La Alcaldía de Bello (Antioquia) confirmó que una contratista de la Secretaría de Salud del municipio figura entre las personas capturadas por presuntamente integrar una red transnacional dedicada a la explotación sexual de menores en Medellín.
La mujer fue detenida en el marco de la llamada Operación Alpha MASI, desarrollada por autoridades nacionales e internacionales contra una organización señalada de producir y comercializar material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales y transmisiones en vivo dirigidas principalmente a consumidores en Estados Unidos.
Según las investigaciones, la estructura criminal estaría conformada por al menos 11 personas capturadas en Medellín, Cartagena y distintas zonas de Estados Unidos. Las autoridades señalaron que entre las víctimas había menores desde los 10 meses hasta los 13 años de edad. Algunos de los implicados serían familiares cercanos de los niños, entre ellos madres, tías y conocidas de las víctimas.Los menores fueron puestos bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.
Tras conocerse la captura, la administración municipal indicó que la mujer trabajaba como contratista de la Secretaría de Salud desde mayo de 2025 y que había sido vinculada nuevamente este año tras cumplir los requisitos legales exigidos para contratación pública.La Alcaldía aseguró que al momento de firmar el contrato no existían reportes negativos en antecedentes penales, fiscales o disciplinarios, ni alertas emitidas por organismos de control o la Policía.“Rechazamos este tipo de conductas y esperamos que, de comprobarse su responsabilidad, reciba todo el peso de la ley”, expresó la administración en un comunicado.
El municipio informó que ya adelanta los trámites jurídicos necesarios para terminar el contrato de prestación de servicios de la persona implicada.Además, la Alcaldía afirmó que no tiene relación con las actuaciones personales de la contratista y cuestionó versiones que, según señaló, buscan desinformar sobre el caso.
Las autoridades indicaron que la red no solo grababa y distribuía el material ilegal, sino que además ofrecía transmisiones en tiempo real mediante canales cifrados y plataformas clandestinas.De acuerdo con las pesquisas, la organización habría recibido pagos cercanos a los 63.000 dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos colombianos, por la comercialización del contenido ilícito.
Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
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