La mayoría de los oficiales están judicializados por falsos positivos, también hay presuntos responsables de desapariciones en la retoma del palacio de Justicia.
A pesar de las dudas del uribismo frente a las garantías de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el juzgamiento de miembros de la fuerza pública acusados de crímenes dentro del conflicto, cada vez más aumenta el número de oficiales que han solicitado acogerse a este tribunal.
Dentro de las peticiones de sometimiento a la JEP, las que más llaman la atención son las de cinco generales retirados juzgados por crímenes contra los derechos humanos.
Uno de los solicitantes es el general (r) Iván Ramírez, quien fue exjefe de inteligencia del ejército y ha sido judicializado por su presunta responsabilidad en la tortura y desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.
Publicidad
También ha buscado someterse a la justicia transicional el general Miguel Eduardo David Bastidas, acusado en 65 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre en 2004 y 2004 en el batallón Bajes.
Por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos, también han pedido someterse a la JEP el general José Joaquin Cortes, investigado por estos delitos en Ocaña, Norte de Santander; el general Luis Robledo Pico Hernández; y el general Hernando Pérez Molina, por el presunto homicidio de varios civiles que fueron presentados como guerrilleros entre el 2006 y 2008.
Publicidad
Además de los solicitantes, ya están bajo la jurisdicción de la JEP los generales Mario Montoya -excomandante del Ejército durante el gobierno Uribe-, Rito Alejo del Rio, Jaime Humberto Uscátegui y Henry Torres Escalante.