La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, citó a varios funcionarios del Gobierno Nacional para que expliquen las medidas que se están adoptando con el fin de proteger a los excombatientes en el marco de la implementación del acuerdo de paz, firmado con las extintas FARC en noviembre de 2016.
La citación, dirigida a los ministros del Interior, de Hacienda y de Defensa, así como al comisionado Miguel Ceballos, el consejero Emilio Archila y al fiscal Francisco Barbosa, entre otros, se da en el marco de una audiencia pública que la JEP hará el próximo 25 de noviembre.
"La audiencia presencial se justifica, dadas las condiciones de gravedad y urgencia que afectan la seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP, por el riesgo que afrontan para su vida y por la necesidad de escuchar, sin ningún otro tipo de mediación, a las autoridades del SISEP, responsables de la garantía de los derechos fundamentales de la población destinataria de las medidas", señala la JEP.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, indicó que este llamado hace parte de la “colaboración armónica” entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Lo recibimos de buena manera, y el espíritu que anima la JEP es fortalecer aquellos espacios que garanticen el ejercicio de los derechos a la política y a la participación en política que tiene las FARC", afirmó.
Según la JEP, a la fecha, 230 exguerrilleros de las extintas FARC han sido asesinados, frente a lo cual el Gobierno señala que mantienen acciones para reducir la cifra a cero.
De otra parte, se conoció que la senadora del Centro Democrático Milla Romero, quien llegó en reemplazo del excongresista Álvaro Uribe Vélez, radicó un proyecto para acabar con la JEP. Según la parlamentaria, este tribunal no ha cumplido con las garantías de verdad, justicia y reparación.
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