existencia de una organización que buscaba presionarlo económicamente.
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El padre del joven, el general retirado William Rincón, ha insistido en que el crimen no fue producto de un simple altercado, sino el resultado de una acción planificada. “Es terrible. He tenido que ver a mi hijo más de 100 veces cómo muere”, afirmó.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el contacto inicial con la víctima se habría producido semanas antes a través de redes sociales, mediante un perfil que aparentemente correspondía a una menor de edad. Posteriormente, el joven fue citado y conducido al sector donde se produjo el ataque.
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Las imágenes muestran que, una vez en el lugar, fue rodeado y golpeado por varias personas, mientras su escolta intentaba intervenir. En los audios se escucha al patrullero gritar: “¡Quieto, quieto! Policía Nacional”, segundos antes de realizar un disparo de advertencia, según la explicación entregada por investigadores.
Los informes de Medicina Legal documentaron que el joven sufrió lesiones graves, entre ellas fracturas costales y trauma craneal, antes de recibir el disparo mortal. Este nivel de violencia ha sido interpretado por la defensa de la familia como un indicio de sevicia y premeditación, elementos que ahora serían parte central de la imputación que prepara la Fiscalía.
Otro de los puntos bajo análisis es la posible manipulación de pruebas en la escena del crimen. Investigaciones privadas han advertido inconsistencias en elementos balísticos hallados en el lugar y en la presentación de evidencias materiales que, según el expediente, no corresponderían plenamente a lo ocurrido el día de los hechos.
La nueva imputación también responde a una denuncia presentada por las víctimas en enero de 2025, en la que se cuestionaba que inicialmente no se investigaran con suficiente profundidad los hechos previos al homicidio. Según el abogado de la familia, esa omisión impedía comprender el contexto completo del crimen, especialmente el supuesto engaño mediante el cual se habría citado al joven y el posterior ataque coordinado.
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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co
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