Juan Pablo Bieri deberá responder por presunto abuso de autoridad y violar la libertad de expresión

Juan Pablo Bieri deberá responder ante el Ministerio Público por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión cuando fue gerente de RTVC.Para la Procuraduría es válido el audio grabado por Diana Marcela Díaz Soto durante una reunión el 6 de diciembre de 2018, en la que también estuvieron presentes los asesores José Martín Pimiento Martínez y María Alejandra Cendales Rodríguez.Allí, indicó el ente de control, “Bieri Lozano habría ordenado no volver a emitir productos en los que participara Santiago Rivas, conductor del programa ‘Los puros criollos’, que a su vez debía salir del prime time y publicarse en un horario entre las 2 o 3 de la madrugada, para ‘desaparecer o matar la producción’ o que se tuviera una nueva producción en la que no estuviera el señor Rivas”.En contexto: “No nos encontramos ante una tertulia entre cuatro individuos particulares, o incluso funcionarios, dentro de su ámbito privado, sino por el contrario, ante una reunión adelantada dentro del ámbito estrictamente laboral entre cuatro servidores públicos en ejercicio de sus cargos y relacionada directa y específicamente con la gestión de un organismo público descentralizado como lo es RTVC, del cual los cuatro intervinientes en la reunión eran, al momento de los hechos, servidores bien como empleados públicos o como trabajadores oficiales, y concretamente de uno de los canales televisivos que hacen parte de la entidad, como lo es, Señal Colombia, el cual, dicho sea de paso, es parte integral del sistema público de medios, y por lo tanto, la grabación de audio de lo ocurrido en ella por parte de uno de sus participantes no vulnera el derecho a la intimidad de ninguno de quienes hicieron parte de la misma”, señaló el Ministerio Público.Por lo anterior, le imputó tres cargos a Bieri: extralimitación en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad y censura en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y opinión del comunicador Santiago Rivas Camargo.La Procuraduría ordenó trasladar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, así como las declaraciones rendidas por los asesores Pimiento Martínez y Cendales Rodríguez.Hace unas semanas se conoció que el ente judicial le imputaría cargos a Diana Marcela Díaz por divulgar información reservada.