Hijo confabuló un despiadado plan para apropiarse de la pensión de su madre

Un grupo de criminales fue condenado por la justicia por apropiarse ilícitamente de la pensión de una mujer mayor en Cartagena. El hijo de la víctima fue una de las piezas claves para despojarla de su dinero.

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Un juez de conocimiento condenó a 4 personas involucradas en la apropiación indebida de la pensión de una mujer de 67 años en la capital de Bolívar. Dentro de los condenados está Eulises Rivas Castillón, hijo de la víctima, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años de edad.

Según el ente investigador, Rivas Castrillón no administró de manera adecuada la pensión de su progenitora, la cual le había sido entregada a causa de la delicada situación de salud que afrontaba la mujer. "La falta de atención aceleró la enfermedad de la pensionada, quien falleció en febrero de 2021", destacó la Fiscalía.

Otro de los involucrados es Joaquín Fernando Herrera Barrios, quien "utilizó medios fraudulentos para demostrar la convivencia con la víctima por más de 18 años". Dichas acciones le permitieron cobrar una mesada pensional en calidad de sobreviviente durante más de un año para después entregársela al hijo, quien le reconocía un porcentaje del dinero reclamado.

Jesús Jaraba Píñeres y Anita Aguirre Gamboa fueron procesados por el delito de fraude procesal en calidad de coautores, puesto que mediante una declaración jurada aseguraron que Herrera Barrios y la mujer mayor habían sido pareja.

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Por estos hechos, Eulises Rivas Castillón obtuvo un preacuerdo en el cual se determinó que su sentencia serían 4 años y 6 meses de prisión domiciliaria y una multa de 13 millones de pesos.

Joaquín Fernando Herrera Barrio también logró un preacuerdo con el ente acusador y fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión en su residencia y una multa de igual monto.

Entretanto, Jaraba aceptó los cargos y Gamboa suscribió un preacuerdo, por lo que fueron sentenciados a 3 años y quedaron en libertad. Además, deben pagar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo.