El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación de operativos de deportación inmediata contra ciudadanos extranjeros cuya situación migratoria es irregular ha encendido las alarmas. Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostiene que el objetivo principal es desmantelar las redes de trata de personas y evitar que el país sea un corredor de grupos ilegales y narcotraficantes, expertos advierten sobre las profundas implicaciones logísticas, humanitarias y de seguridad que conllevaría aplicar una política de contención y persecución. El tema saltó a los titulares luego de que el presidente Abelardo de la Espriella le ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos, quienes, según anunció, serán deportados.
Uno de los primeros puntos de fricción radica en el lenguaje institucional y su trasfondo jurídico. En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, califica como "lamentable" que el presidente "utilice el término de ilegales porque él hace alusión a ilegalidad muy parecido a la lógica norteamericana". Rodríguez fue enfático en que "en Colombia eso no existe" y que, bajo el marco normativo colombiano, la movilidad humana irregular no constituye un delito.
Las cifras de Migración Colombia revelan una realidad cuantitativa que desafía cualquier intento de deportación masiva. Actualmente, se registran 527.525 ciudadanos en condición de irregularidad, a los que se suman 320.369 personas en proceso de regularización, lo que consolida un total de 847.894 personas vulnerables. Para el investigador, trasladar un grupo de esta magnitud hacia las fronteras representaría un costo fiscal y operativo prohibitivo para el Estado. Históricamente, explicó, "Colombia nunca se ha decantado por la dinámica de contención, incluso de persecución de migrantes, sino por el contrario su dinámica ha sido la de buscar la plena identificación, la regularización y la integración".
El análisis de la población en situación irregular, además, revela la presencia de 193.213 niños, niñas y adolescentes en ese estatus. Al no estar regularizados, se deduce que la gran mayoría de estos menores se encuentra fuera del sistema educativo, lo que incrementa exponencialmente su vulnerabilidad frente a flagelos como el reclutamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales. Frente a esto, Rodríguez argumenta que desde el enfoque gubernamental "en lugar de estar hablando de persecuciones de eventuales expulsiones, debería estar construyendo política pública para que esos niños puedan ser regularizados".
El cierre del Estatuto Temporal de Protección (ETPV) en noviembre de 2023 dejó la vía ordinaria de visas como el único camino de regularización, una alternativa inaccesible económicamente y plagada de trabas burocráticas para una población sumida en la precariedad.
¿Regularizar o criminalizar?
De la Espriella afirmó: "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos". Y explicó que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados". El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, que además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.
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De hecho, De la Espriella ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión.
La justificación de combatir el crimen mediante la expulsión exprés es cuestionada por analistas bajo la premisa de que la invisibilidad del migrante en situación irregular favorece a las bandas delincuenciales. Organizaciones criminales, tanto de origen colombiano como venezolano, instrumentalizan a esa población irregular precisamente porque su falta de registro dificulta la judicialización y la acción de la justicia. Por esta razón, la experiencia histórica demuestra que la seguridad se construye desde la formalización. El Estatuto Temporal de Protección implementado en 2021 permitió que 1.968.180 ciudadanos venezolanos se regularizaran voluntariamente gracias a la confianza institucional. Rodríguez enfatizó: "Si lo que queremos es enfrentar la criminalidad, el mejor camino y el que mejor nos ha funcionado a los colombianos sin lugar a duda es la regularización; la plena identificación de los venezolanos es fundamental para que las organizaciones criminales no los puedan instrumentalizar".
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Para el investigador, la insistencia en discursos de persecución y desregularización amenaza con desmantelar los avances de una política de Estado que, a través de la identificación y la integración, ya demostró ser el instrumento de control y seguridad más efectivo de la historia reciente del país. "La construcción de la integración migratoria es el mejor camino para atender, no porque lo hagamos de buenos, sino porque es la medida más pragmática que puede tomar el Estado colombiano".
Cabe mencionar que este martes, también en entrevista con Noticias Caracol, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, precisó que “el presidente no se refiere a muchos de estos hermanos venezolanos que incluso algunos ya han optado por regresar (a su país), los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente”. Lara insistió en que esta población no debe temer las medidas de expulsión, pues cuentan con un marco de derechos que les permite acceder a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier ciudadano local.
De hecho, el ministro respondió a versiones que señalan que el Gobierno de De la Espriella, con esta estrategia, estaría creando una suerte de un ICE -la autoridad migratoria estadounidense- en Colombia. Lara descartó de tajo esta versión: “Que yo tenga conocimiento no, no he oído que que eso sea un propósito”.
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