Las autoridades en Casanare investigan, en medio de la preocupación generalizada, las amenazas proferidas por supuestos integrantes de las disidencias de las Farc contra todos los alcaldes de los 19 municipios que componen el departamento. En un video, los supuestos integrantes del denominado “Frente 28 José María Córdova” aparecieron con uniforme camuflado, pañoletas negras cubriendo sus cabezas y empuñando armas de fuego, mientras que uno de los supuestos disidentes leía la advertencia en un dispositivo electrónico.
Las declaraciones de los supuestos disidentes amenazan a los mandatarios municipales de Casanare y los llaman “a negociar” y formar un acuerdo para coadministrar, en un ultimátum que hoy es investigado para determinar su veracidad. Las autoridades departamentales convocaron un consejo de seguridad ante el mensaje hostil, con el fin de definir su autenticidad y determinar la hoja de ruta a seguir.
No obstante, las autoridades casanareñas sostienen que en el departamento no hay una presencia confirmada de estos actores armados ilegales, de acuerdo con la información de inteligencia policial y militar. Pero también hay que recordar que Casanare limita con Arauca, Meta y Vichada, territorios donde predomina la presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco (Estado Mayor Central), el ELN y la Segunda Marquetalia. (Le pude interesar: En video quedó registrado el secuestro de una joven en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca)
Hay que apuntar también que el pasado 23 de octubre se registró un atentado con un carrobomba al peaje San Pedro de Casanare, que sería una posible retaliación del Eln (según la principal hipótesis. Aunque ningún ser humano perdió la vida, más de 100 aves murieron, según el alcalde de Villanueva. A esto se le suma que el reconocido político y comerciante 'Jhon Calzones' fue asesinado en zona rural de Yopal el pasado 30 de septiembre. Ambos hechos se suman a un contexto de inseguridad que viene viviendo el departamento de la Orinoquía en distintos puntos.
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La Defensoría del Pueblo también había advertido, por medio de una Alerta Temprana de 2024, sobre la presencia del Frente 28, que ponía en peligro —para ese entonces— a diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, en zona rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo (Casanare). Y es que, según las autoridades, el Frente 28 hace parte del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc. (Lea también: Hermano de Miguel Castellanos permanece en UCI mientras familia afronta la pérdida del exsecretario)
“Es tan delicada la situación, que integrantes del disidente Frente 28 obligan a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones. De no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades son sometidos a la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, con tal de tener el control absoluto. Ante el escenario de vulneración de los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad, además de otros, de las comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo requiere la intervención urgente de la institucionalidad estatal, a partir de un trabajo articulado y diferencial, teniendo en cuenta la tradición cultural nómada”, declaró la Defensoría.
María Paula Rodríguez Rozo
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