Delitos de lesa humanidad cometidos por militares seguirán en justicia ordinaria

La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la reforma del fuero penal militar, iniciativa con la que el Gobierno busca brindar seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas y que ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos.

El Ministerio de Defensa definió en un comunicado como "votación histórica" el apoyo recibido por el proyecto, de 105 papeletas a favor y cinco en contra.

"Aquí lo que se busca es seguridad jurídica para las Fuerzas Armadas, que no es más que seguridad para los colombianos", señaló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el comunicado.

Con esta reforma, el Gobierno busca ampliar las competencias de los tribunales castrenses para juzgar actos cometidos por militares en servicio.

Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la Cámara, por solicitud del propio Gobierno, modificó el texto que ya había sido aprobado en el Senado para que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares, conocidas como "falsos positivos", sigan en la justicia ordinaria.

"Hemos blindado esa posibilidad para que no se admita ninguna interpretación en esa materia porque los delitos de 'falsos positivos' son muy graves", manifestó el titular de Interior.

Según Cristo, esto se hizo para "que no le quede ninguna duda a los colombianos ni a la comunidad internacional" sobre los alcances del fuero penal militar.

Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que la votación "demuestra la legitimidad política, (y) democrática" del proyecto y el apoyo del Congreso a las Fuerzas Militares y a la Policía.

Pinzón recordó que fue el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien pidió colocar "todas la garantías necesarias para que, en ningún caso, de ninguna manera, falsos positivos (...) pasen a la Justicia Penal Militar".

En una rueda de prensa que dio la semana pasada en Bogotá, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, arremetió contra el ministro Pinzón, al que acusó de organizar una "emboscada legislativa" con este proyecto de ley para "blindar" los crímenes cometidos por militares en el marco del conflicto armado.

En la Fiscalía hay registradas hasta 4.300 víctimas de "falsos positivos", es decir, civiles que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban beneficios o ascensos.

Pinzón aclaró que este acto legislativo es un mecanismo que garantiza que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan actuar "sin dudarlo, de manera decidida y en defensa de la Constitución, de la Ley, en protección a los derechos de los colombianos".

El proyecto de reforma cumplió con este los cuatro primeros debates en el legislativo y le falta además la conciliación con el texto aprobado en el Senado para terminar su primera vuelta.

En octubre de 2013 la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional (que no procede) una ley que reformó el fuero penal militar con el argumento de que contenía vicios de forma, lo que obligó al Gobierno a presentar esta nueva iniciativa.