Luego de cuatro meses de estudio, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de recusación interpuesta por la contralora general de la República, Sandra Morelli, en contra del fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Vicente Perdomo.
El alto tribunal consideró infundadas las razones de la petición de Morelli, por lo que el ente acusador tendrá vía libre para avanzar en dos investigaciones que salpican a la contralora. La primera de ellas por cuenta de una circular interna que supuestamente prohibió la contratación de funcionarios próximos a pensionarse.
En segundo término, la Fiscalía avanzará en las pesquisas para determinar si hubo o no sobrecostos en el alquiler de oficinas de la Contraloría General de la República, en el occidente de Bogotá.
En este último caso, el ente investigador verificará el cumplimiento de todos los elementos del contrato de arrendamiento entre el organismo de control y la empresa Proyectos y Desarrollos UNO S.A., cuyo valor asciende a 2.500 millones de pesos mensuales.
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La contralora ha sido además nombrada dentro del escándalo por seguimientos e interceptaciones ilegales contra periodistas, entre ellos Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco Tascón.
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