A los 19 años de la creación del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que se va a fortalecer la persecución a los financiadores de paramilitares.>>> Le puede interesar: Proceso de Nicolás Petro será asignado por reparto en Dirección contra Lavado de ActivosTras anunciar que se fortalecerán los grupos de trabajo dentro de la Dirección de Justicia Transicional, se recalcó que esto se realizará con tres objetivos principales. El primero de ellos se establece en “judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres”.El segundo se centra en “implementar estrategias efectivas de persecución de bienes, con el apoyo de la inteligencia artificial para rastrear activos y cuentas que están en paraísos fiscales o en el exterior, o bienes inmuebles a nombre de testaferros”.Y el tercero buscará “diagnosticar y redefinir las funciones del Grupo de Búsqueda e Identificación de personas desaparecidas GRUBE para que actúe de forma articulada con el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, entre otras”.La fiscal Camargo también mencionó que la persecución a los financiadores de la violencia se hará a partir de 700 compulsas de copias de declaraciones de varios versionados en Justicia y Paz.Además, se ejecutará la persecución de bienes a paramilitares y de las FARC en paraísos fiscales.>>> Le recomendamos leer: Procuraduría investiga a dragoneante del INPEC por fuga de alias Matamba
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso salió de la cárcel este miércoles 10 de julio amparado por la justicia, que le otorgó la libertad condicional tras ser deportado en febrero de 2024 desde una prisión de Estados Unidos.Mancuso salió de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en una caravana de camionetas blindadas.Horas antes, la autoridad carcelaria informó que, luego de consultar a varios tribunales, no encontró motivos para detenerlo."El señor Salvatore Mancuso quedará en libertad", informó el coronel Rolando Ramírez, director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un video enviado a medios.Su defensa denunció días antes un plan para asesinarlo, con complicidad de guardianes del organismo penitenciario. "Por seguridad no es conveniente atender a los periodistas en La Picota", indicó su defensa a los medios en un mensaje de WhatsApp.¿Qué crímenes cometió Salvatore Mancuso?Mancuso, de 59 años, había sido deportado desde Estados Unidos a Bogotá en febrero de 2024.Desde entonces, su caso se transformó en un enredo judicial, pues tenía cuentas pendientes con la justicia ordinaria y con un tribunal especial al que se acogió cuando se desmovilizó en 2006, como parte de un proceso de paz con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).Sus abogados aseguraban que los 16 años que pasó tras las rejas en Estados Unidos por narcotráfico bastaban para cumplir el tiempo máximo de prisión estipulado en el acuerdo, que era de ocho.Durante el conflicto interno sus hombres asesinaron a cientos de guerrilleros o civiles sospechosos de simpatizar con la insurgencia y la izquierda.Aunque fue dejado en libertad condicional por un periodo de cuatro años, Salvatore Mancuso tiene prohibido, durante ese mismo lapso, ir a estas regiones, según publicó el medio El Espectador:CesarSucreBolívarLa GuajiraAtlánticoCórdobaMagdalenaNorte de SantanderMunicipios de Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, en AntioquiaSegún citó el mismo medio, la razón tiene que ver con “las garantías de no revictimización de aquellas personas que padecieron a las autodefensas que comandó, pues en todos esos departamentos sus grupos tuvieron injerencia criminal”.No obstante, Salvatore Mancuso podría ir a alguna de estas poblaciones si “envía un comunicado oficial a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que avaló su libertad”, señala el diario.Si debe viajar a esos sitios por su labor como gestor de paz, debe ser la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la que se contacte con el alto tribunal.
En el municipio de Pivijay, Magdalena, familias de 78 víctimas del paramilitarismo recibieron los registros de defunción de sus allegados. El propósito es que puedan completar el trámite de reparación ante la justicia. Las familias están contando las heridas que les ha dejado la violencia.“Dejó tres hijitos, que también están en la misma condición. Él tenía sus hijos. Se lo llevaron y nunca apareció, lo mataron”, afirmó Luila Esther Luna, víctima de los paramilitares.La señora Lucila Esther Luna cuenta cómo la violencia le arrebató a su hijo y dejó a su cargo tres nietos. Ella hace parte de las 78 familias reconocidas como víctimas del paramilitarismo en Pivijay, en el departamento de Magdalena, hace dos décadas. "Mi hijo tiene 22 años de perdido, yo metí papeles, y nunca hicieron nada, le apareció nada, desapareció en Los Montes de María”, añadió Lucila. "Las víctimas se han hecho presentes no para recibir un certificado de defunción, que fue lo ordenado por el tribunal porque no aparecen los cuerpos de sus parientes y muy probablemente fueron asesinados, sino para recibir un mensaje de esperanza y hacer un cierre en su corazón”, mencionó Carlos Pérez Alarcón, magistrado de Justicia y Paz.Pasan los años y el dolor sigue las familias de las víctimas, recuerdan los hechos aún con nostalgia, las lágrimas caen de sus rostros ante el recuerdo de un hermano, un padre o un esposo desaparecido por la guerrilla paramilitar.Elba Pertuz Ternera, otra de las víctimas, contó su historia. “En el acto de violencia perdí a mi compañero, Jairo Gómez Jiménez, el padre de mi hijo, en el cual hoy me siento en paz por esta audiencia donde han reconocido a nuestro familiar. Esto nos brinda la paz que necesitamos, que ya no queremos más víctimas”.El certificado de defunción ayuda al duelo de las familias que, por años, no han parado la búsqueda de sus allegados y que en ocasiones la fe puede más que la incertidumbre. El acto simbólico también dio esperanza a las víctimas piensan en un mejor futuro principalmente de Pivijay, una zona marcada por la violencia, que alberga aproximadamente a 30.000 personas. Con la entrega de estos certificados de defunción, el duelo para estas familias podrá ser más llevadero al completar un ciclo de dolor que se cierra con la despedida de sus seres queridos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió en la mañana de este miércoles, 26 de junio de 2024, al caso de la multinacional bananera Chiquita Brands y a la negociación del abogado Paul Wolf, que logró un acuerdo por 12,8 millones de dólares para reparar a los afectados en Urabá, aunque estos recibirían una cifra que no superaría los 1.350 dólares, cuando se trate de un caso no documentado en la Unidad de Víctimas.>>>Chiquita Brands sí financió a las AUC: corte de EE. UU. ordena indemnizar a víctimasA través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado de los colombianos dijo inicialmente lo siguiente: “La vida en Colombia no vale USD $1.300. Si adoran tanto el mercado, vale lo que vale una póliza de vida en los EE. UU. Si quieren el progresismo, la vida es invaluable, no es un bien de mercado”.“La indemnización de Chiquita Brands al pueblo colombiano es la propiedad de su empresa y las condiciones de vida para toda la población del Urabá. Su compromiso histórico a no matar nunca más trabajadores de Colombia”, agregó.Finalmente, el presidente de la República anotó que “los que ordenaron el asesinato masivo de miles de sindicalistas deben ir a la cárcel y ser tratados como delincuentes de lesa humanidad”.Este comentario del mandatario de los colombianos se produce dos semanas después de que un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontrara a Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).En ese sentido, la justicia estadounidense ordenó una compensación a las víctimas que supera los 38 millones de dólares.>>>Tras condena a Chiquita Brands en EE. UU., piden investigar a otras compañías en ColombiaVíctimas celebraron decisión contra Chiquita BrandsTras conocer la decisión de la justicia de Estados Unidos, las víctimas de la violencia de las AUC, grupo paramilitar responsable de terribles crímenes en Colombia, se pronunciaron a través de un comunicado y señalaron que se trató de un "resultado histórico".Tras la decisión del jurado de esa corte federal, los 38 millones de dólares deberán ser repartidos entre cada integrante de las familias nombradas en la demanda. Esto sería algo así como 2 millones de dólares por cada uno.Sin embargo, la compañía Chiquita Brands indicó que apelará la decisión.>>>Cronología del caso Chiquita Brands, la multinacional que financió a las AUC
El presidente Gustavo Petro le contestó a Álvaro Uribe, quien en las últimas horas cuestionó al jefe de Estado por la reacción que puso en sus redes a un artículo de la Fundación Pares sobre unas declaraciones que dio Salvatore Mancuso. “Era verdad”, escribió el mandatario.“Al Presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que como muchos de ellos están agradecidos con el Gobierno. Que el Presidente haga revisar las bitácoras de vuelo, el manejo correcto de pilotos que venían de gobiernos anteriores, todo administrado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia. O será que el Presidente se siente colega de bandidos con quienes se pone de acuerdo en las falsedades que les premia”, publicó Uribe en su cuenta de X.Ante este señalamiento, Petro le dijo al “señor expresidente Uribe, no puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre de El Aro y otras masacres. Le admito que, como todo debate parlamentario, tiene el beneficio de la duda y que lo que debe buscarse es la verdad judicial”.“A mí no me interesa la venganza. Creo, como se acordó, que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial. Ese tribunal debería ser la JEP, tal como el estado colombiano se comprometió mediante declaración unilateral de estado ante la humanidad”, le dijo el mandatario al exsenador del Centro Democrático.Petro sostuvo que “nunca conocí al señor Mancuso, pero debo afirmar que al menos tiene razón en su petición de cesar la colaboración con la guerra y comenzar la colaboración con la paz. Esa invitación es extensiva a toda la sociedad colombiana”.“Tenga la seguridad de que un proceso así nos llevaría, no a la venganza, sino a un gran proceso de perdón social que convocara a Colombia a una verdadera era de Paz. Usted y yo podemos colaborar en este proceso que cambiaría la historia del país para bien de nuestros hijos y nietos y los de toda la sociedad colombiana”, agregó el mandatario, haciéndole una invitación a Uribe.
Raquel Sena es una de las miles de víctimas de Chiquita Brands. La mujer celebra el fallo condenatorio que confirma a la bananera como responsable del financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los 90. Sin embargo, no hace parte del primer grupo de ocho personas que será reparado por dicha compañía.>>> Más sobre el caso: Humberto Agredo: El señor de la guerra que armó a las AUC y propició masacresSena perdió a su esposo, Fidel Hernández, en medio del conflicto y asegura que toda la comunidad sabía del accionar ilícito de la multinacional.La víctima se declara cansada ante tantas luchas, pero no pierde la esperanza de ser reparada, en algún momento, y poder dignificar su vida y la de su familia.“Dios quiera que a todos nos den algo, aunque la muerte de él nunca la voy a superar porque todo se perdió, la finca se perdió y todos los cultivos”, afirmó Raquel Sena.Lo mismo anhelan otras víctimas. “Los que estaban operando eran los paramilitares y por eso mataron a mi papá”, indicó Yamila Martínez, víctima del conflicto.Defensores de derechos humanos creen que en Colombia el caso debería ser igual de riguroso que en Estados Unidos, mientras que otros piensan que la reparación no hace justicia.“Los jueces norteamericanos ya dijeron la responsabilidad de Chiquita Brands, pero falta que la justicia colombiana condene a los empresarios y compañías que en Colombia también daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares”, dijo Gerardo Vera, abogado de la Fundación Forjando Futuro.Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Giraldo indicó que “se habla de indemnización a nueve personas. Eso es prácticamente nada en comparación de todas las familias y las personas que sufrieron la represión”.Según la comunidad de paz de San José se Apartadó, Chiquita Brands alcanzó a traer a Urabá barcos que venían por Nicaragua, cargados con unos 5.000 fusiles y millones de municiones para surtir a las AUC.Chiquita Brands apelará la decisiónDesde la determinación, la empresa tiene 30 días para notificar la apelación a la determinación del jurado que la encontró responsable de financiar al exgrupo paramilitar AUC y que le ordenó el pago de 38.300.000 de indemnización para los 17 familiares de ocho víctimas nombradas en la demanda.El abogado Rafael Peñalver explicó que Chiquita Brands “tiene 30 días para pedir que se celebre una vista para reconsiderar la sentencia al mismo nivel de la corte que emitió la sentencia”.Según especialistas, lo más probable es que la corte le imponga a la multinacional una fianza.Peñalver indicó que sería “una fianza para garantizar que la operación es de buena fe y que simplemente no se está apelando para no pagar”.Sin embargo, los analistas coinciden en que los más complicado es cobrar la sentencia, es decir, obtener el pago de la indemnización.“Muchas veces los casos se resuelven antes de la apelación, obviamente por menos dinero, porque las personas entienden que si hay una apelación puede tomar varios años”, dijo el abogado Rick Yabor.Chiquita Brands, por su parte, aseguró a través de un comunicado que “el resultado del juicio no disminuye nuestra confianza en la solidez de nuestra posición ni en las pruebas presentadas por la defensa”.Lo cierto es que, tras el veredicto, en el proceso judicial del caso ahora inicia una nueva fase.>>> Vea más: “La mayor esperanza es que las víctimas de Chiquita Brands sean compensadas”: defensa
Familiares de nueve víctimas de Chiquita Brands recibirían una indemnización millonaria luego de que un jurado en la Corte Federal de West Palm Beach determinara que la multinacional no solo era responsable de financiar a las AUC en Colombia, sino que además debía compensar económicamente a los afectados nombrados en la demanda.El juicio duró seis semanas y al segundo día de deliberaciones, el jurado dio su veredicto, celebrado por las víctimas.Jonathan C. Reiter, su abogado, dijo que “la oportunidad que se brindó en este caso a nuestros clientes de contar sus historias en un tribunal de Estados Unidos frente a jurados y de contar sus historias sin temor a represalias, sin temor a la corrupción, sin ningún temor en absoluto, valió la pena”.La indemnización es de 38.300.0000 dólares, esto es más de 150 mil 700 millones de pesos colombianos.“Claramente, este es un paso que espera que en última instancia resulte en la resolución completa del caso para todas las víctimas. Es muy difícil saber si eso sucederá o cuándo sucederá, pero por supuesto, esa es la mayor esperanza y deseo para todos nosotros que todas las víctimas sean compensadas”, dijo la defensa.Chiquita Brands, por su parte, indicó que “consideraremos todas nuestras opciones, pero esperaríamos apelar este veredicto”.Así mismo, a lo largo del juicio, los ejecutivos de la multinacional insistieron en que los pagos fueron efectuados bajo amenazas y para proteger a sus trabajadores.A través de un comunicado, la compañía también señaló que la situación en Colombia fue trágica para muchas personas, pero que eso no cambiaba el hecho de que, según ellos, no existe base legal para las afirmaciones que dieron como resultado el veredicto.La demanda colectiva contra Chiquita Brands fue interpuesta tras un caso penal de 2007 en el que la empresa se declaró culpable de financiar al grupo paramilitar. En ese entonces, la multinacional admitió pagos a las AUC que ascendieron a 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, inicialmente con cheques de donación a las asociaciones Convivir y después en efectivo, en la época en que el Gobierno de EE. UU. declaró a las Autodefensas Unidas de Colombia como organización terrorista.
Ante un tribunal de los Estados Unidos, la multinacional Chiquita Brands admitió haber entregado al menos 1,7 millones de dólares a las AUC. Se trató de pagos que se efectuaron entre 1997 y 2004, año en el que la compañía se fue de Colombia.>>> En contexto: ¿Quiénes son las víctimas que Chiquita Brands deberá indemnizar por pagos a las AUC?Fue solo hasta 2007 y después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando la multinacional se declaró culpable. Cabe recordar que las AUC habían sido catalogadas como un grupo terrorista por Estados Unidos en 2001.“Lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”, manifestó el Gobierno durante la audiencia de sentencia.En aquel momento, la condena incluyó una multa de 25 millones de dólares; no obstante, ese monto no fue destinado a reparar a las víctimas de la violencia de las autodefensas.Posteriormente, trascendió que entre septiembre de 2001 y enero de 2024 las operaciones de Chiquita Brands en Colombia generaron unos 50 millones de dólares en ganancias. Para el 2003 Banadex sería la operación más rentable de esa multinacional y prosperando en una de las regiones más conflictivas del país.Después de 2007 algunas víctimas interpusieron demandas contra Chiquita Brands en Estados Unidos y alegaron pagos que esa multinacional hizo a los paramilitares, mismos que asesinaron a sus familiares. Ellos reclamaron que se responsabilizara a la empresa de los daños causados.Las primeras demandas contra esa compañía se presentaron en 2007 y a partir de 2011 la multinacional intentó que se desestimara su caso, alegando que debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos, un argumento que se negó en 2016.En 2019 el Tribunal Federal de West Palm Beach, Florida, consideró que no existían evidencias suficientes para determinar que las AUC asesinaron. Esto ocurrió tras excluir de manera errónea documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia.En 2022 el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos revocó el fallo y determinó que había pruebas suficientes sobre la participación de paramilitares en asesinatos de los familiares de los demandantes, una situación que despejó el camino de las víctimas para llegar a juicio.Fue este lunes, 10 de junio de 2024, que un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Por lo anterior se ordenó una compensación a las víctimas que supera los 38 millones de dólares.>>> Vea, además: Chiquita Brands sí financió a las AUC: corte de EE. UU. ordena indemnizar a víctimas
Un jurado federal de Florida, EE. UU., determinó que la multinacional del banano Chiquita Brands International sí financió a las AUC en Colombia, que dejaron miles de muertos en ese país, y tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista.Tampoco logró la empresa demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.El fallo señala además que la ayuda de Chiquita Brands a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.Por todo ello, la multinacional fue condenada a pagar 38, 3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).¿Por qué se eligieron solo nueve víctimas?En 2017, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito seleccionó a un grupo de 9 víctimas entre más de 4.900, que son familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, líderes sociales regionales, defensores de los derechos humanos y habitantes del Urabá antioqueño, que afirman que sus seres queridos fueron asesinados por las AUC.Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa, "bajo presión".Los abogados de la multinacional habían señalado que su cliente no tuvo más opción que pagarle cerca de 2 millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita Brands.Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias, cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.Víctimas celebran fallo“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", señaló una de las personas que debe ser indemnizada por la compañía.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada al general en retiro Mauricio Santoyo Velasco. >>> Más sobre el caso: JEP acepta sometimiento del general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de UribeLa Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que sus aportes de verdad por sus nexos con el paramilitarismo cuando fue comandante del Gaula en Medellín, entre los años 1997 a 2001, presentados en audiencia el 21 de marzo de 2024, no son suficientes.La Sala también le ordena ampliar por escrito, de manera inmediata, sus aportes de verdad como parte del seguimiento y evaluación de su régimen de condicionalidad. En caso de incumplir podría ser expulsado de la JEP.Actualmente, el general en retiro Mauricio Santoyo permanece con el beneficio de privación de la libertad en unidad policial que le fue concedido por la JEP.En el año 2020, la Fiscalía General de la Nación le impuso a Santoyo medida de aseguramiento por haber recibido 1.700 millones de pesos, cuando estuvo vinculado con la Policía Nacional entre 1999 y 2009, por parte de grupos criminales.El ente investigador asegura que la organización delincuencial La Oficina y cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le pagaron a Santoyo “para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras” y también para que “los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública”.El exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, regresó al país en abril de 2019 tras cumplir una pena en Estados Unidos por narcotráfico.La JEP aceptó el sometimiento de Mauricio Santoyo en septiembre del 2021. El alto tribunal le concedió el beneficio de la privación de la libertad en unidad policial en relación con los procesos penales, por los que está siendo investigado, y le dio un plazo de 20 días para que complete su aporte a la verdad. Ya han pasado más de dos años y la jurisdicción no cree que su aporte haya sido suficiente hasta el momento.>>> Vea más: JEP pide eliminar antecedentes a 9.600 firmantes de paz de las extintas FARC
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue deportada de Venezuela este viernes, 26 de julio de 2024, cuando ya se encontraba en la ciudad de Caracas para las elecciones presidenciales del próximo domingo.>>> Vea más: Marta Lucía Ramírez fue bajada de un vuelo hacia Venezuela: "Retuvieron tres aviones"A través de sus redes sociales, la exmandataria de la capital de Colombia aseguró que fue deportada de manera arbitraria y bajo amenazas.“Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas, pero la campaña libertaria de Venezuela no la pueden deportar. ¡Adelante! A María Corina Machado, Edmundo González y a todos los venezolanos mi cariño, apoyo y solidaridad siempre”, dijo en su cuenta de X.Claudia López manifestó que “Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad y derrotar el régimen dictatorial de Maduro" y envió un mensaje a los ciudadanos de ese país."No se rindan, hermanos venezolanos. Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos”, indicó la exalcaldesa de Bogotá.El mensaje lo acompañó con un video en el que ella aparece a bordo de un avión junto con otros pasajeros y dice lo siguiente: "Esta país va a volver a ser libre, no se preocupen. Así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo".Cuando Claudia López dijo que Venezuela volverá a ser libre, los demás pasajeros respondieron "amén" y aplaudieron las palabras de la exmandataria de Bogotá.Angélica Lozano también fue deportada como Claudia LópezHoras antes de la deportación de Claudia López, su esposa, Angélica Lozano, también fue expulsada del país vecino.La senadora Lozano había sido invitada a Venezuela por María Corina Machado para observar las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.Por medio de una grabación desde sus redes sociales, Angélica Lozano denunció que les "quitaron los pasaportes durante hora y media"."No nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger el teléfono. Yo tenía el número del embajador y no me permitieron llamarlo", señaló.La senadora aseguró, además, que no les brindaron información y que los sacaron: "No compramos este pasaje. Si eso les hacen a personas que vienen por el fin de semana, lo que este pueblo ha padecido no tiene nombre. El domingo va a salir este régimen de miseria".¿A Marta Lucía Ramírez no la dejaron entrar a Venezuela?Angélica Lozano y Claudia López se suman a los personajes de la política colombiana que a las que les impidieron la entrada a Venezuela, pues la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunció desde sus redes sociales que la hicieron salir de un vuelo que desde Panamá partía hacia Caracas.“Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando, una vez más, la naturaleza de su régimen”, dijo.Y añadió: “A pesar de la tristeza de no poder cumplir con nuestro propósito de llegar hoy a Caracas, decidimos bajarnos de manera responsable para no afectar a la tripulación de tres vuelos, ni a la empresa aérea”.Finalmente, Marta Lucía Ramírez sostuvo que “esto muestra claramente que la dictadura solo quiere rodearse de sus amigotes para el 28 de julio"."Mientras que a nosotros, que somos amigos de la democracia que representa María Corina Machado y Edmundo González, no tenemos autorización para aterrizar en Caracas”, sentenció.>>> Le puede interesar: Angélica Lozano denuncia que fue deportada de Venezuela: "Nos quitaron el pasaporte"
La patrulla antinarcóticos de la Policía Nacional atacada en inmediaciones de la Universidad Nacional el pasado 25 de julio fue detenida por un funcionario de Transmilenio porque, según él, varios encapuchados lo iban a lastimar durante una manifestación que se adelantaba en esa zona de Bogotá.>>> Más sobre el caso: Empleado de Transmilenio atacado por encapuchados ve a policías como “ángeles guardianes”Aseguran que, cuando los uniformados de la Policía intentaron ayudar al funcionario, fueron atacados con explosivos por los encapuchados.En su reacción, uno de los policías disparó su arma de fuego, dejando a una persona herida, según la vicerrectora de la Universidad Nacional en Bogotá, Carolina Jiménez. “Rechazamos todas las expresiones de violencia y, en ese orden, están los dos escenarios. Lo que pasa es que aquí hay una situación muy clara y es que es una fuerza institucional del Estado que se debe regir por unos protocolos y que con su acción puso en riesgo a todos los integrantes de la comunidad”, indicó la vicerrectora.Algunos representantes estudiantiles coinciden con la afirmación de Carolina Jiménez.¿Qué dicen los estudiantes de la Universidad Nacional tras ataques a policías?Felipe Campos, representante estudiantil de la Universidad Nacional, sostuvo que “esas personas que van en la patrulla no son personas indicadas y entrenadas para reaccionar ante estos acontecimientos. Para eso estaba aquí a unas cuadras las Unidades de Reacción Inmediata”.Por su parte, el representante estudiantil David Sánchez dijo que “la Policía actuó de manera desmedida, se saltó todos los protocolos de atención a los manifestantes que la Alcaldía, como a nivel nacional, se tienen reglamentados ante distintas resoluciones”.Sin embargo, algunos expertos opinan lo contrario ante el ataque con explosivos contra la patrulla de Policía en inmediaciones de la Universidad Nacional.Andrés Nieto, director del observatorio de la Universidad Central, indicó que “el protocolo es para la protesta pacífica, no para el ataque a la fuerza pública y mucho menos de un ataque donde hay elementos explosivos. No podemos seguir diciendo que todo es protesta social. Hay que definir qué es protesta social, que es diferente a acto de vandalismo”.Por su parte, David Saavedra, concejal de Bogotá, declaró que “la manifestación pública debe ser abordada con un protocolo de seguridad por parte de las entidades del Distrito. Eso no es una manifestación, eso fue un atentado a la ciudadanía con explosivos”.Las autoridades serán quienes determinen qué ocurrió en este lugar y si los uniformados de la Policía Nacional actuaron o no de manera correcta.>>> Le puede interesar: Alcalde Galán dice que policías que dispararon a encapuchados actuaron en legítima defensa
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, registró este viernes, 26 de julio de 2024, menos del 1% de incidencias en la instalación de las mesas de votación para los comicios presidenciales del próximo domingo, por lo que pidió a los ciudadanos no alarmarse porque -dijo- la voluntad del pueblo se podrá expresar en las elecciones.>>> También puede leer: Régimen de Venezuela cerró los pasos fronterizos: este es el panorama en Cúcuta"Hubo menos del 1% de incidencias en estas mesas. ¿Esto qué implica? Reitero, que no ocurrió nada más porque nuestros testigos estaban ahí y porque saben defender sus derechos, que son los derechos políticos de todos los venezolanos y es lo mismo que van a hacer el domingo", dijo la opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.Ante este registro, la exdiputada pidió a la población no alarmarse y "votar masivamente" el domingo, porque la "voluntad del pueblo" será expresada en las urnas.Solórzano dijo que, si bien no justifican estos eventos, insistió en que el porcentaje es "bastante bajo", gracias a la labor de los testigos de votación acreditados."El tipo de incidencia fue el mismo, pero para que podamos hablar de patrón tiene que haber un porcentaje muy elevado de incidencias para poder decir que fue un patrón que afectó de manera importante el número de mesas instaladas", sostuvo.Instalación de mesas de votación en VenezuelaEste viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha instalado las mesas de votación que serán usadas en los comicios presidenciales, mientras circularon en las redes sociales denuncias de testigos y operadores acreditados que -aseguraron- fueron impedidos de participar en el acto de configuración de las máquinas.La presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Aime Nogal, indicó en X que cerca de las 12:00 hora local se había registrado la instalación del 90,25% de las 30.026 mesas electorales de todo el país.La rectora no hizo comentarios sobre las denuncias que circularon en redes sociales, algunas con videos y fotografías, que muestran centros de votación custodiados por militares -como corresponde según la ley-, que no permitieron el ingreso de testigos, una red de voluntarios acreditados ante el CNE y que representan a los partidos políticos en el proceso.Según se puede ver en los videos, estos vetos son contra personas que aseguran ser representantes de la PUD, que antes ya había denunciado "trabas" del CNE para acreditar a sus testigos, algo que fue subsanado luego.>>> También puede leer: Angélica Lozano denuncia que fue deportada de Venezuela: "Nos quitaron el pasaporte"
Un recorrido llevado a cabo por la Personería de Cali evidenció que se estarían haciendo sacrificios de caballos en el río Cauca. Se hallaron restos entre las comunas 6 y 7, cerca del barrio Petecuy, nororiente de la capital del Valle del Cauca.>>> Vea más: Caballo murió mientras era utilizado como transporte, en Caquetá: doloroso video"En medio de la contaminación del río, encontramos dos sitios con osamenta equina. De mi parte, como personero de Cali, me generó escozor al ver el sacrificio de tanto animal", aseguró Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali.El sacrificio de caballos "es inaceptable"Añadió que esta situación "es inaceptable desde cualquier punto de vista, porque atenta contra la salubridad pública y exige inmediata intervención por parte de las autoridades judiciales, policivas y ambientales”.“Es importante que las autoridades realicen una inspección a estos lugares para verificar este hecho a fin de encontrar los autores que hay detrás del repudiable acto que compromete la vida y la integridad física de los animales”, subrayó.Otra denuncia de la Personería de CaliPor otra parte, la Personería de Cali denunció el incremento de escombreras sobre la franja protectora del río Cauca y descargas de aguas residuales industriales que afectaron las condiciones fisicoquímicas del hilo hídrico.Esta situación hace que se tiña el cauce a la altura de la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo y que se presente espuma en inmediaciones a la estación de bombeo Paso del Comercio.>>> Le puede interesar: La conmovedora reacción de un caballo maltratado al llegar a un refugio
Se revelaron nuevos detalles de lo que fue la celebración nupcial de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes, pese a tener una ceremonia privada, festejaron por todo lo alto su boda. >>> Le recomendamos: Ángela Aguilar habría comprado su vestido de novia en página china: ¿cuánto le costó?Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido Lylo Fa compartió imágenes mostrando los detalles de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar. En estas se le ve a ella junto a su esposo, el deportista Rommel Pacheco, acompañando a los recién casados.En las imágenes se ve a Nodal con un sombrero blanco y disfrutando de un trago con sus amigos. Ángela no se quedó atrás y se mostró sonriente con un nuevo vestido, tipo lencero antiguo, zapatos negros y con el pelo alborotado.>>> Puede interesarle: Las teorías que envuelven al matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿fue falsa?Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaronDespués de un par de meses de hacer público su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron dar el siguiente paso en su relación y casarse.Las primeras fotos de recién casados que publicaron en redes los muestran riendo y dándose un beso, acompañado del mensaje "24.7.24", lo cual confirmaría la fecha de su boda."¡En estas fotos ahora sí se te nota tu felicidad! Dios bendiga su matrimonio y más que nada disfruten de su amor" y "Qué bellos se ven, hacen una bonita pareja" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.