Pese a las continuas advertencias de la Defensoría del Pueblo para prevenir una grave emergencia humanitaria, la situación no cambia.
La historia se repite una y otra vez desde el Bajo Atrato hasta Juradó, las comunidades indígenas emberá y wounaan siguen a la sombra de los grupos armados.
La disputa es por los corredores fluviales del Pacífico chocoano, que son los puntos de lanzamiento de cargamentos del narcotráfico. Un lugar donde los ilegales se mueven a su antojo, dice Modesto Serna, asesor de paz de la Gobernación del Chocó.
“Juradó limita con Panamá y un Estado que tenga sus fronteras desprotegidas como Colombia permite la ilegalidad”, señala Serna.
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Operaciones humanitarias han intentado llevar ayudas a estas poblaciones, pero no llegan a donde más se necesitan porque continúan los combates en la zona. Entre tanto, los indígenas no descartan desplazarse a otros resguardos.
Para la consejera de derechos humanos de la Organización Indígena de Colombia (Onic), Aída Quilcué, el tema de fondo es el narcotráfico y el despojo de tierras.
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“Si nosotros no revisamos esos problemas de manera estructural, vamos a seguir atacando cosas superficiales y finalmente la gente que vive en la región va se ser sacrificada y exterminada”, sostiene Quilcué.
Ante esta problemática, los indígenas piden al Estado colombiano otorgarles protección para garantizarles la vida.