Diana Toro duró en poder de esa guerrilla durante más de un año. La posible entrega de una alta suma de dinero suscitó la polémica.
El expresidente Álvaro Uribe aseguró a través de un mensaje en Twitter que se pagaron 3 mil millones de pesos por su liberación, mientras que penalistas advierten que pagar por la libertad de una persona no es delito.
Un rescate de 3 mil millones, una familia arruinada y endeudada para toda la vida, 15 meses de cautiverio, ¿Habrá que agradecer al EL?
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 26, 2019
La comerciante de Amagá, Antioquia, estuvo en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de haber sido raptada por una banda delincuencial y entregada a esa subversión
, más de 15 meses y el fin de semana fue liberada en el departamento del Chocó.
El abogado penalista Francisco Bernate explicó que anteriormente eso era considerado un delito, pero la legislación cambió.
“En 1993, a través del Estatuto antisecuestro, se penalizó el hecho de pagar el rescate en un secuestró. Esta disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional casi que de manera inmediata”, manifestó el experto.
Bernate indicó que si la familia de la comerciante Diana María Toro pagó por su liberación, no cometió ningún delito.
“Se entiende que es legal, lícito, pagar un rescate por un secuestro o intermediación con fines humanitarios porque se entiende que quien paga un secuestro, una extorsión, es una víctima, por eso no tiene ninguna responsabilidad penal”, manifestó el abogado.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, arremetió contra el ELN, por el cobro y exigió a ese grupo subversivo la liberación inmediata de todos los secuestrados.