Juez liberó a adultos mayores que habían sido judicializados por Fiscalía sin pruebas suficientes

Un grupo de adultos mayores terminó detenido luego de que recibieran dinero de sus hijos destinado a la compra de medicinas y alimentos. Según la Fiscalía, esos recursos provenían de supuestas actividades de extorsión. Padres e hijos fueron llevados ante un juzgado, pero al final salieron por caminos distintos, pues no todos fueron vinculados de la misma manera a la investigación.

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¿Por qué detuvieron a los adultos mayores?

Lo que inicialmente se presentó como un gran operativo el pasado 15 de diciembre, con la captura de 39 personas señaladas de pertenecer a una de las principales bandas de extorsión en Bogotá, terminó con un desenlace inesperado. 15 de los capturados recuperaron la libertad tras las audiencias de control de garantías.

Durante las diligencias, la juez encargada del caso advirtió inconsistencias significativas en la forma como varios de los procesados fueron vinculados a la estructura criminal. En su análisis, consideró que no existía un sustento jurídico claro en algunos expedientes, lo que debilitaba la acusación.

Entre los ejemplos más llamativos se encuentra el de una adulta mayor que compareció a la audiencia desde una unidad de cuidados intensivos, conectada a oxígeno mediante una cánula nasal. Su identidad fue protegida por razones de seguridad, ya que no se logró comprobar su relación con la organización ilegal. La mujer había sido judicializada únicamente por recibir dinero de un familiar para cubrir gastos básicos de mercado y medicinas. Ese dinero provenía de su hijo, quien presuntamente sí hacía parte de la estructura criminal, aunque ella desconocía el origen ilícito de los recursos.

La juez 17 de garantías de Bogotá señaló que en el caso de la adulta mayor “no se infiere la autoridad o participación de la ciudadana, pues no se evidencia la participación, la concertación para la comisión del punible previa o concomitante o que fuera un enlace permanente entre miembros de la organización del recibo constante de dinero en el rol imputado”.

Hijo de adulta mayor judicializada reconoció la procedencia del dinero

El mismo hombre señalado de integrar la organización reconoció mediante un manuscrito lo ocurrido y explicó que había enviado dinero a su madre sin que ella supiera de su procedencia. “Que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, Alba Patín, manifestando que era para el mercado gasto, sin saber ellas que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”, mencionó la juez al leer el documento.

Otro caso que generó preocupación fue el de María, también adulta mayor y propietaria de un taller de costura. Ella recibió dinero de su hijo sin conocer el origen de los recursos. La juez concluyó que “no evidencia una posible participación ni la concertación para la comisión de una conducta punible, ni previa, ni concomitante, ni posteriormente a la fase ejecutiva del ilícito. Con ello, no se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación. De igual manera, que visitó a su hijo durante lo corrido del 2022 en la cárcel Picota, última visita a junio del 2024, y que se llaman desde la misma línea de ella y de la que recibió la transferencia, pero con esa información no se establece que la ciudadana hubiera participado ni en la llamada extorsiva ni que esté relacionada en el evento”

Por orden de la juez, María también quedó en libertad. El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las afectadas, declaró en Noticias Caracol: “Se tiene que advertir que la fiscalía desde un primer momento realizó una inflación de la imputación tan esa sí que advirtió que eran 17,000 millones, pero que solo podía aprobar 345. Asimismo, no se tomó el trabajo de acudir ante el Ministerio de Defensa para determinar si esa banda existía o no existía. Igualmente, se tiene que señalar que tampoco tenía claro los roles de cada una de estas personas. Para el caso en concreto, mi cliente era una simple modista que se probó con elemento material probatorio que tiene más de 15 años de experiencia en su arte.”

La Fiscalía no apeló las decisiones de libertad y, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente. Algunas de las personas beneficiadas con la medida no descartan emprender acciones jurídicas contra el ente investigador.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL