El polémico empresario Emilio Tapia, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su responsabilidad en el entramado de corrupción de Centros Poblados.
Fueron cuatro las condiciones que el empresario pactó con la Fiscalía. Una de ellas es aceptar su participación en tres delitos relacionados con el caso de Centros Poblados, otra es pagar una pena de seis años de cárcel y la tercera es devolver cerca de 5.000 millones de pesos, de los cuales ha entregado aproximadamente 2.500. Los otros 2.500 millones, aseguró Tapia, los va a reintegrar a través de unos vienes que están ubicados en Girardot, Cundinamarca, y también en zona rural de Medellín.
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La cuarta es que Emilio Tapia deberá convertirse en testigo de cargos por el escándalo de corrupción.
¿Qué delitos le imputaron a Emilio Tapia?
Un juez de conocimiento le imputó a Tapia los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. “Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido que los delitos se cometen por acción y omisión”, manifestó el empresario.
Este preacuerdo que presentó la Fiscalía General de la Nación tendrá que ser avalado por el juez de conocimiento. El trámite se llevará a cabo el 18 de diciembre.
¿En qué va el caso de Centros Poblados?
El pasado 22 de octubre, la Contraloría General de la República estableció que la Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado 87.027 millones de pesos por incurrir en irregularidades en la ejecución de contrato y con cumplir con la instalación de 7.727 centros digitales en zonas aparatadas de Colombia.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría argumentó que hubo una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, lo cual generó que varios lugares apartados del país quedaran sin acceso a internet.
El ente de control ordenó el pago de los 87.027 millones por parte de la Unión Temporal Centros Poblados por las irregularidades en el contrato 1043 de 2020, acuerdo que se celebró con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
“Se materializó en el incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”, indicó la Contraloría.
En cuanto a la administración por parte de la compañía, la entidad aseguró que “hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”. Así que el ente de control decidió “fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados”.
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