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Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos exoficiales del Ejército que reconocieron haber participado en falsos positivos señalaron al general Juan Miguel Huertas, hoy investigado por sus presuntos nexos con alias Calarcá tras las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, de haber facilitado muertes extrajudiciales en Antioquia cuando era capitán en el Ejército.
En medio de una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por falsos positivos en Antioquia, los dos exoficiales manifestaron que entre 2002 y 2003, cuando el hoy general Juan Miguel Huertas Herrera era capitán como oficial de operaciones del Batallón de Artillería número 4, habría incitado a estos subalterdos suyos a realizar ejecuciones extrajudiciales en ese departamento.
El primero en intervenir fue Edwin Leonardo Toro: “Cuando alguien que era el tres de ese batallón, el capitán Huertas me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que 'no', que no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran, ‘ey, mi teniente, hagámoslo’, no, señor”.
En esta comparecencia, los militares en retiro no solo hablaron de la incitación a participar en falsos positivos, sino que uno de ellos, Emerson Castañeda Morales, quien para la época era subteniente, le dijo al tribunal que el entonces capitán Huertas también llegó, según él, a ofrecerles armas para acciones de este tipo. “Esa arma nos la suministró el señor oficial para operaciones para le época, que era el señor capitán Huerta Herrera Juan Miguel, el cual, antes de haber salido a la operación, nos había manifestado que él tenía la disposición de tener armamento, en caso de que diéramos bajas, y no tuvieran armamento”.
En esta audiencia, estos militares ratificaron su declaración sobre el hoy general Juan Miguel Huertas, a quien se refirieron inicialmente en una versión voluntaria que dieron ante la misma JEP. Ahora, la Jurisdicción Especial de Paz deberá avanzar en la investigación para determinar si el general Huertas es llamado por ese tribunal.
El comandante del Ejército confirmó 5 días de permiso para el general Juan Miguel Huertas para retirarlo de sus funciones mientras el presidente Petro oficializa la suspensión ordenada por la Procuraduría.
Después que la Procuraduría ordenara la suspensión el pasado 27 de noviembre del general Juan Miguel Huertas, el oficial ha firmado varias determinaciones en su cargo como comandante de personal del Ejército. El primero de diciembre retiró del servicio a nueve militares, nueve sargentos que fueron llamados a calificar servicio según una resolución firmada por él.
Al siguiente día, el 2 de diciembre, con su firma, oficializó el retiro de otros nueve sargentos que también pasarán a la reserva. Ante la actividad del general Huertas en actos administrativos, en medio de un proceso sancionatorio, el comandante del Ejército le otorgó 5 días de permiso autorizados en una resolución, mientras la suspensión de 3 meses ordenada por la Procuraduría se oficializa con la firma del presidente Petro.
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El general Huertas, quien fue reintegrado al Servicio del Ejército por el presidente Petro, fue sancionado por ser mencionado en un escándalo de presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en varias entidades del estado, revelado por Noticias Caracol.
¿Qué fueron los falsos positivos?
Los falsos positivos en Colombia fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército, en las que civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados militares.
Entre los años 2002 y 2008, durante la implementación de la política de seguridad democrática en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se incentivó a las Fuerzas Armadas a demostrar eficacia en la lucha contra los grupos insurgentes. En ese contexto, algunos militares recurrieron a prácticas ilegales: reclutaban o engañaban a jóvenes, campesinos y personas vulnerables con falsas promesas de empleo, los trasladaban a zonas de conflicto y allí los ejecutaban. Posteriormente, alteraban la escena para simular enfrentamientos armados y reportarlos como bajas legítimas.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado más de 6.400 víctimas de estos crímenes, lo que convierte el fenómeno en uno de los capítulos más graves de violación de derechos humanos en la historia reciente del país. El caso más emblemático fue el de los jóvenes de Soacha, cuyos cuerpos aparecieron en fosas comunes en Ocaña, Norte de Santander, en 2008.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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