Claves para entender el juicio contra Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal

El juicio contra Álvaro Uribe Vélez está a punto de llegar a su fin y este lunes 28 de julio de 2025, la juez Sandra Heredia emitirá su fallo condenatorio o absolutorio al expresidente por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, que llamó a declarar a 36 testigos, mientras que la defensa citó a 55.

Fueron 67 días, desde comienzos de febrero de 2025, en los que se adelantaron las audiencias en lo que muchos han catalogado el juicio del siglo, porque se procesó por primera vez a un expresidente de la República. “Voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y en consecuencia para tal fin se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 minutos de la mañana”, dijo la juez Heredia tras escuchar los alegatos finales.

¿Cómo empezó el proceso contra el expresidente Uribe?

La investigación del caso Álvaro Uribe está en marcha hace más de 10 años, cuando el exsenador denunció en 2012 a Iván Cepeda por soborno a testigos. Sin embargo, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la investigación y pasó a investigar a Álvaro Uribe Vélez. De inmediato, Cepeda pasó a ser víctima en el caso.

El 8 de octubre de 2019 se hizo la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe y el 4 de agosto de 2020, el alto tribunal le dictó medida de aseguramiento, la primera contra un exmandatario en Colombia.

Catorce días después, el 18 de agosto de 2020, Uribe renunció a su curul como senador en el Congreso y el 3 de septiembre de ese mismo año el caso llegó a la Fiscalía General de la Nación. Quedó en manos del fiscal Gabriel Jaimes, en la administración de Francisco Barbosa.

El 10 de octubre de 2020 se revocó la medida de aseguramiento contra el expresidente y entre marzo de 2021 y abril 2022 se cayó la primera solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía de Barbosa.

Entre julio de 2022 y mayo de 2023 se cayó la segunda solicitud de preclusión de la Fiscalía de Francisco Barbosa.

El 16 de enero de 2024 se asignó el caso, por reparto, al fiscal Gilberto Villareal Pava. Cuatro meses después, el 9 de abril de 2024, el ente acusador, ya bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo, anunció la acusación contra Álvaro Uribe Vélez.

El 17 de mayo de 2024 inició la audiencia de acusación en contra del expresidente y el 6 de febrero de 2025 empezó el juicio.

Los testigos en el caso contra Álvaro Uribe

La Fiscalía arrancó con la presentación de 36 testigos. El primero, el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso. Otros dos testigos clave fueron Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, a quienes, según el ente acusador, Diego Cadena instó a que cambiaran su versión ante la justicia por solicitud del expresidente.

Luego vinieron los testigos de la defensa, 55, entre los que comparecieron su hermano, Santiago Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias y el exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente, Fabián Rojas, entre otros.

Los grandes ausentes en el juicio contra Álvaro Uribe

• Diego Cadena y su socio Juan José Salazar. Ellos decidieron guardar silencio porque están en otro juicio paralelo.
• Enrique Pardo Hasche, la pieza clave entre el abogado Diego Cadena y el testigo Juan Guillermo Monsalve, un recluso que en muchas ocasiones intervino para que el exparamilitar hiciera esta reunión finalmente con Cadena en la cárcel La Picota.
• Mercedes Arroyave, quien habría adelantado trabajo en las cárceles con varios testigos y exparamilitares. El expresidente Uribe pidió investigar dónde se encuentra esta persona que, según varios reclusos, actuaba en nombre del senador Iván Cepeda.
• Luz Marina Pineda y Marta Monsalve, mamá y hermana de Juan Guillermo Monsalve, quienes lo han apoyado.
• Juan Guillermo Villegas, un ganadero muy cercano al expresidente, que por cuestiones de salud no pudo presentarse en el juicio.

Argumentos de la Fiscalía contra Álvaro Uribe

La fiscal Marlene Orjuela solicitó a la juez “de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno”.

Para el ente investigador, Diego Cadena intentó manipular la versión de varios reclusos en las cárceles y para ello presentó varias evidencias claves, como la relacionada con el 22 de febrero de 2018 en la cárcel La Picota de Bogotá, cuando el jurista fue grabado con un reloj espía que llevaba Monsalve. En esa conversación, Cadena le ofreció al testigo una asesoría jurídica para su caso judicial y lo habría presionado para retractarse.

Adicionalmente, según la fiscal, “las intercepciones telefónicas legalmente obtenidas revelan una coordinación permanente entre Diego Cadena y el acusado Álvaro Uribe Vélez. Llamadas del 12, 15, 20, 22 y 26 de marzo, entre otras, evidencian que Cadena reportaba directamente sus acciones al exsenador, incluyendo la redacción de la carta por parte de Monsalve, lo cual reafirma su rol activo como determinador”.

Agregó otra prueba, el pago de alrededor de 25 millones de pesos a dos personas. Una de ellas fue Carlos Enrique Vélez, quien recibió 23 millones de pesos, y Eurídice Cortés, reclusa de la cárcel de Palmira.

Cadena realizó pagos y lo que dice la Fiscalía es que ningún abogado por cuenta propia y de su bolsillo saca 25 millones de pesos para pagarlos a los testigos.

Otra pieza clave dentro de la investigación de Marlene Orjuela son las cartas que envían tres reclusos en la cárcel de Cómbita y cómo se redactaron. Hubo una reunión en un hotel en el norte de Bogotá en la que participó Diego Cadena y el exasesor de la UTL Rojas. Las declaraciones que han entregado estos testigos en este caso son contradictorias y ninguno se ha puesto de acuerdo para decir cómo llegaron allí, qué rol era el que jugaba cada uno, cómo es que llegan a esas cartas que finalmente la Fiscalía dice son manipuladas porque ni siquiera son escritas por esos internos en la cárcel de Cómbita.

“Ello demuestra que esta operación no surgió de la iniciativa libre de los reclusos, sino de una red bien articulada cuyo objetivo era viabilizar ese montaje de testimonios favorables al acusado por medio de cartas supuestamente voluntarias, pero en realidad inducidas, redactadas o incluso fabricadas por los mismos operadores jurídicos de su defensa”, aseguró Orjuela.

Los argumentos de la defensa de Álvaro Uribe

Desde el minuto uno de este proceso judicial los abogados del expresidente han cuestionado la forma en que se hicieron las interceptaciones telefónicas, tanto al abogado Diego Cadena como al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Jaime Granados afirmó “que se violentó el debido proceso probatorio, que se violentó el derecho a la intimidad y privacidad las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, pues habría que excluir todo aquello que probásemos que efectivamente implica esa violación de las comunicaciones del abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez, mientras ocurrió del 9 de marzo del 2018 hasta el 9 de abril del 2018, y de toda otra que haya ocurrido con posterioridad referida a estos hechos que tuviesen lugar entre él, Álvaro Uribe Vélez, y su abogado investigador, Diego Javier Cadena Ramírez”.

Por esto ha pedido excluir las llamadas telefónicas que se le hicieron a Uribe Vélez, que desató un gran escándalo en el país porque se hicieron por accidente o por error en la Corte Suprema de Justicia, pero de todas formas se han mantenido como evidencia en el juicio. Será la jueza la que ahora valide si esas llamadas fueron legales o no.

Adicionalmente, pidió excluir todas las llamadas telefónicas entre Uribe y Diego Cadena porque violan la reserva entre abogado o cliente. Entre las interceptaciones está una que ocurre en el mes de abril del año 2018, cuando Diego Cadena le pregunta al expresidente si puede ofrecerle una asesoría jurídica a Monsalve en la cárcel La Picota y el exsenador contesta "proceda, abogado, proceda".

La defensa también cuestiona la grabación del reloj espía porque en la reunión que duró 30 minutos no hay registro de 12 de ellos.

En cuanto a los testimonios que se rindieron de parte de varios exparamilitares, Granados manifestó que es “información que además él no conoció, que conoció fue días, semanas o meses después, y cito para ello tres ejemplos: uno, el tema de la acción de revisión vino a informársela de una manera fraccionada, fragmentada, no completa el abogado Diego Cadena Ramírez, el 3 de abril del 2018 de lo que había hecho el 22 de febrero, antes, y no que ya lo había hecho, sino dando de entender que iba a hacerlo; o lo que sucedió con las ayudas dinerarias, las que hayan sido de Diego Cadena Ramírez a alias Víctor, que las vino a informar 11 meses después”.

La defensa del expresidente obviamente ataca el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, a quien señala de testigo mentiroso y que ha recibido beneficios carcelarios que ningún otro recluso en ninguna cárcel ha tenido.

Cuestionó, además, que el senador Iván Cepeda no haya entregado las comunicaciones completas que ha sostenido con este testigo en el pasado.

El abogado Jaime Lombana dijo al cierre del juicio que tenían “la convicción de la inocencia absoluta y plena del doctor Álvaro Uribe Vélez. Creo que se ha demostrado en un juicio público la ausencia de fundamentos para las dos conductas que fueron acusadas. Creo que ha quedado claro que él no conocía algunos episodios que se dieron y especialmente también que hubo un entrampamiento”.

Lo que dijo Álvaro Uribe

“Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Yo no dije, ‘vayan a buscar testigos en las cárceles para desacreditar al senador Cepeda’. Yo pedí verificaciones precisas”, dijo en sus alegatos finales.

También habló de los pagos que hizo su abogado Diego Cadena, aseverando que “yo no fui informado de unos pagos, de unos giros a testigos, y yo creo que eso quedó claro aquí y me implicó una contradicción con la señora fiscal que quise manejar de la manera franca, pero totalmente respetuosa con ella como representante de la justicia y como mujer. Yo no fui informado que desde la reunión del 22 de marzo en La Picota, se habló de acción de revisión”.

Al culminar la audiencia cuestionó al senador Iván Cepeda, al que señaló de haberse aliado con el principal testigo, Monsalve, alegando ser defensor de derechos humanos para buscar declaraciones contra él y su hermano: “El senador Cepeda siempre lo han presentado aquí como defensor de derechos humanos. Pero yo también tengo derecho a los derechos humanos. Y yo que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado proteger la vida de quienes me han apoyado y de quienes me han combatido”.

Por su parte, Cepeda expresó que “no actuamos con optimismo, actuamos con la verdad, actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho. La satisfacción de decir que hemos llegado hoy en Colombia a la instancia en la cual un hombre muy poderoso que se creía estaba por encima de cualquier examen o interpelación de la justicia, ha tenido que comparecer y tendrá que responder ante un juez de la República”.

El presidente Gustavo Petro dijo, el martes 22 de julio, que "quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera".

Sostuvo, además, que "nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez", a lo que el exmandatario le respondió "deje el vicio de mentir", citando un trino del pasado 9 de abril en el que el jefe de Estado hablaba del caso de Iván Cepeda, víctima en el juicio contra Uribe.

Entretanto, 38 juristas emitieron una carta en la que manifestaron “que el llamado 'Caso del Siglo', fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente”.

SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
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