José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, salió a explicar su propuesta de crear un “grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata” contra las personas que invadan predios privados. Sus palabras levantaron varias críticas entre diferentes sectores.
Según Lafaurie, no se trataría de la creación de un grupo armado: “Creo que el mensaje de los ganaderos fue explícito: aquí estamos, somos solidarios, acompañamos a las autoridades para que se cumpla la ley. La Policía resolverá si, como en el caso Curumaní, no fue necesaria la llegada de las autoridades”.
Entretanto, el Gobierno nacional envió un contundente mensaje a las personas que están invadiendo predios privados para levantar viviendas.
“Con lo que tenemos, las tierras que pueden ser identificadas se pueden distribuir. Tenemos tierras, tenemos las tierras de los narcotraficantes y tierras por titular. No puede ser que un proyecto que ellos ( los indígenas) apoyaron, ahora estén en contra. Creo que ahí falta diálogo”, indicó Cecilia López, ministra de Agricultura.
Por ahora, el Ministerio de Defensa ha dicho que no se usará la fuerza para despejar los predios.
No obstante, existe la preocupación, pues existen más de 50 invasiones en diferentes departamentos como el Valle del Cauca, Cauca, Huila, Cesar y Córdoba. En todos los casos, la población exige una vivienda digna.
“Son varios municipios como Caloto, Miranda, Padilla, Santander de Quilichao, Cajibío, Silvia, Patía. Allí tenemos conflictos por la tierra”, resaltó Luis Cornelio Angulo, gobernador del Cauca.
Los líderes indígenas de ese departamento dicen que están abiertos al diálogo, pero se niegan a renunciar a lo que denominaron la “liberación de la madre tierra”.
Asimismo, en Neiva, 700 familias decidieron ocupar un terreno de 50 hectáreas y ya levantaron cambuches.
Lo mismo ocurre en Lorica, Córdoba: allí unos 1.300 ciudadanos se tomaron los terrenos del Instituto Técnico Agrícola. En ese predio, en el que ya se registró tala de árboles, los estudiantes realizaban prácticas.
En Valledupar, algunas familias invadieron 12 hectáreas de terreno que eran espacios comunes.
Según el Gobierno nacional, estas personas tienen un plazo máximo de 48 horas para desalojar por la vía del diálogo.
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