Nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional fueron imputados por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) por 32 masacres perpetradas en los Montes de María, región ubicada en los departamentos de Bolívar y Sucre, y en el Canal del Dique. El mecanismo de justicia reveló detalles de las investigaciones y de que la imputación se da por crímenes de guerra y lesa humanidad.
"Por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María. Estas masacres se cometieron en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales", explicó la JEP sobre la imputación a los exuniformados.
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De acuerdo con un comunicado de la JEP, "la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08. La investigación, que priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001, estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las organizaciones insurgentes, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial".
Asimismo, la sala determinó que las masacres y las conductas criminales asociadas "hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil". La investigación sobre estos hechos estableció que "la población campesina fue señalada reiteradamente como colaboradora real o potencial de las extintas Farc-EP (...) La violencia no se limitó a los homicidios. La sala determinó que también se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas y desplazamientos forzados, entre otras conductas que destruyeron las condiciones materiales y comunitarias de existencia".
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Respecto a las violencias basadas en género, "la sala determinó que no fueron marginales ni accesorias. Las agresiones sexuales, reproductivas y sexualizadas fueron utilizadas para castigar, humillar, disciplinar y transmitir mensajes de terror y dominación sobre las víctimas, sus familias y las comunidades. Asimismo, se determinó la existencia de persecución por razón de género".
Las 32 masacres investigadas tiene en total 284 personas asesinadas. 169 de ellas en las cuatro masacres ilustrativas, y 115 en las 28 adicionales que fueron determinadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. "En 15 de las 32 masacres, la Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales, y violencias contra mujeres y niñas. En tres hechos ilustrativos (Capaca, El Salado y Chengue) fueron identificadas 73 víctimas de las distintas formas de violencia examinadas", indicó la entidad.
Por su parte, en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08 se acreditaron 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios —Montes de María y Canal del Dique— y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas eindeterminadas. "La sala atribuyó responsabilidad individual a nueve integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, luego de examinar sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos, capacidades de actuación y las acciones u omisiones concretas relacionadas con los hechos investigados", aseguró la JEP.
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La entidad por lo tanto, también reveló quiénes son los comparecientes de la Armada Nacional: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Y asimismo, los de la Policía Nacional: Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
MATEO MEDINA ESCOBAR
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