En el Día Nacional de los Derechos Humanos se debe realizar una radiografía de lo que sucede en todo el territorio colombiano. Para algunos líderes y lideresas, su labor es extremadamente peligrosa, pues el solo hecho de presentar una denuncia o evidenciar una problemática en sus regiones puede poner en riesgo sus vidas.
“El tema de liderazgo no es fácil, es complejo, más cuando esta región está llena de diferentes actores armados, de la ilegalidad, de la presencia del narcotráfico y de muchas razones que precisamente no les gusta que toquemos estos temas de derechos humanos en los territorios”, señala el Francisco Javier, líder indígena de Arauca.
El asesinato y las amenazas contra líderes sociales en Colombia han alcanzado cifras alarmantes. Según el instituto de estudios de Indepaz, en lo que va del año 2023, 119 líderes han perdido la vida debido a su trabajo en las regiones. A pesar de esta disminución con respecto al mismo periodo en 2022, cuando se registraron 134 asesinatos, líderes piden medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Lo que se tiene que hacer es fortalecer la prevención, la protección, los mecanismos de autoprotección. El decreto 660 es muy importante, entonces implementarlo, pero para eso hay que conocer el mecanismo mismo que tienen las comunidades, como las guardias indígenas, cimarronas, campesinas”, opina Leonardo González, director del observatorio.
Los líderes sociales hacen un llamado al Gobierno en busca de garantías en los territorios para llevar a cabo su labor de veeduría de manera segura.
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“En términos de garantías, siguen existiendo muchos vacíos en el territorio nacional, el Estado y el Gobierno Nacional. No puede costar la vida de las y los colombianos que estos ejercen construcción alrededor de sus comunidades”, explica Mauricio Capaz, líder de derechos humanos en Cauca.
“En consecuencia, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, recogiendo el clamor de las comunidades y de los pueblos, para que garanticen la vida, integridad y bienes de todos los colombianos”, exclama Javier Sarmiento, procurador delegado de derechos humanos.
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El asesinato de firmantes de paz es un tema preocupante desde la firma del acuerdo en 2016. Según cifras, 384 de ellos han perdido la vida en ese período, y en lo que va de 2023 ya se registran 28 asesinatos más.
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