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La justicia en Colombia es tendencia y no precisamente por algún caso de delincuencia o investigación por corrupción sino por investigaciones de la Comisión de Disciplina Judicial contra la jueza Marienela Cabrera Mosquera por el contenido que ella sube a sus redes sociales. Un ciudadano puso una queja ante el ente y se envió a la Policía Nacional para que le incautaran el celular.
La jueza de 47 años habló en la emisora *Blu Radio* sobre la investigación en su contra y dijo que “quiero aclarar que yo no bailo en el juzgado. Yo no tengo videos en mi despacho judicial. Esos videos son en mi casa. Es el estudio de mi casa”.
Sobre el motivo de la investigación judicial en su contra, la jueza mencionó que la denuncia dice que “La juez Marianela en su cuenta social de TikTok, la cual es una cuenta personal de público conocimiento, realiza videos mostrando de manera sugestiva su cuerpo, lo cual atenta contra el decoro y la moralidad de la profesión, al punto de vanagloriarse en su cuenta que es juez y además realiza videos sexuales y se viste de manera inapropiada y no le pasa nada. Además de no ocupar la totalidad de su tiempo en desempeñar su labor”.
Según la jueza Cabrera, las denuncias en su contra fueron mediante “dos correos electrónicos que llegaron de distintos diferentes destinatarios con nombres de personas, pero si uno los busca esas personas en bases públicas no aparecen”.
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La jueza indicó que asistió a una audiencia sobre el proceso en su contra “en donde el magistrado Manuel Enrique Flórez interrogó casi por 3 horas a una testigo que solo había trabajado 5 días conmigo, preguntándole una cantidad de circunstancias por demás atinentes a mi vida personal. La regla general eran las preguntas repetitivas, impertinentes, capciosas, sugestivas. Preguntaba que si ella había venido a mi casa, que cuántas veces venía a mi casa, que qué hablaba conmigo cuando venía a mi casa. Preguntas igual que no tienen nada que ver con el cumplimiento de mi labor”.
Sobre el teléfono que le iban a incautar, la jueza mencionó que “el magistrado instructor decretó la inspección a mi teléfono y para esa inspección comisionó al ingeniero de sistemas, valga la redundancia, la comisión de disciplina. Él me hizo una llamada telefónica y también me envió un correo electrónico en donde me pide que le entregue mi celular para llevar a cabo la inspección decretada por el magistrado”.
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El teléfono no lo entregó la jueza: “Obviamente me negué a entregárselo porque pues para mí ese es un acto ilegal y un acto así sea judicial si es ilegal para mí no es vinculante. ¿Y por qué considero que es un acto ilegal? Porque es que el teléfono celular no es un simple objeto al que se le vaya a hacer inspección. El teléfono celular es la extensión de su intimidad. En mi teléfono celular yo tengo un universo de información atinente a mi intimidad, asuntos netamente personales e íntimos”.
Si el magistrado quería acceder al teléfono de la jueza, indicó ella, “él tenía que haber hecho un test de proporcionalidad que le habilite a invadir esa esfera tan íntima y no la hizo. No tiene ninguna motivación esa prueba. Simplemente la enlistó, la decretó y entonces yo no estoy obligada a entregar mi celular. Y entonces, como no pude no pudo acceder por vía al ingeniero de sistemas, le requirió al CTI y a la Sijín que hicieran ese acto. Estos dos funcionarios le respondieron indicándole que ellos no podían llevar a cabo ese acto porque eso traspasaba sus competencias legales y constitucionales y se negaron a llevarlo a cabo.”.
Finalmente, la jueza mencionó que el magistrado Manuel Enrique Flórez “se siente irrespetado con mis publicaciones y me compulsa copias y además me dice que estoy violando la reserva”.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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