Polémica se desató por una decisión del Gobierno nacional, según circula en redes sociales y se desprende de un comunicado, que permitiría que excombatientes y firmantes del acuerdo de paz y víctimas del conflicto armado con discapacidad por lesiones de guerra sean atendidos en diferentes entidades prestadores de salud, entre ellos, al parecer, el Hospital Militar de Bogotá.
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A través de un comunicado, el Ejecutivo informó que gracias al convenio 056 de 2024, se destinarán 40 mil millones para atender a esta población, con la articulación de recursos “administrativos, financieros y jurídicos de manera colaborativa”.
“Se espera atender a población firmante del acuerdo de paz con discapacidad por lesiones de guerra en frentes como: certificación de discapacidad, rehabilitación en los niveles de baja y media complejidad y protésica, procedimientos de alta complejidad, quirúrgicos y gastos conexos en salud para cerca de 1.280 personas firmantes de paz, que corresponden en promedio a un 70% de las 1.884 caracterizadas con discapacidad por lesiones de guerra”, precisó el Gobierno.
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Con la decisión, se busca superar las barreras de los firmantes de paz para acceder al sistema de salud, y, además, “atender de manera diferencial las lesiones derivadas del conflicto, sobre todo aquellas que por su ocurrencia en medio de la guerra no fueron tratadas de forma que pudiera mitigarse o reducir el daño”.
El Gobierno fue enfático en asegurar que este modelo no reemplaza al establecido por la red de salud pública. Estaría a cargo de IPS "con quienes se suscribirían futuros convenios, en función de sus servicios ofertados y las necesidades especiales de la población”.
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Militares retirados rechazan la decisión
El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de Las Fuerzas Militares se mostró en contra de la iniciativa, que, según recalca, se llevará a cabo en el Hospital Militar, ubicado en la ciudad de Bogotá.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo absoluto a la reciente decisión del Gobierno de permitir que personas que hicieron parte del grupo desmovilizado de las FARC sean recibidas y atendidas en el (centro médico)”, expresaron.
Recalcaron que estas personas “han cometido graves crímenes contra la sociedad colombiana, incluyendo asesinatos y secuestros”, aspectos que contravienen los principios de justicia y legalidad.
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Para concluir, puntualizaron que es inaceptable que esta población reciba atención en el hospital donde se atienden a quienes han protegido y defendido el bienestar de los colombianos.
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