En el municipio de Pivijay, Magdalena, familias de 78 víctimas del paramilitarismo recibieron los registros de defunción de sus allegados. El propósito es que puedan completar el trámite de reparación ante la justicia. Las familias están contando las heridas que les ha dejado la violencia.
“Dejó tres hijitos, que también están en la misma condición. Él tenía sus hijos. Se lo llevaron y nunca apareció, lo mataron”, afirmó Luila Esther Luna, víctima de los paramilitares.
La señora Lucila Esther Luna cuenta cómo la violencia le arrebató a su hijo y dejó a su cargo tres nietos. Ella hace parte de las 78 familias reconocidas como víctimas del paramilitarismo en Pivijay, en el departamento de Magdalena, hace dos décadas. "Mi hijo tiene 22 años de perdido, yo metí papeles, y nunca hicieron nada, le apareció nada, desapareció en Los Montes de María”, añadió Lucila.
"Las víctimas se han hecho presentes no para recibir un certificado de defunción, que fue lo ordenado por el tribunal porque no aparecen los cuerpos de sus parientes y muy probablemente fueron asesinados, sino para recibir un mensaje de esperanza y hacer un cierre en su corazón”, mencionó Carlos Pérez Alarcón, magistrado de Justicia y Paz.
Pasan los años y el dolor sigue las familias de las víctimas, recuerdan los hechos aún con nostalgia, las lágrimas caen de sus rostros ante el recuerdo de un hermano, un padre o un esposo desaparecido por la guerrilla paramilitar.
Elba Pertuz Ternera, otra de las víctimas, contó su historia. “En el acto de violencia perdí a mi compañero, Jairo Gómez Jiménez, el padre de mi hijo, en el cual hoy me siento en paz por esta audiencia donde han reconocido a nuestro familiar. Esto nos brinda la paz que necesitamos, que ya no queremos más víctimas”.
El certificado de defunción ayuda al duelo de las familias que, por años, no han parado la búsqueda de sus allegados y que en ocasiones la fe puede más que la incertidumbre.
El acto simbólico también dio esperanza a las víctimas piensan en un mejor futuro principalmente de Pivijay, una zona marcada por la violencia, que alberga aproximadamente a 30.000 personas. Con la entrega de estos certificados de defunción, el duelo para estas familias podrá ser más llevadero al completar un ciclo de dolor que se cierra con la despedida de sus seres queridos.
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