La emergencia humanitaria que atraviesa la subregión del San Juan, en Chocó, se ha agravado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y los efectos que dejó el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación que afecta a las comunidades de los municipios de Sipí y Nóvita, donde los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el ELN han generado desplazamientos y riesgo de confinamiento para la población civil.
La situación representa una preocupación adicional debido a que estas comunidades también han tenido que afrontar las consecuencias de la emergencia sísmica registrada en el departamento. La convergencia de ambas situaciones incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones étnicas, entre ellas las agrupadas en el Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá.
#Colombia | Crisis en Quibdó, Chocó: mientras los damnificados por el terremoto hacen largas filas para reclamar los subsidios del Gobierno, la violencia no da tregua. Enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo provocaron nuevos desplazamientos y dejaron tres personas… pic.twitter.com/tTpBLlDugo
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 25, 2026
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De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría, desde el 10 de agosto de 2026 se registró la presencia de presuntos integrantes del EGC en la comunidad de San Agustín, en Sipí, donde permanecieron durante tres días. Durante ese periodo, los habitantes tuvieron dificultades para desarrollar normalmente sus actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, además de sus prácticas ancestrales Posteriormente, durante un recorrido realizado el 19 de agosto, la Defensoría conoció el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento generado por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.
La situación afecta a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con un total aproximado de 405 familias, equivalentes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.
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A esta situación se sumó un ataque ocurrido el 23 de agosto, cuando un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados fue accionado y afectó a tres civiles: dos hombres y una mujer, quienes resultaron heridos.
Como consecuencia de este hecho, 90 familias, correspondientes a 118 personas, se desplazaron hacia las poblaciones vecinas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. La Defensoría del Pueblo advirtió que la combinación de los hechos violentos y la emergencia provocada por el terremoto aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades del San Juan, especialmente de la población indígena y afrodescendiente. Ya se cuentan 384 familias afectadas, y más de 1.300 personas.
El llamado de la Defensoría del Pueblo
La entidad pidió a los grupos armados que respeten estrictamente las normas del derecho internacional humanitario y se abstengan de emprender acciones que pongan en riesgo la vida, integridad, movilidad y bienes de las comunidades. Asimismo, pide a las autoridades que den garantía a las comunidades para que haya ocndicines seguras para el desplazamiento desde las zonas afectadas, se activen las rutas de atención humanitaria y mantengan monitoreo permanente.
María Paula Rodríguez Rozo
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