"Declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del trece (13) de diciembre del presente año", indicaron en un comunicado.
La organización justificó su decisión como parte de sus "esfuerzos" y "compromisos" de "contribuir con una paz integral, total y duradera", tras anunciar en septiembre su intención de acogerse a la justicia.
Las ACG hicieron un llamado a los gremios, organizaciones de víctimas, activistas, Iglesia católica y la comunidad internacional, entre otros, para que verifiquen el cumplimiento del cese de las acciones armadas.
Además, pidieron a la guerrilla ELN, disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes que se sumen a su propósito en "zonas donde por circunstancias territoriales" se enfrentan.
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El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no considera al Clan del Golfo, surgido de remanentes de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006, un actor político por dedicarse principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
Pero en octubre presentó en el Congreso un proyecto para el sometimiento colectivo de las bandas criminales que les reduce penas y permite la conservación de parte de sus bienes.
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El gobierno lanzó en 2015 una ofensiva contra esta estructura.
De un ejército de 4.000 miembros, la organización se redujo a unos 1.800 tras los golpes propinados por las autoridades, incluida la muerte en septiembre de Roberto Vargas Gutiérrez, alias "Gavilán", segundo al mando de la banda, y de su predecesor Luis Orlando Padierna ("Inglaterra") en noviembre.
La banda está liderada por Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, el hombre más buscado de Colombia y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que estudia el conflicto y a actores ilegales, el Clan del Golfo tiene presencia en 236 municipios de los 1.120 que tiene Colombia.
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Conocida antes como Clan Úsuga y Los Urabeños, la organización controla hasta un 45% del tráfico de droga hacia Estados Unidos.
Colombia busca superar un cruento conflicto armado que en medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, dejando ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
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El gobierno firmó en noviembre de 2016 un acuerdo de paz con la guerrilla comunista FARC -ahora desarmada y transformada en partido político- y negocia con el ELN, único grupo rebelde que reconoce.
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