La influencer Baby Demoni, cuyo nombre de pila era María Alejandra Parada Skin, murió en extrañas circunstancias el 15 de octubre de 2025. Para ese momento, en redes sociales acumulaba cerca de 1 millón de seguidores. Mientras sus familiares sostienen que la joven fue asesinada por su pareja, Miguel Ángel López, conocido como Samor One, quien también es un influenciador y cantante de rap, él asegura que su novia se suicidó tras una fuerte discusión. Séptimo Día conoció pormenores de esta investigación.Antes de ganar reconocimiento en las redes sociales, María Alejandra trabajaba en una peluquería canina y cuidaba de su hija. En esas labores, conoció a Miguel Ángel López, quien entonces tenía 24 años y se dedicaba a cantar rap y a crear contenido digital bajo el seudónimo de Samor One. Pronto iniciaron una relación y se fueron a vivir los tres, aunque la familia de la joven cuenta que tenían disgustos constantemente. “A mí nunca me gusto, él siempre fue muy tosco con ella”, reveló Laura Parada, hermana de Baby Demoni, en Séptimo Día.En su trabajo canino, María Alejandra empezó a tener dificultades y lo fue dejando, pero no tardó en reubicarse y en descubrir un nuevo rumbo para su vida: las redes sociales bajo el nombre Baby Demoni. Rápidamente empezó a incrementar seguidores, a tener reconocimiento en la red y a cultivar amigos por medio de la virtualidad, entre ellos, Robin Parra, apodado Fresa, y las hermanas Juliana, Claudia y Yina Calderón.Tras el nacimiento de su hija y, según su mamá, por las constantes ofensas de su pareja, quien le hacía comentarios sobre su cuerpo, Baby Demoni decidió someterse a una cirugía plástica, en la que la apoyaron las hermanas Calderón. La operación fue exitosa, “yo estuve cuando se despertó, le quitaron la sonda y demás, y yo le dije ‘quedaste hermosa, María Alejandra, de verdad quedaste super hermosa’”, cuenta una de las influencer.Un trágico hecho tras la cirugíaSin embargo, cinco días después de la cirugía ocurrió un hecho trágico: la joven llegó a la UCI por un supuesto intento de suicidio, aunque desde el primer momento su familia señaló que se trató de un feminicidio.“Ella ya estaba operada, estaba muy bien anímicamente. Hay videos también en las redes sociales donde ella compartió con otros creadores de contenido en lives y se ve muy bien anímicamente”, asegura Fresa.Antes de su muerte, la tarde del 14 de octubre, ocurrieron algunos sucesos que fueron grabados por su pareja, Miguel Ángel. Los audios registrados dan cuenta de una fuerte discusión en la que el joven le reclama a Baby Demoni por un supuesto amorío con Fresa y rompen varias cosas, incluyendo un televisor. Horas más tarde, ella fue llevada a una clínica porque supuestamente se ahorcó con una sábana.“Cuando ya entré, que nos dijeron a todos que entráramos porque mi hija ya había entrado en paro, que la podíamos ver, entonces ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían exactamente”, comentó su papá Manuel Ariza. Un día después, Baby Demoni murió.¿Suicido o feminicidio?Desde ese momento, la familia aseguró que no se trataba de un suicidio sino de un feminicidio. “Él le tenía mucha envidia a ella, porque él la manipuló cierto tiempo y ella dijo ya quiero estar sola, ya no quería estar con una persona que no tiene proyectos, no tiene metas, que siempre vivió como un parásito ahí recostado a ella”, aseguró la mamá de Baby Demoni, agregando que ella no tenía razones para suicidarse.Francisco Bernate, abogado de la familia de Baby Demoni, señaló que “hay varios hechos indicadores que nos dan cuenta de un móvil para causar esta muerte. Una relación absolutamente tóxica, unos celos desenfrenados”, y el feminicida sería Samor One. Entre otras, la defensa alega que, debido a la reciente cirugía, la joven no tenía las fuerzas “para estrangularse”.Secretos del celular de Baby DemoniEl director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, le sigue la pista a este caso. En Séptimo Día reveló los secretos que encontraron en el celular de Baby Demoni: “En su teléfono se encuentra todo lo que son las conversaciones, las imágenes fotográficas, los videos de toda la historia de la señora María Alejandra, pero lo más importante es de los días previos y del día de los hechos”. Hay una foto live que captura sonido y unos segundos antes y después de la fotografía, esta fue tomada a las 2:40 del 14 de octubre, minutos antes de los hechos que llevaron a la muerte de la joven. “Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, señaló el investigador en Séptimo Día.También hay otra fotografía en la que, según el experto, se le ve a Baby Demoni con algunas lesiones en las manos y uñas. Además, en el cadáver de la joven se aprecia un surco de presión extraño en el cuello que, dice, no correspondería al elemento con el que supuestamente se asfixió, que fue una sábana.Séptimo Día también conoció un video que no había sido revelado. En él Baby Demoni está llorando y diciendo “yo ya no puedo más, ya no puedo más con esta vida, ñero, perdónenme todos sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Ya no quiero”. Samor One y su defensa aseguran que esas imágenes demostrarían que fue un suicidio, pero el abogado Bernate dijo: “lo que yo veo es que ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”.¿Qué dice Samor One?En diálogo con Séptimo Día, el joven aseguró que, debido a amenazas, se encuentra viviendo en Madrid, España. Dijo que grabó la discusión que tuvieron el día de los hechos “para salvaguardar mi carrera musical, porque yo sabía que tal vez por el poder que ella tenía en las redes sociales podría salir a decir cualquier cosa y yo tenía mi prueba con que decir, ‘no, venga, esto que está diciendo es mentira’”.Según él, tras la pelea salió del apartamento y fue al estudio de grabación para encontrarse con su productor musical, pero estando allí le llegó un mensaje de Alejandra que decía: “yo nunca le hice nada, perdón por todo por favor cuide a mi hija”. Aunque dice que Baby Demoni había tenido actuaciones suicidas previamente, la mamá de la influenciadora asegura que no es cierto.Samor One señaló que al regresar al apartamento la encontró colgada en el tubo del baño con una sábana gris, por lo que la bajó y decidió llevarla al centro médico más cercano.“Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Lo puedo decir aquí en frente de las cámaras, enfrente de todas las personas que estén viendo este programa. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Han pasado 6 meses, ya fui al interrogatorio”, enfatizó.Por su parte, la Fiscalía se negó a pronunciarse en Séptimo Día sobre el caso argumentando que la investigación sigue abierta.
John Jairo y su hermano fueron entregados por su madre biológica a una mujer que terminó criándolos, educándolos y queriéndolos como si fueran suyos. Sin embargo, cuando ella murió nada de lo que tenían lo podían heredar, según la justicia, porque no compartían la misma sangre. En Los Informantes, conozca la historia del primer fallo que reconoce los derechos de lo que se llama en Colombia un hijo de crianza.John Jairo Marín Martínez, de 45 años, cuenta que su madre biológica decidió entregarlos a doña María Riquilda Plazas Montañés al ver “su situación tan difícil, de falta de dinero, falta de protección, porque tras la muerte de mi padre ella queda desprotegida completamente”. Entonces, María les dio estudio, cariño, protección y cuidado durante 37 años, los tres formaron una familia.Ella no tenía hijos y tampoco se había casado, pero vivieron durante años en Boyacá, donde tenía una finca con ovejas, ganado, matas sembradas y una tierra polvorosa, árida, de donde brotaba arena. Mamá María, como la llamaban, murió hace 5 años cuando la pandemia sacudió al planeta, dejando un vacío en sus hijos de crianza, pero también una batalla legal por la herencia.“Uno puede alegar hijos de crianza. Le dan un término de 5 años para poder demostrar que hay un vínculo de familia, que hay cariño, que hay protección, que hay cuidados. En mi caso fueron 37 años de convivencia con mi mamá, era más que suficiente”, cuenta John Jairo, al revelar en detalle todos los testimonios, fotos y hasta certificados de colegio que tuvo que recopilar para que un juez fallara a su favor. En primera y segunda instancia no le dieron la razón.Desafortunadamente, mientras esperaban decisiones de la justicia y aún lloraban a su mamá de crianza, su hermano murió en un accidente de tránsito y John Jairo Marín tuvo que enfrentar el doble duelo, pero la espera al fin cobró frutos. Cinco años después, al fin le notificaron que la Corte Suprema de Justicia falló a su favor.“Para mí se hizo justicia. Fue una convivencia, lo que realmente es una familia de verdad, donde hay amor, donde hay cariño, cuidado, respeto”, revela aliviado.Un fallo sin precedentes El magistrado Fernando Jiménez Valderrama fue el encargado de sentar jurisprudencia en este caso. “Nosotros tenemos una riqueza natural, pero también humana muy importante en el país y una gran diversidad de formas sociales. Un poco la ley intenta ajustarse, digamos, a esa dinámica de nuevas formas familiares”, subrayó.Y es que el fallo que reconoció a John Jairo, un hombre campesino y minero, sus derechos es contundente: “A pesar de que sobrevive la madre biológica, el demandante tiene derecho a ser declarado hijo de crianza de María Riquilda Plaza, puesto que ella lo acogió y protegió desde niño”. Entre tanto, la madre biológica de John Jairo vive muy cerca, también Boyacá, y se ven de vez en cuando.
En la comunidad de cuidado El Bosque, ubicada en Bogotá, los días de Héctor Catamuscay Ramírez transcurren entre el agradecimiento por tener un techo y el dolor profundo de un teléfono que no suena. A sus 82 años, este hombre es parte de una estadística alarmante en la capital colombiana, donde se estima que 22.000 adultos mayores viven en condiciones de abandono. Séptimo Día conoció su caso. Sin embargo, para Héctor, la cifra no es lo que duele, sino la reacción de su propia familia ante sus intentos de comunicarse con ellos.Según el adulto mayor, sus tres hijos han decidido borrarlo de sus vidas. Según relata, el rechazo ocurre en el instante en que su identificación aparece en las pantallas de los celulares. "Yo los llamo, no me contesto. ¿Ven que es el número mío? Apagar", afirma Héctor con una resignación que evidencia años de intentos fallidos por restablecer un vínculo que hoy parece inexistente.De sostener a su familia a estar desamparadoLa historia de Héctor no siempre fue de carencias. Según su propio testimonio, hubo una época de estabilidad donde el trabajo y la familia eran su eje central. Recuerda con especial afecto a la madre de sus hijos, a quien conoció cuando él tenía 31 años y ella era una joven campesina.Durante ese tiempo, Héctor asegura haber cumplido con su rol. "Yo lo trataba muy bien y cuando hacía un buen trabajo, un contrato bueno, les compraba ropita, me gustaba verlos bien vestiditos y todo. Los llevaba fútbol, los llevaba al radio y todo lo que me pedían", relata Héctor al recordar los años en los que sus hijos eran pequeños.Incluso, menciona que cuando crecieron, utilizó sus conexiones laborales para asegurarles un futuro: "Les conseguía trabajito, me dijeron, tráigalo, son menores, entre 14 y 15 años. Y después fueron ascendiendo como ayudantes en los camiones".Sin embargo, el fallecimiento de su esposa marcó el inicio de un declive emocional y financiero. "Casi me vuelvo loco. Vendí el taller y estaban pequeños. Entonces ahí fue cuando empezó lo duro para mí, pero salí adelante", explica sobre el momento en que la estructura familiar comenzó a quebrarse.Tras la partida de su compañera y el matrimonio de sus hijos, el apoyo desapareció: "Ya se casaron, entonces ya no me volvieron a ayudar, hasta que llegó el abandono total".Ese vacío lo llevó a vivir dos años en la indigencia, deambulando por las calles de Bogotá sin rumbo fijo. Héctor describe la crudeza de esas noches a la intemperie antes de ser rescatado por los servicios sociales del Distrito: "Cuando ya el cansancio de caminar tanto donde me sentaba ahí quedaba conseguía unos cartoncitos y me arropaba".Contradicción de las versiones: ¿Un "buen padre"?Como en muchos casos de abandono en Colombia, la historia de Héctor Catamuscay tiene otra cara. Aunque él se describe como un padre ejemplar que lo dio todo por sus hijos, el testimonio de uno de ellos ofrece una perspectiva diferente sobre las razones del alejamiento. Aunque prefirió no hablar ante las cámaras de manera oficial, el hijo cuestionó la conducta de su padre durante su juventud, señalando que Héctor "tomara alcohol con frecuencia y no se preocupara por el futuro de sus hermanos y el suyo".Sus hijos argumentan que en el pasado ya intentaron auxiliarlo pagando un lugar para que viviera, pero que él optó por otros caminos. Independientemente de quién tenga la razón sobre el pasado, Héctor hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad, dependiendo del Estado.Un ruego por afecto antes que por dineroA diferencia de otros adultos mayores que claman por recursos económicos, la petición de Héctor Catamuscay es estrictamente emocional. A pesar de residir en un hogar donde recibe alimentación y atención interdisciplinaria, el vacío que siente es de compañía. El Estado colombiano, a través del sistema distrital, invierte aproximadamente $7 millones mensuales en la atención de cada adulto mayor en estas condiciones.Gerson Bermont, secretario de salud de Bogotá, enfatizó que la ayuda estatal no debería eximir a la familia de sus responsabilidades: "Si necesitan ayuda, estamos dispuestos a dárselo, pero sin romper el vínculo familiar, porque la corresponsabilidad sigue siendo conjunta".El marco legal: El abandono como delitoEn Colombia se contemplan consecuencias graves. La Ley 1850 de 2017 establece que el abandono de una persona mayor es una forma de violencia intrafamiliar y un delito penal. Las sanciones para quienes incurran en este desamparo pueden incluir penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 8 años, además de multas económicas significativas.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La historia de José Benjamín Sánchez y María Felisa Mosquera, ambos de 82 años, representa uno de los matices más crueles del desamparo en la vejez: el abuso económico por parte de parientes cercanos. Tras compartir casi medio siglo de vida, esta pareja regresó a Colombia buscando tranquilidad, pero terminó enfrentando la indigencia. Séptimo Día los conoció.Su unión comenzó en 1980, cuando se conocieron y decidieron, según palabras de María Felisa, unirse "para siempre". Durante décadas, la pareja se estableció en Venezuela, donde construyeron un patrimonio fruto de su trabajo. Él se desempeñó como conductor y ella como costurera, logrando adquirir una vivienda y vehículos. Sin embargo, en 2019, la combinación de una crisis económica profunda y el deterioro en la salud de ambos, ella sufrió una trombosis que le quitó la vista y él enfrentó dos infartos, los obligó a venderlo todo para buscar refugio en Bogotá.El robo de su sobrina que los dejó en la calleAl llegar al barrio Venecia, en el sur de Bogotá, José Benjamín portaba el capital de toda su vida, una suma cercana a los 90.000 dólares. Con la intención de no estar solos y contar con apoyo familiar, invitaron a una sobrina de María Felisa a vivir con ellos. Lo que esperaban que fuera un acto de acompañamiento se transformó en el inicio de una pesadilla.José Benjamín relata con amargura el momento del robo: "Alquilé un apartamento ahí, pues había un familiar de ella por allá y nos lo trajimos para que nos acompañara, pero resulta que la señora nos robó, se llevó la platica, quedamos pues prácticamente sin nada"Esta traición no solo les arrebató su seguridad financiera, sino que los dejó en una situación de vulnerabilidad extrema. Según sus propias palabras, la decisión de confiar en su pariente fue "una perdición más grande" que los dejó "con una mano adelante y otra atrás".El dolor del desamparo durante su vejezA diferencia de otros casos de abandono donde existen hijos que se desentienden de sus padres, José Benjamín y María Felisa enfrentan la soledad de no haber tenido hijos. Esta ausencia de una red de apoyo hizo que, tras el robo, no hubiera nadie que pudiera responder por sus necesidades básicas.Al ser consultado sobre si existían otros familiares que pudieran auxiliarlos, José Benjamín explicó la distancia y la imposibilidad de sus otros parientes: "Somos muy, muy distantes, ya los hermanos míos pues son más viejos que yo, entonces ya ellos viven de los hijos, de los nietos. Yo pienso que ellos pues a la hora de la verdad ellos no tienen con uno"Ante esta difícil situación, el Estado colombiano debió intervenir para evitar que la pareja terminara viviendo en las calles, una realidad que afecta a miles de adultos mayores en el país.El dolor de la separación institucionalLa entrada al sistema de protección trajo consigo un nuevo desafío emocional. Inicialmente, al no existir protocolos que permitieran el ingreso conjunto inmediato, la pareja fue separada por primera vez en 46 años. María Felisa recuerda el impacto psicológico de ese momento: "No, yo me puse a llorar porque, ¿cómo es posible que me van a llevar a mí sola por allá y me separaron de Benjamín?".Durante dos meses, los adultos mayores vivieron en centros distintos, enfrentando la incertidumbre y la tristeza de la soledad. No fue sino hasta su traslado a la Comunidad de Cuidado Bello Horizonte, gestionada por la Secretaría de Integración Social en Bogotá, que lograron reencontrarse. José Benjamín describe el alivio de volver a estar juntos: "Pues sentimos alegría porque duramos dos meses distanciados, entonces que nunca nos había tocado y llegamos a este lugar y estamos junticos, pues estamos felices".Abandono y justicia: el marco legal en ColombiaEl caso de esta pareja hace parte de una problemática nacional creciente. Según datos oficiales, en el año 2024 se registraron más de 1.000 denuncias que involucraban a 2.000 ancianos abandonados en el país. En Bogotá, el costo de atender a un adulto mayor en estas comunidades de cuidado asciende a los $7 millones mensuales por persona, recursos que provienen del erario público cuando las familias no responden.La legislación colombiana, a través de la Ley 1850 de 2017, tipifica el abandono como un delito que puede acarrear penas de 4 a 8 años de prisión y multas económicas de hasta cinco salarios mínimos. Esta ley no solo castiga el desamparo físico, sino que también busca proteger a los adultos mayores de la violencia económica y el maltrato intrafamiliar. Expertos señalan que "es un delito dejar a una persona mayor pariente en una situación de abandono", una advertencia que cobra relevancia ante el envejecimiento acelerado de la población.Actualmente, José Benjamín y María Felisa residen en Bello Horizonte, donde reciben alimentación y atención interdisciplinaria costeada por el Estado. Aunque han recuperado la estabilidad, su historia permanece como un testimonio del riesgo que enfrentan los adultos mayores ante la falta de redes de apoyo sólidas y la fragilidad de los vínculos familiares frente al interés económico.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
En el municipio de Villanueva, departamento de Casanare, se registró una masacre que dejó cinco víctimas. El hecho ocurrió en la vereda El Fical, según le relataron a las autoridades los residentes de esta zona, quienes escucharon varios disparos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre se dio en un establecimiento comercial.-(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, habló en Noticias Caracol En Vivo sobre la masacre y dijo que tras conocer la situación se desplazaron al lugar miembros del Ejército Nacional y Policía Nacional, "a adelantar los actos urgentes de los hechos ocurridos de este homicidio múltiple. Inmediatamente el suscrito solicita un consejo de seguridad extraordinario con autoridades de Policía y autoridades militares, de la cual participa el señor gobernador y su secretario de gobierno, en presencia de la defensora del pueblo regional Casanare y de la misma procuradora regional del departamento de Casanare"¿Qué se sabe de la masacre registrada en Villanueva, Casanare?En este consejo, de acuerdo con el mandatario local, se trataron varios temas y se ofreció la recompensa desde la Gobernación de Casanare de 50 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables de la masacre. "El municipio de Villanueva también hace un aporte de 10 millones, para un total de 60 millones para aquellas personas que puedan pronunciarse y llevarnos a que se esclarezcan los hechos sucedidos en Villanueva y que hoy enlutan a este municipio", contó Vizcaíno.Lea: Esto se sabe de las víctimas de masacre en Maicao, La Guajira: menor de edad entre los fallecidosIndepaz también indicó que las víctimas de la masacre "fueron atacadas por hombres armados que se desplazaban en motocicletas". El alcalde reveló que una de las líneas de investigación apunta a que el crimen se trata de un posible ajuste de cuentas relacionado con abigeato, que quiere decir hurto de ganado. Vizcaíno aseguró que hace tiempo no ocurría un hecho violento de este tipo y que "genera una intranquilidad en la ciudadanía que, con todo el argumento, están en esa zozobra. Somos nosotros, las administraciones y las autoridades, las que debemos llevarle la tranquilidad a la ciudadanía".A pesar de eso, el alcalde dijo que en Villanueva se han presentando hechos que alteran el orden público. "Hoy se pronunciaba la defensora regional de Casanare, la defensora del pueblo y el mismo personero del municipio, donde exponían unas alertas tempranas que la misma Defensoría del Pueblo ha expedido, donde las autoridades deben tomar esas precauciones que están dando a conocer", comentó el alcalde.Sobre el crimen, el mandatario mencionó que la hipótesis es manejan las autoridades es que llegaron dos personas en una motocicleta de un cilindraje mediano. "Llegaron con unos pasamontañas, vestidos completamente de negro y sin mediar palabra empezaron a disparar contra la humanidad de las víctimas. Esto fue en una tienda en un sector del área rural de Villanueva, vereda El Fical, aproximadamente a 24 km del área urbana", relató.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Al menos cinco personas murieron en una masacre registrada en una zona rural del municipio de Villanueva, en el departamento colombiano de Casanare, en el oriente del país, según denunciaron este viernes organizaciones sociales.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el jueves "varias personas se encontraban en un establecimiento comercial" ubicado en la vereda El Fical "cuando fueron atacadas por hombres armados que se desplazaban en motocicletas, dejando como saldo cinco personas asesinadas"."Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas", precisó Indepaz en un comunicado.Ofrecen recompensa por información sobre masacre en CasanareEl gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, expresó su rechazo a los hechos y condenó "con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva"."He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales", señaló el mandatario departamental en la red social X.Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que en Villanueva existe "imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados (que) representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".En esa zona del país tienen presencia el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia; el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Los grupos han incursionado en zonas de pobreza para demostrar poder, reclutando jóvenes vulnerables. La población en riesgo incluye campesinos, ganaderos, comerciantes y docentes, con amenazas de desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual y reclutamiento de menores", indicó Indepaz al citar un informe de la Defensoría del Pueblo.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: @Milografias
Un grave incendio afectó cerca de 900 hectáreas del Bioparque Wisirare, en el departamento de Casanare, según denunció la Fundación Palmarito a través de un comunicado en el que advierte sobre la magnitud del daño ambiental y solicita la intervención de las autoridades.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La organización calificó el acto como "un atroz atentado contra la naturaleza y la vida".De acuerdo con la información entregada, la emergencia se originó el pasado viernes 13 de marzo, cuando un equipo técnico que adelantaba labores de monitoreo de fauna detectó un primer foco de fuego en uno de los extremos del predio. En ese momento, la conflagración logró ser controlada gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Orocué, con apoyo de la Alcaldía y la Gobernación de Casanare."Las unidades de bomberos han trabajado arduamente para controlar la conflagración que por condiciones del terreno no se ha podido liquidar por completo, hasta la fecha se han consumido aproximadamente por el fuego unas 2500 hectáreas de sabana nativa, morichal, esteros y parte de monte", informó en ese momento el Cuerpo de Bomberos de Orocué. Sin embargo, la situación se agravó en las horas siguientes. Durante el sábado y el domingo aparecieron nuevos focos en distintos puntos del bioparque, lo que dificultó las labores de contención y permitió que las llamas se expandieran con rapidez por amplias zonas del ecosistema.Según el reporte citado en el comunicado, las características de estos incendios, su ubicación y comportamiento, apuntan a que habrían sido provocados de manera intencional. A esto se suma un contexto climático adverso, marcado por la sequía y los fuertes vientos propios de la temporada en la región de la Orinoquía, condiciones que facilitan la propagación del fuego. La zona afectada, que hasta hace pocos días albergaba una alta diversidad de especies de fauna y flora, presenta ahora un panorama de destrucción. "Lo que antes eran bosques vivos a orillas del terraplén, hoy son solo ‘chamizas’ ennegrecidas que rompen el alma de quienes hemos dedicado tanto esfuerzo a su conservación. Los lugareños, testigos de la historia del Bioparque, coinciden en que nunca se había visto una devastación de tales proporciones", afirmó la fundación.Ante este panorama, la organización hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que inicien investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. También solicitó el acompañamiento de la sociedad civil y de la comunidad internacional, tanto para exigir justicia como para apoyar los procesos de recuperación del área afectada.El Bioparque Wisirare es considerado un espacio clave para la conservación ambiental en la región, por lo que su afectación representa no solo una pérdida ecológica, sino también un golpe a los esfuerzos de protección de la biodiversidad en el país.Mientras avanzan las labores de evaluación de daños, la atención se centra ahora en las acciones que permitan mitigar las consecuencias de la emergencia y evitar que hechos similares se repitan.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La mañana de este lunes, 23 de febrero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un nuevo evento sísmico en el departamento de Casanare, consolidando una jornada de actividad constante en la región del oriente del país. Este movimiento, aunque de magnitud baja, se suma a la red de monitoreo nacional que vigila permanentemente el subsuelo colombiano.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El sismo más reciente, de acuerdo con el boletín actualizado del SGC, ocurrió a las 10:21 hora local. El epicentro se localizó a 14 kilómetros del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare. La magnitud del evento fue de 3.4, una cifra que lo sitúa dentro de los rangos de sismos menores que, por lo general, no suelen causar daños estructurales pero que son perceptibles por la población cercana al punto de origen.Uno de los datos técnicos más relevantes de este reporte es su profundidad, categorizada como superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Según los expertos en sismología, los eventos superficiales tienden a sentirse con mayor intensidad en la superficie en comparación con aquellos que ocurren a grandes profundidades, ya que la energía tiene menos distancia que recorrer y se disipa con menor facilidad antes de llegar a las construcciones y a las personas.El primer temblor del día en SantanderHoras antes de la actividad en Casanare, el subsuelo ya se había manifestado en el departamento de Santander. A las 03:20 hora local, el SGC emitió un boletín para un sismo con epicentro en el municipio de Santa Helena del Opón.Este primer evento del día registró una magnitud de 3.0. A diferencia del ocurrido en Aguazul, este temblor tuvo una profundidad de 115 kilómetros. Esta característica técnica es común en la región de Santander, donde se ubica el conocido "Nido Sísmico de Bucaramanga", una zona donde la interacción de las placas genera movimientos constantes a profundidades intermedias. Debido a la profundidad de este evento, su impacto en superficie suele ser mucho menor que el de un sismo superficial de magnitud similar.¿Por qué tiembla tanto en Colombia?La recurrencia de estos eventos genera una pregunta constante en la ciudadanía. La explicación científica reside en la ubicación geográfica privilegiada, pero geológicamente compleja, del país.Colombia se encuentra situada en la denominada Esquina Noroccidental de Suramérica, un punto de encuentro donde convergen tres grandes placas tectónicas: la Placa del Caribe, la Placa de Nazca y la Placa Suramericana. La interacción entre estas masas de corteza terrestre es dinámica; las placas chocan, se rozan o se hunden unas debajo de otras (proceso conocido como subducción).Este contacto permanente acumula energía que, al liberarse de forma súbita a través de las fallas geológicas que atraviesan el territorio nacional —como las de Romeral o Palestina—, produce los sismos. Además, el país cuenta con el Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas de mayor actividad en el mundo, donde se registran movimientos casi a diario debido a una particularidad en la geometría de las placas en esa zona específica de Santander.El SGC recuerda que Colombia es un país sísmicamente activo, por lo que la ocurrencia de estos eventos es normal y esperada dentro de la dinámica natural de nuestro planeta.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Lo que empezó como una supuesta mano amiga para una adolescente de 14 años que llegó sola a Yopal, habría terminado siendo una trampa de explotación y abuso. La Fiscalía General de la Nación puso tras las rejas a Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, administradores de un hotel en la capital de Casanare, tras descubrirse cómo presuntamente instrumentalizaban a la menor para su propio beneficio económico.La víctima, una niña de nacionalidad venezolana que se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad, aceptó el alojamiento que los procesados le ofrecieron en su establecimiento. Sin embargo, la generosidad inicial se desvaneció rápido, pues según las pruebas recolectadas, los administradores la habrían inducido a frecuentar un parque de la ciudad para ofrecer servicios sexuales a hombres mayores.De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los capturados indicaban a la menor que el dinero recaudado por dichos servicios debía entregarse directamente a ellos para cubrir los costos de su hospedaje y manutención dentro del hotel.La menor también habría sido abusada sexualmenteLa investigación liderada por la Seccional Norte de Santander reveló detalles aún más alarmantes sobre el calvario que habría vivido la adolescente. Más allá de la explotación en espacios públicos, se conoció que Libardo Chaparro Flórez presuntamente abusó sexualmente de la víctima en al menos una oportunidad.Los delitos de los que señalan a los administradores del hotelLa pareja fue capturada y llevada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores. Adicionalmente, a Libardo Chaparro Flórez se le sumó a su expediente el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad, el juez ordenó que ambos cumplan medida de aseguramiento en centro carcelario. El ente acusador resaltó que el proceso judicial continúa y se mantiene la presunción de inocencia de los señalados.¿Cómo denunciar abuso o violencia sexual en Colombia? Si usted o alguno persona que conoce fue víctima de violencia sexual puede reportar la situación inmediatamente a la línea 123 o denunciar directamente con la Fiscalía General de la Nación a través de sus diferentes canales: Botón de denuncia fácil: sistema virtual disponible las 24 horas, los 365 días del año, el cual permite a los ciudadanos informar cualquier hecho delictivo desde cualquier lugar con conexión a internet.Llamada virtual: permite una conexión web con el Centro de Contacto de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.Videollamada en lengua de señas: un servicio exclusivo para personas sordas o con hipoacusia, disponible de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.Canal telefónico: puede marcar gratis desde un teléfono fijo a la linea 01 8000 9197 48 o desde celular al 122, estas están disponibles las 24 horas de día, los 365 días del año.En caso de ser mujer y estar en la capital, la Secretaría Distrital de la Mujer, le puede ofrecer orientación, asesoría legal y atención psicosocial. Angélica Yelithssa Morales C.NOTICIAS CARACOL
El 2 de septiembre de 2021, Yopal, capital de Casanare, amaneció con una noticia que estremeció a toda la comunidad: Sonia Rocío Díaz Barrera, una comerciante de 30 años, fue hallada sin vida en su vivienda. La crudeza del ataque impactó aún más, pues la mujer recibió 19 puñaladas con un arma cortopunzante, mientras su hija, de apenas 3 años, presenciaba la tragedia.La escena que encontró su madre, Luzmila Barrera, fue desgarradora. “Yo abrí el portón y, desde ahí hasta la pieza, todo estaba lleno de sangre... Eso parecía una casa del terror”, recordó con voz entrecortada en Séptimo Día.La niña, testigo de la tragedia, corrió hacia su abuela al verla entrar, aterrada porque su madre no se movía. Desde ese instante, las autoridades emprendieron una ardua investigación para dar con el responsable del crimen.Sonia Díaz era madre cabeza de hogar y trabajaba en el terminal de transporte de Yopal, donde vendía artesanías para sostener a su hija. Según su familia, no tenía enemigos y su vida transcurría entre el trabajo y el hogar. “Mi hermana era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Todo el mundo sabe que siempre estaba con su niña para arriba y para abajo”, contó su hermano Jhon Díaz.Su mayor sueño era ver crecer a su pequeña Lucía y llegar a celebrar con ella sus 15 años, pero la violencia truncó ese anhelo.El inicio de la investigaciónCuando las autoridades ingresaron a la vivienda se encontraron con una escena sobrecogedora. El perito Edwin Fernando Suárez detalló que el cuerpo de Sonia presentaba entre 15 y 20 heridas en diferentes partes. Aunque el arma homicida no fue hallada, los investigadores sí encontraron una huella de un zapato.Al principio, se pensó que se trataba de un posible hurto, pero se descartó rápidamente luego de que las pertenencias de Sonia estuvieran intactas. Solo faltaba su celular, un detalle que alertó a la Policía.Vecinos confirmaron que no escucharon gritos ni discusiones, y tampoco había cámaras de seguridad en la zona. Por lo que la investigación debía dirigirse a su círculo más cercano.Primer sospechoso: su exparejaEntre los primeros sospechosos apareció Diego Andrés Suárez Daza, expareja de Sonia y padre de la pequeña Lucía. La relación, que comenzó en 2015, estuvo marcada inicialmente por el amor, pero pronto derivó en infidelidades, malos tratos y episodios de violencia.Sonia lo denunció ante la Fiscalía y se dictó una medida que le prohibía acercarse a ella. Sin embargo, días antes del crimen, él le había enviado mensajes ofensivos. Por eso, tras el asesinato, la familia de Sonia no dudó en señalarlo como el principal sospechoso.Cuando fue requerido por la Policía, Diego se presentó voluntariamente en la estación de Tauramena, a 100 kilómetros de Yopal, alegando su inocencia. Permitió que revisaran su vivienda y aseguró que no estaba en el lugar de los hechos. Incluso sugirió que las autoridades investigaran al novio de Sonia, pues al parecer ella había iniciado una relación sentimental.En su vivienda no se encontró ningún zapato que coincidiera con las huellas halladas en la escena del crimen, tampoco ropa con rastros de sangre, e incluso los registros telefónicos ubicaban a Diego en Tauramena, tal como él lo había asegurado.Celular desaparecido y testimonio claveDiego señaló a Pablo Abella, un joven conductor que había sido visto por última vez con Sonia. Sin embargo, su participación en el crimen fue descartada.Meses después, en enero de 2022, surgió una nueva pista. Los investigadores lograron rastrear el celular de Sonia, que apareció en un almacén de celulares. Los propietarios reconocieron al joven que lo había dejado allí: Miguel Ángel, un cerrajero de 19 años que vivía en el mismo barrio de la víctima.Miguel Ángel afirmó que el celular se le había dañado en una obra, pero su versión no convenció a los investigadores. Poco después, un testigo aseguró haber visto y saludado a Diego en Yopal la noche anterior al crimen, contradiciendo su declaración inicial.Debido a la presión de la Policía, Miguel Ángel terminó confesando que la madrugada del crimen, se encontró con Diego, quien le pidió ayuda para abrir la chapa de una vivienda. “Él me dijo que necesitaba recuperar algo que le habían robado. Yo no sabía quién vivía ahí”, relató a Séptimo Día.Según su testimonio, tras abrir la puerta, escuchó un grito: “‘Ayuda, un ladrón’. Pasados unos minutos escuché otra vez: ‘Ayúdame’”. Luego, Diego salió con un celular en la mano y le pidió que se deshiciera del móvil, a cambio, le pagó $500.000 pesos.“Me llevó con mentiras, yo solo iba a ir a abrir una puerta”, concluyó Miguel Ángel, quien aseguró que había conocido a Diego apenas 15 días antes del crimen.Los dibujos de la hija de SoniaMientras tanto, la niña de 3 años, bajo acompañamiento psicológico, hizo dibujos sobre lo que vio la noche del crimen. Los especialistas concluyeron que había identificado a su propio padre como responsable. “La niña manifiesta que el papá es un monstruo”, reveló un investigador del caso.Con esa información y la confesión de Miguel Ángel, la Fiscalía ordenó la captura de Diego Andrés Suárez Daza.Condena del feminicidaEl 19 de marzo de 2024, Diego Andrés Suárez fue capturado en Chía, Cundinamarca, y trasladado a Yopal. Durante las audiencias, no aceptó los cargos. Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes.El 10 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal lo condenó a 45 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Sonia Díaz Barrera. Miguel Ángel, por su parte, continúa enfrentando un proceso judicial, aunque ha pedido perdón por lo ocurrido.El caso de Sonia, según su familia, refleja la dura realidad de muchos feminicidios en Colombia: crímenes que pudieron haberse evitado si las medidas de protección hubieran sido más rigurosas y efectivas frente a las conductas violentas de su expareja. “Yo hubiera dado mi vida por ella, eso es muy duro”, dijo su madre, Luzmila.Hoy queda una familia devastada y una niña que crecerá sin su madre. En medio del dolor, los seres queridos de la víctima lanzan un doloroso mensaje: “La verdad que se arrepienta, que le pida perdón a su hija porque le quitó su madre. Lo más importante de uno como hijo es la mamá. Que le pida perdón a ella”, enfatizó una de las hermanas de Sonia.
El 2 de septiembre de 2021, la vida de Sonia Rocío Díaz Barrera fue brutalmente arrebatada dentro de su vivienda en Yopal, Casanare. Tenía 30 años, era madre cabeza de hogar y su pequeña hija de tres años fue testigo del horror. La escena del crimen, descrita por su madre como “una casa del terror”, marcó el inicio de una investigación que tardó años en esclarecerse, pero que terminó revelando una historia de violencia, manipulación y traición. Séptimo Día investigó.Sonia era una mujer alegre, conocida por su dedicación al trabajo y su amor incondicional por su hija, Lucía. Vendía artesanías en el terminal de transporte de Yopal y, según su familia, su vida giraba en torno a su pequeña. “Mi hermana era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”, recordó su hermano Jhon Díaz.Criada en una familia humilde, Sonia había aprendido desde pequeña el valor del esfuerzo. Su madre, Luzmila Barrera, luchó por sacar adelante a sus hijos, y Sonia siguió ese ejemplo. Uno de sus mayores anhelos era ver crecer a Lucía y celebrar con ella sus 15 años. Ese sueño quedó truncado para siempre.La escena del crimen: sin señales de roboEl cuerpo de Sonia fue hallado sobre la cama, con entre 15 y 20 heridas causadas por un arma cortopunzante. No había señales de robo: sus pertenencias estaban intactas, salvo por su celular, que no fue encontrado. “Se observaba bastantes heridas sobre su cuerpo… No se pudo hallar el elemento con el que le causaron las heridas”, explicó el perito Edwin Fernando Suárez.Las autoridades descartaron rápidamente un robo y comenzaron a indagar otras hipótesis. Una pista clave apareció en la escena: unas huellas de zapatos. Pero no había cámaras de seguridad en la zona ni testigos que hubieran escuchado gritos o ruidos sospechosos.Sospechas sobre su exparejaLa investigación se centró en el círculo cercano de Sonia. Entre las personas clave estaba Diego Andrés Suárez Daza, su expareja y padre de Lucía. Aunque al principio su relación parecía estable, con el tiempo se volvió conflictiva. “Él empezó con infidelidades, malos tratos y la relación se volvió tóxica”, relató Diana Niño, amiga de Sonia.La relación terminó en malos términos. Sonia denunció a Diego ante la Fiscalía y se estableció una medida que le prohibía acercarse a ella. Días antes del crimen, él le había enviado mensajes ofensivos. Por eso, cuando ocurrió el asesinato, la familia de Sonia lo señaló como principal sospechoso.Ese mismo día, Diego se presentó voluntariamente en la estación de Policía de Tauramena, asegurando que era inocente. Las autoridades inspeccionaron su vivienda y verificaron su calzado, que no coincidía con las huellas encontradas en la escena. Tampoco hallaron ropa con manchas de sangre. Además, los registros telefónicos ubicaban su celular en Tauramena el día del crimen.Una nueva pista: el celular desaparecidoLa investigación parecía estancada hasta enero de 2022, cuando se produjo un hallazgo clave: el celular de Sonia, desaparecido desde el día del crimen, fue rastreado hasta un almacén de celulares. Allí, los propietarios identificaron al joven que lo había dejado: Miguel Ángel, un cerrajero de 19 años que vivía en el mismo barrio que Sonia.Miguel Ángel afirmó que el celular se le había dañado en una obra. Pero su versión no convenció a los investigadores. Poco después, un testigo aseguró haber visto a Diego en Yopal la noche anterior al crimen, contradiciendo su declaración inicial.La confesión que lo cambió todoPresionado por las pruebas, Miguel Ángel confesó que la madrugada del crimen se encontró con Diego, quien le pidió ayuda para abrir la chapa de una vivienda. “Él me dijo que necesitaba recuperar algo que le habían robado… Me llevó con mentiras, yo solo iba a abrir una puerta”, relató a Séptimo Día.Según su testimonio, tras abrir la puerta, escuchó un grito: “Ayuda, un ladrón”. Luego, silencio. Minutos después, Diego salió con un celular en la mano y le pidió que se deshiciera de él. A cambio, le pagó $500.000 pesos.Captura y condena del feminicidaEl 19 de marzo de 2024, Diego Andrés Suárez fue capturado en Chía, Cundinamarca, y trasladado a Yopal. Durante las audiencias, no aceptó los cargos. Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes.El 10 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal lo condenó a 45 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Sonia Díaz Barrera. Miguel Ángel, por su parte, continúa enfrentando un proceso judicial, aunque ha pedido perdón por lo ocurrido.Para la familia de Sonia, la tragedia pudo haberse evitado. Las medidas de protección no fueron suficientes para frenar la violencia de su expareja. “Yo hubiera dado mi vida por ella, eso es muy duro”, dijo su madre, Luzmila, con la voz quebrada.El caso de Sonia es uno más en la larga lista de feminicidios en Colombia, donde muchas mujeres son asesinadas por sus exparejas a pesar de haber denunciado amenazas o agresiones.Lucía, la hija de Sonia, presenció el asesinato de su madre. Hoy, su familia lucha por darle una vida digna y protegerla del trauma que vivió.
El asesinato de Sonia Rocío Díaz Barrera, una joven comerciante de 30 años, causó conmoción entre sus seres queridos y los habitantes de Yopal, Casanare. La mujer fue brutalmente atacada en su propia vivienda mientras su hija de apenas 3 años presenciaba la escena. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 y, desde ese momento, las autoridades enfrentaron un enorme desafío: esclarecer quién estaba detrás de este atroz hecho, pues las pistas encontradas en el lugar eran escasas y confusas.La mañana de aquel 2 de septiembre se convirtió en una pesadilla para la familia Díaz Barrera. Luzmila, madre de Sonia, fue la primera en presentir que algo no estaba bien cuando notó que su hija no había llegado a abrir el local de artesanías que atendía en la terminal de transporte de Yopal.Al llegar a la vivienda y abrir el portón, se encontró con una escena desgarradora: el cuerpo de Sonia yacía sin vida en la habitación. “Todo estaba lleno de sangre... Eso parecía una casa del terror. Yo hubiera dado mi vida por ella, eso es muy duro”, recordó entre lágrimas Luzmila en entrevista con Séptimo Día.Menor de edad presenció el crimenSegún las autoridades, el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma cortopunzante y, además, mostraba señales de que la víctima intentó defenderse. En la vivienda también se encontraba su hija Lucía, de apenas 3 años, quien presenció el crimen.“Se observaba bastantes heridas sobre su cuerpo. Tenía aproximadamente entre 15 y 20 heridas en diferentes partes de del cuerpo... No se pudo hallar el elemento con el que le causaron las heridas”, explicó el perito Edwin Fernando Suárez.Según sus familiares, Sonia no tenía enemigos. Por el contrario, era recordada como una mujer alegre, cariñosa, trabajadora y llena de sueños. Su mayor anhelo era ver crecer a su hija y cumplirle el deseo de celebrar sus 15 años, un proyecto de vida que quedó truncado tras ese trágico crimen.Huella de zapato: ¿de quién era?En la escena, los investigadores hallaron un rastro peculiar: una huella de zapato marcada en sangre. Sin embargo, las pruebas eran escasas y la tarea se complicaba aún más porque la zona no contaba con cámaras de seguridad que permitieran identificar quién había ingresado a la vivienda.La hipótesis de un robo fue descartada rápidamente. Las pertenencias de la víctima permanecían intactas, salvo por un detalle inquietante que su teléfono celular había desaparecido. Para los investigadores, ese indicio revelaba que el crimen tenía un trasfondo distinto a un simple hurto.La familia de Sonia señaló como principal sospechoso a Diego Andrés Suárez, su expareja, con quien había sostenido fuertes discusiones meses atrás, luego de dar por terminada la relación. Sonia y Diego fueron novios durante cinco años, tiempo en el que nació su hija Lucía. Sin embargo, la convivencia comenzó a deteriorarse hasta volverse insostenible.De acuerdo con los familiares, la separación se dio en muy malos términos. Incluso aseguraron que fue necesario recurrir a acuerdos legales para que Diego dejara de molestarla. Sin embargo, la tensión no cesó. Días antes del crimen, Sonia recibió de parte de Diego Andrés varios mensajes ofensivos y amenazantes, lo que para sus allegados fue una clara señal de que la situación podía escalar a un desenlace fatal.El mismo día del crimen, Diego Andrés Suárez acudió a las autoridades. Su vivienda fue allanada y su dispositivo móvil analizado. Según los registros, Diego no se encontraba en Yopal la noche del asesinato, sino en Tauramena, un municipio cercano donde llevaba varios meses residiendo.Nuevos testigos y pistas del crimenMientras tanto, otro hombre entró en el radar de la investigación: Pablo Abella, un conductor que había estado en contacto con Sonia poco antes de los hechos. Según algunos testigos, fue la última persona con la que se le vio con vida. Al parecer, intentaba entablar algún tipo de relación con ella. Sin embargo, tras avanzar la investigación, los peritos descartaron que estuviera vinculado al crimen.El caso dio un giro inesperado cuando apareció un nuevo nombre. Se trataba de Miguel Ángel, un joven de 19 años que vivía en el mismo barrio que Sonia. Según la investigación, trabajaba como ayudante de construcción y cerrajero, y había tenido contacto previo con Diego. Además, el sujeto portaba el celular de Sonia, que estaba extraviado en la escena del crimen.Además, la familia de Sonia recibió un testimonio clave de un allegado, quien aseguró haber visto y saludado a Diego la noche anterior al crimen, mientras se dirigía en motocicleta hacia Yopal. Esta versión no coincidía con la declaración de Diego ante las autoridades, quien afirmaba haber permanecido toda la noche en Tauramena.Una confesión lo cambio todoMiguel Ángel confesó ante las autoridades que había conocido a Diego apenas 15 días antes del asesinato. Según su relato, Diego lo contactó para abrir la chapa e ingresar a una vivienda, asegurándole que necesitaba recuperar un objeto que le habían robado.Lo que Miguel no sabía era que se trataba de la casa de Sonia. Durante la madrugada del crimen, Miguel abrió la puerta y Diego ingresó. Tras aproximadamente 15 minutos, salió con un teléfono celular en la mano y le ordenó a Miguel que se deshiciera del dispositivo, a cambio de un pago de $500 mil.“A los minutos de que entró escuché un grito que decía: ‘Ayuda, un ladrón’. Después, silencio. Pasados unos minutos escuché otra vez: ‘Ayúdame’... En ese momento tuve miedo. Si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, no hubiera ido. A mí él me llevó con mentiras, yo solo iba a ir a abrir una puerta”, relató Miguel Ángel en Séptimo Día.Un dibujo alertó a las autoridadesEn medio de la investigación, Lucía, hija de Sonia y Diego, se convirtió en una pieza clave. Los psicólogos que trabajaron con la menor revelaron que ella realizó varios dibujos sobre lo que ocurrió el día del crimen.Según su relato, la niña manifestó que “el papá es un monstruo” y describió que ese día había mucha sangre. Aunque todavía es muy pequeña, Lucía reconoce claramente a sus padres y sus dibujos fueron considerados un indicio importante para la investigación.Captura del señaladoGracias a los testimonios y a las pruebas recolectadas, la Fiscalía señaló a Diego Andrés Suárez como el autor material del feminicidio de Sonia Díaz Barrera. Diego fue capturado el 19 de marzo de 2024 en Chía, Cundinamarca, y trasladado a Yopal para enfrentar el proceso judicial.El acusado nunca aceptó los cargos y aseguró ser inocente. En entrevista con Séptimo Día, afirmó: “La verdad, de pronto sí fui tóxico, pero yo no soy un asesino”.Diego fue condenado a 45 años y 8 meses de prisión, que cumple en la cárcel La Guafilla, mientras que Miguel Ángel continúa enfrentando un proceso judicial, y pidió perdón por lo ocurrido.Para la familia de la víctima, la herida sigue abierta. “La verdad que se arrepienta, que le pida perdón a su hija porque le quitó su madre. Lo más importante de uno como hijo es la mamá. Que le pida perdón a ella”, dijo una de las hermanas de Sonia.Lucía, la hija de Sonia, hoy tiene 7 años. Cada semana visita la tumba de su madre. Allí le habla, le escribe mensajes y le dice: “Te quiero mucho, mamá. Te amo y nunca te olvidaré”.
El 2 de septiembre de 2021, la tranquilidad de una familia trabajadora en Yopal, Casanare, se quebró para siempre. Ese día, Sonia Rocío Díaz Barrera, una joven comerciante de 30 años y madre cabeza de hogar, fue hallada sin vida dentro de su vivienda. El crimen ocurrió frente a su pequeña hija de tres años, quien presenció el brutal ataque. Séptimo Día investigó.“Yo abrí el portón y, desde ahí hasta la pieza, todo estaba lleno de sangre... Eso parecía una casa del terror. Yo hubiera dado mi vida por ella, eso es muy duro”, recordó Luzmila Barrera, madre de la víctima, quien con voz entrecortada narró el desgarrador momento en que encontró a su hija muerta en la habitación.Una vida de lucha y trabajoSonia era reconocida por sus vecinos como una mujer alegre, trabajadora y entregada por completo a su pequeña hija, Lucía. Creció en una familia humilde junto a tres hermanos, en medio de las dificultades económicas que enfrentaban a diario.A pesar de los tropiezos, su madre Luzmila logró sacar adelante a sus hijos con esfuerzo y sacrificio, manteniéndolos siempre unidos. Sonia, fiel a ese ejemplo, empezó a trabajar en el terminal de transporte de Yopal, donde vendía artesanías para sostener su hogar y garantizarle lo necesario a su hija. “Mi hermana era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Todo el mundo sabe que siempre estaba con su niña para arriba y para abajo”, contó su hermano Jhon Díaz.Uno de sus mayores anhelos era ver crecer a su hija y llegar a celebrar con ella sus 15 años, un sueño que quedó truncado para siempre.Macabro hallazgoLas autoridades fueron alertadas sobre un atroz crimen dentro de una vivienda en Yopal. Sonia fue hallada sin vida sobre la cama, con múltiples heridas producidas con un arma cortopunzante.“Se observaba bastantes heridas sobre su cuerpo. Tenía aproximadamente entre 15 y 20 heridas en diferentes partes de del cuerpo... No se pudo hallar el elemento con el que le causaron las heridas”, explicó el perito Edwin Fernando Suárez.Lo primero que descartaron las autoridades fue que se tratara de un robo, pues todas las pertenencias de Sonia estaban intactas. Lo único que no se halló fue su celular. Esto llevó a la Policía a mirar otras líneas de investigación.Primeras pistas en la investigaciónTras la inspección en la vivienda, los investigadores hallaron una pequeña pista que marcaría el inicio de la investigación: unas huellas de zapatos. Otro detalle que generó inquietud fue el testimonio de algunos vecinos, quienes aseguraron que no escucharon gritos de auxilio o señales de alarma.Sin embargo, las pruebas eran escasas. En la zona no había cámaras de seguridad que permitieran establecer quién había entrado a la vivienda ni reconstruir con precisión lo ocurrido.Al parecer, Sonia no tenía enemigos, por lo que los investigadores centraron sus primeras indagaciones en su círculo más cercano. Entre las personas clave estaba su pareja, Diego Andrés Suárez Daza, con quien había sostenido una relación de cinco años y con quien tuvo a su pequeña hija, Lucía.Al inicio, todo parecía una historia de amor estable, pero con el tiempo la relación comenzó a deteriorarse, según comentó su familia.“Él empezó con infidelidades, malos tratos y la relación se volvió tóxica. Hasta que llegaron al punto de separarse y no pudieron vivir más”, afirmó Diana Niño, amiga y vecina de Sonia.Al parecer, la relación había terminado en muy malos términos. Hubo denuncias ante la Fiscalía y, finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que prohibía a Diego acercarse a Sonia. Por eso, cuando se conoció el crimen, la familia de la joven no dudó en señalarlo de inmediato como principal sospechoso, más aún porque días antes él le había enviado mensajes ofensivos.Hallazgo de un celular y otro presunto señaladoEl mismo día de los hechos, Diego Andrés Suárez se presentó en la estación de Policía de Tauramena, asegurando que era inocente frente al homicidio de su expareja. De inmediato, las autoridades se desplazaron hasta su vivienda, ubicada a unos 100 kilómetros de Yopal, donde había ocurrido el crimen de Sonia.“Verificado el calzado de Diego, no correspondía a la huella encontrada allí en la escena donde fue hallada Sonia, donde tampoco encontramos ropa que tuviera algunos fluidos o manchas correspondiente a sangre”, reveló Freddy Niño, el subintendente e investigador criminal del caso.Lo único que encontraron las autoridades en la vivienda fueron dos teléfonos celulares, que fueron analizados minuciosamente. Los registros de telefonía ubicaron el celular de Diego en Tauramena el día del crimen. A primera vista, todo parecía indicar que no podía ser el responsable.Diego aseguró a las autoridades que, para ese momento, Sonia mantenía una relación sentimental con Pablo Abella, un conductor de la empresa de transporte. Él habría sido la última persona en verla con vida y, según versiones, también la pretendía. Sin embargo, tras avanzar la investigación, los peritos descartaron que estuviera vinculado al crimen.En enero de 2022 se produjo un hallazgo clave. El teléfono de Sonia, desaparecido desde la madrugada del asesinato, terminó por convertirse en la pieza central de la investigación. Meses después, las autoridades lograron rastrearlo y lo ubicaron en un almacén de celulares, donde los propietarios señalaron al joven que lo había dejado allí: un muchacho de aproximadamente 19 años. Se trataba de Miguel Ángel, residente en el barrio Bicentenario de Yopal, donde vivía Sonia.Según sus vecinos, Miguel Ángel se desempeñaba como cerrajero y ayudante de construcción. El joven afirmó que ya no tenía en su poder el celular de Sonia porque, según él, se le había caído en la obra y dañado.Testimonio claveAl mismo tiempo, las autoridades recibieron el testimonio de un allegado a la familia, quien aseguró haber visto y saludado a Diego la noche previa al crimen, cuando ingresaba a Yopal en una moto. Una versión que no coincidía con lo declarado por él ante las autoridades.Posteriormente, Miguel Ángel confesó que la madrugada del crimen se encontró con Diego, quien le pidió ayuda para abrir la chapa de una vivienda. Según su relato, después de unos 15 minutos, Diego salió con un celular en la mano y le ordenó que se deshiciera de él. Además, le realizó un pago de 500.000 mil pesos.“Él me dijo que necesitaba recuperar algo que le habían robado. Yo no sabía quién vivía ahí... A los minutos de que entró escuché un grito que decía: ‘Ayuda, un ladrón’. Después, silencio. Pasados unos minutos escuché otra vez: ‘Ayúdame’... Me llevó con mentiras, yo solo iba a ir a abrir una puerta”, relató al equipo de Séptimo Día.Captura y condenaEl 19 de marzo de 2024, las autoridades capturaron a Diego Andrés Suárez en Chía, Cundinamarca, y lo trasladaron a Yopal para responder por el crimen. Durante las audiencias, el acusado no aceptó los cargos.Meses después, el 10 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal lo condenó a 45 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Sonia Díaz Barrera. Por otro lado, Miguel Ángel continúa enfrentando un proceso judicial, aunque ha pedido perdón por lo ocurrido.El caso de Sonia, según su familia, refleja la dura realidad de muchos feminicidios en Colombia: hechos que pudieron haberse evitado si las medidas de protección hubieran sido más rigurosas y efectivas frente a las conductas violentas de su expareja.En lo que va de 2025, el Observatorio Colombiano de Feminicidios reporta cerca de 500 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sentimentales.
El presunto actuar delincuencial de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez ha causado una profunda indignación en el departamento de Casanare. Este hombre fue identificado como el señalado responsable de almacenar y distribuir material explícito con niños, niñas y adolescentes, una conducta absolutamente condenable que atenta contra la dignidad y la integridad de los menores. La alerta fue emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que detectó el envío de este contenido desde un computador en Colombia hacia plataformas virtuales.Gracias a esta información, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, inició una investigación que permitió ubicar al sospechoso en el municipio de Villanueva, Casanare. Según los elementos probatorios, el 10 de enero este sujeto habría almacenado 17 archivos en su nube personal y compartido el acceso con contactos internacionales.Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. Aunque Miguel Ángel Rodríguez no aceptó los cargos, un juez de control de garantáis ordenó su reclusión en centro carcelario. En el allanamiento fueron incautados celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento masivo y una cámara.¿Cómo denunciar el maltrato infantil?En Colombia, cualquier ciudadano puede denunciar el maltrato infantil de forma anónima y gratuita. La primera vía es comunicarse con la línea 141 del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), disponible las 24 horas del día. Esta línea atiende casos de violencia física, psicológica, negligencia, abuso sexual y explotación infantil.También se puede acudir directamente a las comisarías de familia, inspecciones de policía, Fiscalía General de la Nación o Defensoría del Pueblo, donde se reciben denuncias y se activan rutas de protección. En casos urgentes, se recomienda llamar al 123, línea de emergencias de la Policía Nacional.El ICBF cuenta con equipos interdisciplinarios que evalúan cada caso y, de ser necesario, toman medidas de protección como el retiro del menor del entorno violento, atención médica, psicológica y acompañamiento legal.Además, se puede denunciar en línea a través del portal del ICBF o de la Fiscalía, donde se habilitan formularios para reportar situaciones de riesgo. Es fundamental proporcionar información clara: nombre del menor (si se conoce), ubicación, tipo de maltrato y datos del presunto agresor.Denunciar es un acto de responsabilidad social. El silencio perpetúa el daño; la denuncia puede salvar una vida. La protección de la infancia es deber de todos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Mafias de tierreros con conexiones de alto nivel en el estado y enlaces en oficinas de registro se habrían apoderado en las últimas décadas de al menos 700 hectáreas de predios estratégicos de la nación ubicadas en los municipios de Melgar, en el Tolima, y Nilo, en Cundinamarca. Bienes fiscales cuya custodia corresponde al ejército. Un millonario saqueo continuado a la vista de todos y con decenas de víctimas estafadas en terrenos donde hoy se desarrollan costosos proyectos inmobiliarios o se han construido lujosas fincas de recreo y mansiones que valen una fortuna. Así lo documentó una investigación del Ministerio de Defensa a la que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)“Los terrenos de la nación han sido objeto de perturbaciones a la posesión, enajenación y explotación ilegal de una manera sistemática calculada y orquestada por tierreros en connivencia de funcionarios y exfuncionarios públicos del sector Defensa, personal de la reserva activa de las fuerzas militares, funcionarios exfuncionarios de la alcaldía de Danilo y de Melgar”, indica el documento.14.000 cédulas de personas naturales y jurídicas afirman ser propietarios de terrenos del EstadoEl abogado Jorge Iván Reyes Barrera, de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, lleva meses investigando este caso. Según él, la nación estaría en riesgo de perder estos predios por falta de defensa jurídica. Hoy hay 14,000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que afirman ser propietarios de terrenos del Estado.Este medio viajó hasta la zona para documentar lo que ocurre. La entrevista con Reyes se llevó a cabo en el predio Sumapaz en Nilo, que pertenece al Ejército y que ha sido ofrecido en múltiples ocasiones por tierreros para la venta. Aunque el lote ya fue recuperado por el estado, la casa desvencijada parece engullida por la maleza. “Entonces son lugares en donde han llegado tierreros a ofrecer los terrenos, a lotear en algunas partes y en predios como este pues nos ha atacado en un par de veces sacar a una cantidad de gente engañada por los mismos tierreros de siempre que han estado ofreciendo terrenos del Ministerio de Defensa Nacional”, dijo Reyes.De acuerdo con sus pesquisas, de los 30 predios que tiene bajo custodia el Ejército en inmediaciones del fuerte militar de Tolemaida, hay líos con casi todos, con una gravedad de seguridad nacional. Allí están ubicados el Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros, la Escuela de Paracaidismo, la Escuela Militar de Soldados y suboficiales y dos batallones más. Es decir, en terrenos donde se forman los encargados de defender al Estado de todas las violencias que aquejan al país, hay ocupaciones ilegales, venta de lotes y hasta fincas de recreo que son reclamadas por personas de toda índole, desde militares en retiro hasta desplazados por la violencia.“Y acá la corrupción no se nos mide por lo que hemos hecho, sino por lo que no hemos hecho porque no hemos patrullado, no hemos vigilado, no hemos dado la custodia adecuada de los predios. Entonces vienen, nos los ocupan y después viene una corrupción jurídica porque los abogados que ha tenido el Ministerio de Defensa no han sido cuciosos, no han impetrado las querellas, no han contestado las querellas, no han reconvenido las demandas”, señaló Jorge Iván Reyes.Según sus hallazgos, mientras el Estado no hizo presencia en estos predios, los avivatos de siempre lo cercaron, pusieron matas y ganado, luego los lotearon, los vendieron y se enriquecieron al tiempo que interpusieron querellas contra el Ministerio de Defensa o iniciaron procesos de pertenencia para reclamarse como legítimos dueños."Los predios fueron vendidos por personas del sector Defensa"“Uno en las audiencias se entera pues que precisamente los predios fueron vendidos casi siempre por las mismas personas provenientes del sector Defensa. Inclusive, usted se pone a va a hacer un censo de ocupaciones y hay exfuncionarios públicos de la alcaldía de Melgar, exinspectores, exasesores de la alcaldía, exagentes. Hemos visto toda clase de personas que se han favorecido con este desgreño administrativo”.Al contrastar imágenes satelitales con los planos originales de la finca Berlín del Estado, tal como se ve en el detallado reporte del Ministerio de Defensa, parecieran haberse esfumado decenas de hectáreas en todos sus bordes. Son los suelos que, según Reyes, han ido mordiendo los tierreros desde hace décadas.“Yo le puedo hablar de unos predios que los han venido recortando de una forma salvaje como el predio Berlín, que es uno de los terrenos más costosos en el país, en donde han desaparecido hectáreas completas, personas con información privilegiada, porque acá hay que decir que hay personal de la reserva activa que trabajaban con esa información, se han adueñado de predios donde ahoritica están recogiendo plata de explotación minera, ganadera, agricultura”, narró Reyes.Noticias Caracol recorrió esos lugares con ocupaciones ilegales en las fincas de Berlín, La Cajita, San José, La Calera y Resaca adquiridas por el Estado en 1954 en los tiempos del gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Incluso constatamos que dentro del fuerte militar de Tolemaida, a escasos metros de la cabecera de la pista del aeropuerto, hay asentamientos y lotes que están siendo comercializados.Reyes aseguró que, “hace algunos años, cuando llegamos nos pudimos dar cuenta de que los pobladores nos cuentan de que los predios eran entregados a dedo. Algunos comandantes de la unidad vendían predios que ahoritica son proyectos de vivienda. Otros les asignaban terrenos a personas porque se portaban bien y también podemos ver mucha gente de la reserva que se favoreció. Eso no es un secreto, ni le estamos tapando a nadie acá, pero como si fuera poco, también hay invasiones o de ocupantes que han estado dentro del predio Tolemaida que están casi cerca a la pista de aterrizaje y ahí tenemos pues las escuelas de Lanceros, de Comandos, de Contraguerrilla, tenemos a todas nuestras tropas y es una de las escuelas de formación a nivel Latinoamérica que está interrumpida por asentamientos humanos”.¿En riesgo la seguridad en el fuerte Tolemaida?El fuerte militar de Tolemaida vive una situación inédita. Si bien el ingreso a sus instalaciones requiere pasar todo tipo de controles para garantizar su seguridad por la vía principal que conduce a Girardot, apenas unos kilómetros más arriba, hay dos ingresos vehiculares sin control alguno y con caminos peatonales que conectan cuatro veredas en las que viven más de 500 habitantes.“Podemos encontrarnos con la Naranjala, la Yucala, Mesabaja, Guásima, que son asentamientos humanos. Unas personas que están hace mucho tiempo en Mesa Baja, desde la época de Rojas Pinilla, pero hay otras personas que han llegado y han empezado a ocupar los predios, ha llegado gente desplazada, hay gente que ha llegado desmovilizada y pues esto se ha vuelto un problema de orden público al interior de la Unidad”.Habla campesino que compró predio ilegalmente del Ministerio de DefensaNoticias Caracol recorrió la carretera, serpenteando el bosque seco y un par de quebradas. No hay un solo aviso que diga que esos predios hacen parte del fuerte militar de Tolemaida. En cambio, si hay plantaciones de plátano, yuca y aguacate, a kilómetro y medio de la vía principal en un rancho modesto, junto a su familia vive Héctor Arnulfo González, de 46 años. “si usted tiene una casa y no le pone cuidado, pues se va a meter otra gente”, dijo Héctor.Dice que compró la posesión de ese terreno luego de ver un anuncio en Facebook. Entregó su carro y 21 millones de pesos que había ahorrado con el fin de rehacer su vida y huir de la violencia. Sobre la pregunta de si sabía que dichos predios hacen parte del fuerte de Tolemaida, Héctor sostuvo que “lo vine a saber después”. Si se sentía estafado, respondió que “de pronto sí, pero más más se presta el mismo Estado y el mismo Ministerio de Defensa. Aquí no hay una vigilancia. El mismo ministerio es el que está prestando para que estafen la gente, hacer loteos ilegales y todo. ¿Quién se está prestando? El mismo Estado”.Hace tres décadas, los grupos armados lo sacaron corriendo de Supatá, Cundinamarca. Su padre fue asesinado en esos tiempos aciagos en los que las botas y los fusiles asolaron la región. Hoy al lado de sus gallinas, después de apurar una cerveza para capotear el bochorno del mediodía, dice que ya no corre más y que de allá lo sacan. Si es que lo sacan, muerto “porque yo ya le corrí a la violencia y si me tiene que matar el Estado, que me mate. Yo no le corro más. No le corro más. Estoy cansado”.El caso del campesino Héctor González y de otros colonos que están en Tolemaida, aunque regular, no es el objetivo primordial del abogado Reyes y del Ministerio. Lo importante es evidenciar a los que se han enriquecido con este loteo ilegal y han levantado verdaderas mansiones en predios de la nación.Las lujosas propiedades ubicadas en predios de MindefensaImágenes aéreas captadas en los terrenos de Resaca, al otro lado del río Sumapaz, en la vía que de Melgar conduce a Carmen de Apicalá, resultan ilustrativas. Casaquintas, piscinas y vistas de fantasía. Por eso, mortificado, Reyes confiesa lo siguiente, mientras visitamos otro predio que hasta hace unos años era un alojamiento de suboficiales: “Nosotros no vamos contra la comunidad, pero sí queremos ir a más allá. ¿Quién se llenó los bolsillos con esta dejadez de inmuebles que se fueron? Y actualmente esa es la orden de la Dirección de Asuntos Legales de recuperar todos estos predios. Pues acá tenemos ubicado un suboficial retirado que, él manejando información privilegiada, sabía dónde habían predios y cada vez que llegaba un comandante le escondía el predio. Entonces, el comandante nuevo solo cuidaba hasta ahí y se iban tragando, partiendo como torta, van comercializando, van vendiendo”.El abogado Edwin Leonardo Peña Navarro es el inspector de convivencia y paz en Melgar. Su despacho acumula 900 procesos policivos y es el encargado de resolver medidas cautelares y querellas sobre la propiedad de la tierra en ese municipio. Él es testigo de excepción de cómo el Ministerio de Defensa prácticamente ha renunciado a defenderse en múltiples pleitos que buscan arrebatarle estos predios a la nación.“Hasta el momento, el suscrito lleva 6 años de inspector de Policía y ha evidenciado la verdad, la problemática de los predios de la nación. especialmente los que pues están a cargo del Ministerio de Defensa. Efectivamente, lo que se ha logrado vislumbrar es que ha habido un poco de negligencia, por llamarlo así, respecto a la defensa técnica que se ha ejercido en los procesos policivos”, dijo el abogado.La mala defensa del Estado para proteger sus predios, según expertosDe acuerdo con Peña, no solo el Estado permitió esas ocupaciones durante décadas, sino que cuando los presuntos invasores o terceros de buena fe demandaban a la nación, la defensa del Estado era paupérrima. En muchos casos, ni siquiera se contestaban esas querellas, ni se asistía a las inspecciones de los predios, dejando el camino libre para los demandantes: “Lo que sucede en varias ocasiones es que el ministerio no coadyuda la práctica de la prueba de inspección ocular, donde toca nombrar un perito auxiliar de justicia. Entonces dejan toda la carga de la prueba, pues precisamente a quien están querellando”.Sobre la pregunta de si es omisión o corrupción por parte del Ministerio de Defensa, el abogado señaló que, “presuntamente, pueden existir esos dos factores, la omisión y corrupción. He escuchado durante los debates que mismos funcionarios del Ejército Nacional, o en su momento los que estuvieron a cargo, permitieron en las propias declaraciones manifiestan estas situaciones. ‘Nosotros nos ocupamos, nosotros vinimos, tomamos posesión de ese terreno. Tal persona de tal grado permitió que ingresáramos’. ¿Cómo es posible eso?”.Por cuenta de las amenazas que ha recibido presuntamente de las mafias de los tierreros, el inspector Peña tiene que moverse con esquema de seguridad en Melgar. A pocas cuadras de su despacho en la alcaldía. Germán Javier Díaz Granados, secretario de planeación municipal, reconoce que la problemática de la ocupación de predios lleva décadas allí, aunque también advierte que muchos habitantes tienen derechos adquiridos: “La tenemos hace más de 40 años esta problemática. terrenos que se han cedido a particulares hasta mismo militares que vendieron en algún momento pagos de militares y que ellos vendieron. Pero también hay terrenos donde ya tenían particulares, donde tuvieron derechos adquiridos también. Hasta he encontrado personas que han tenido facturaciones de la mismo Ejército donde les dijeron les daban unas cuotas o unos valores por sus terrenos, pero nunca les escrituraron”."En Melgar el tema es vergonzoso": MindefensaLos hallazgos de lo que está ocurriendo en la finca resaca son muy preocupantes. El informe del Ministerio de Defensa es así de crudo: “En Melgar, el tema es vergonzoso. De cerca de 200 familias que ocupan ilegalmente el predio resaca, este apoderado no encontró ninguna acción policiva. Por el contrario, se estima la pérdida de 400 hectáreas. Un caso emblemático es el referido a un coronel retirado, quien supuestamente como director de finca Raíz en el año 1982. Él mismo se vendió 246 hectáreas y se calcula que ocupó ilegalmente otras 200 hectáreas del predio Resaca, donde actualmente se comercializan lotes con acceso a los lagos del predio”.Imágenes captan en toda su dimensión las casaquintas, lotes y mansiones con piscinas de lujo que abundan en resaca. El Ministerio de Defensa se ha propuesto indagar quiénes dicen ser los dueños de estos predios, cómo los adquirieron, quién autorizó las licencias de construcción, cómo obtuvieron las escrituras, si las tienen y quién les vendió un terreno de la nación, además si son compradores de buena fe. Hay cerca de 60 querellas andando en las inspecciones de Nilo y Melgar por estas ocupaciones.“Hay cerca de 60 querellas andando en las inspecciones de Nilo y Melgar por estas ocupaciones”, mencionó el abogado Reyes.Mindefensa habla sobre el riesgo de que el Estado pierda 700 hectáreas de prediosEn entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, fue contundente. Dijo que estos predios ocupados en Melgar y Nilo, por su naturaleza jurídica, son imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser adquiridos y ocupados por particulares y el Estado en cualquier momento puede ejercer acciones para recuperarlos.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, reaccionaron con contundencia ante el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. “Primero quiero decir que esto es una grave situación. producto de las investigaciones que estamos haciendo al interior del sector defensa en la lucha contra la corrupción y aquí debe caer el que deba caer. Hemos encontrado que hay un entramado criminal en el cual como Ministerio de Defensa nos hemos declarado también como víctimas”, dijo el ministro .Con una gravedad más, advertida por el propio ministro Sánchez, en relación con las más de 1.700 hectáreas que debe administrar su cartera en la región de Tolemaida y Melgar: “Allí en Melgar, en esas 1.733 hectáreas tenemos un problema de 14.000 cédulas catastrales. Es decir, 14.000 individuos o personas jurídicas o personas naturales se adueñaron durante décadas, durante años de unos predios. Y entonces, ¿cómo solucionar un problema tan delicado? ¿Y cómo comenzó? Para explicar, digamos, cómo comienza. Sabemos que hay un entramado criminal muy poderoso”.Según el alto funcionario, es urgente una articulación institucional con la Fiscalía, la Superintendencia de Notariado y Registro y la propia Fuerza Pública para lograr el saneamiento de estos predios e incluso explorar caminos para volverlos productivos. Además, señaló con todas sus letras que aquí debe investigarse a fondo la corrupción de tierreros y exfuncionarios y militares que han facilitado este desgreño."Por debajo yace un problema grave de corrupción": MindefensaSobre las lujosas propiedades que están en predios del Ministerio de Defensa, el ministro dijo que “no es tolerable para nada. Si permitimos o se llega a tolerar o se siguen haciendo las mismas acciones que se vienen haciendo, aquí vamos a robar al Estado en las narices y no va a pasar absolutamente nada y se pone en grave riesgo la seguridad nacional. Y, por otro lado, uno encuentra personas que aquí han estado en esas fincas, no sé si presentadores o actores han comprado fincas allá o las han alquilado, y pues muy seguramente engañados, no pensando en que estaban cometiendo un delito, pero por debajo yace un problema grave de corrupción”.Por su parte, el general Gómez hizo énfasis en que estos líos con los predios del Estado tienen más de 70 años. Además, reconoció que en el pasado pudo haber descuido y corrupción para permitir esas ocupaciones, pero que están haciendo todo lo posible por custodiar mejor esos bienes fiscales de la nación. “Hoy por hoy tenemos un levantamiento topográfico georreferenciado de los predios del fuerte, de los predios que están siendo ocupados de manera irregular y del censo de la población que está ocupando esos esos predios”, mencionó.En cuanto a cómo podría afectarse la seguridad del fuerte de Tolemaida, el comandante señaló que “estas ocupaciones, de hecho, llevan muchos años. Ahí hay una servidumbre. Nosotros no le podemos impedir a la población porque igual hay que garantizarle unos derechos a esas personas que están ocupando los predios. Es decir, no podemos incomunicarlas, pero sí hay unos trabajos de seguridad con patrullas permanentes, con trabajos de inteligencia”.Al margen de estos líos y de los bienes por recuperar en juzgados e inspecciones, el ministro Sánchez concluyó así su entrevista con Noticias Caracol: “La corrupción no se puede volver costumbre”.¿Cuántos predios custodia Mindefensa?Hoy el Ministerio de Defensa debe custodiar 4.400 predios en todo el país, que suman 109,000 hectáreas, algo así como dos terceras partes de Bogotá.A propósito de esta investigación periodística, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que alertó sobre la gravedad de estas ocupaciones ilegales en Nilo y Melgar y señaló que dispuso un equipo de alto nivel para recuperar estos bienes fiscales y proteger el patrimonio público. Según el comunicado, el 47% de los predios en Colombia presenta líos con la titularidad, linderos o formalización.UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL
El sorteo de Baloto y Revancha de este lunes, 18 de mayo de 2026, se realiza entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, con transmisión a través de plataformas digitales autorizadas. Quienes jugaron en esta jornada deberán estar atentos a los resultados, ya que existe la posibilidad de acertar la combinación ganadora y acceder al premio mayor.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Resultados completos Baloto y Revancha 18 de mayo de 2026BalotoLos números ganadores del sorteo principal fueron los siguientes:Números ganadores:Superbalota: El acumulado del Baloto para este sorteo era de $38.000 millones. En caso de no haber ganadores con la combinación completa, el acumulado aumentará.RevanchaLos números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:Números ganadores: Superbalota:El acumulado de Revancha para este sorteo era de $3.000 millones. No obstante, al igual que con el Baloto, en caso de no haber ganador con la combinación completa, este incrementará para el próximo sorteo.¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?El sistema de premios de Baloto y Revancha funciona bajo un esquema paramutual, lo que implica que los montos entregados dependen del total de ventas registradas en cada sorteo. Del dinero recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios. Dentro de ese porcentaje, el 36,744 % se asigna al premio mayor, mientras que el resto se distribuye entre las diferentes categorías de aciertos.Los valores entregados están sujetos a las disposiciones fiscales vigentes en Colombia. Los premios que superan las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) tienen una retención del 20 %, lo que reduce el monto final recibido por el ganador. Este aspecto debe tenerse en cuenta al momento de calcular el dinero neto. En cuanto al costo de participación, una apuesta simple de Baloto tiene un valor de $5.700. Si el jugador decide incluir la opción de Revancha, el precio total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados, entre ellos redes de giros, comercios habilitados y plataformas en línea a través del sitio oficial del juego.Cómo jugar el BalotoPara jugar el Baloto en Colombia, se debe adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado o a través de plataformas digitales oficiales. El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de jugar con más números, lo que incrementa las posibilidades de ganar, pero también el costo del tiquete.Además del sorteo principal, se puede activar la opción de Revancha, que utiliza los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo con un acumulado independiente. El valor total de una apuesta con Revancha es mayor que el de una apuesta sin esta opción.Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados, y los resultados se publican en medios oficiales. Los premios se asignan según la cantidad de aciertos, y el acumulado mayor se entrega a quien acierte los cinco números más la superbalota. También se otorgan premios menores por aciertos parciales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El MiLoto juega cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. El jugador elige cinco números entre el 1 y el 39. En cada jornada se premia a quienes aciertan 2, 3, 4 o las 5 cifras. El billete tiene un costo de $4.000, incluido el IVA, salvo en San Andrés y Providencia, donde su valor es de $3.362 por estar exento del impuesto. El sorteo de hoy lunes 18 de mayo de 2026 corresponde al #538.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Resultados EN VIVO MiLoto lunes 18 de mayo de 2026El acumulado de hoy es de 350 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo 537 de este viernes, 15 de mayo de 2026:Números ganadores: 05 - 34 - 09 - 31 - 12¿Qué es el MiLoto?MiLoto, conocido como una modalidad adicional de Baloto, se creó como una opción con un formato más simple y un costo menor frente al juego tradicional. El primer sorteo se realizó en octubre de 2023 y desde entonces ha manejado un premio base de 120 millones de pesos, que aumenta cuando no se registra un ganador. Este juego es operado por Operador Nacional de Juegos S.A.S., entidad que tiene la concesión vigente hasta 2027. Se puede adquirir en puntos autorizados como SuRed y SuperGIROS, así como en las plataformas oficiales de Baloto en internet.La dinámica de MiLoto consiste en elegir cinco números del 1 al 39, sin repetir cifras. El jugador puede seleccionar los números o permitir que el sistema los asigne de forma automática. Cada apuesta tiene un costo de 4.000 pesos y es posible comprar varias jugadas en un mismo tiquete. Los sorteos se realizan cuatro veces a la semana y se transmiten en vivo a través de Canal 1 y en canales oficiales en redes sociales.Estructura de los premios del MiLotoMiLoto opera bajo un sistema paramutual. El premio mayor corresponde a los cinco aciertos, con un acumulado que inicia en 120 millones de pesos, que aumenta si no existe ganador. Hay premios adicionales para quienes aciertan 4, 3 o 2 números. Con cinco aciertos se gana el acumulado completo.Con cuatro o tres aciertos, el premio se calcula según un porcentaje del total disponible, ajustado mediante el mecanismo roll-down cuando no hay ganador del primer nivel. Con dos aciertos, el jugador recupera el valor apostado ($4.000 COP). ¿Cómo reclamar los premios?El proceso para reclamar premios depende de su monto:Premios menores a 182 UVT (equivalentes a 9.063.418 COP): se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o Super Giros, presentando el tiquete en buen estado. Premios iguales o superiores a 182 UVT: se deben reclamar en una sucursal fiduciaria autorizada, presentando el tiquete original, documento de identidad, copia del mismo y el formulario de pago. Las ciudades con sucursales autorizadas incluyen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El pago se entrega por cheque de gerencia o, si se solicita, mediante consignación en cuenta bancaria.El plazo límite para reclamar el premio mayor es de 365 días a partir de la fecha del sorteo, en caso contrario el dinero se destina al sector salud.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
En noviembre de 2022, la desaparición de Carlos Daniel Vega Lobo, un estudiante de noveno semestre de derecho de 22 años, consternó a una familia de Valledupar, que de inmediato inició la búsqueda en hospitales y estaciones de Policía. El Rastro conoció detalles la investigación tras la que encontraron el cadáver en zona rural de San Diego, Cesar: se reveló una traición de alguien en su círculo cercano.Carlos Daniel, descrito por sus allegados como un joven con grandes aspiraciones y que buscaba salir adelante por sus propios medios, trabajaba ocasionalmente transportando personas a través de una aplicación móvil en un vehículo negro propiedad de su novia, Paula. Lo hacía para apoyarse económicamente mientras terminaba su carrera en la Universidad Área Andina.La noche del martes 8 de noviembre de 2022, la rutina de Carlos Daniel cambió de forma repentina. Paula Serrano, su pareja, relató en El Rastro que él se mostraba inusualmente inquieto antes de salir de casa hacia las 9:10 p. m. "Él se sentía como muy impaciente ese día, no sé por qué antes de salir en el carro él me dice 'ya vengo, voy para donde los pelados'... Y me dice 'nena, dame la bendición’. Y yo cogí y le di la bendición", contó su pareja. Horas más tarde, a las 3:00 a. m. del miércoles, recibió la última llamada de Carlos: "Voy con un amigo a San Diego, lo voy a llevar y vuelvo enseguida". No obstante, el joven nunca regresó y sus mensajes dejaron de tener respuesta hacia las 4:00 a. m.La llamada que lo cambió todoAl notar que Carlos Daniel no llegó para realizar sus recorridos habituales con estudiantes a las 6:00 a. m., la familia inició una búsqueda exhaustiva. "Fuimos hasta San Diego, fuimos a La Paz, llegamos hasta los hospitales, hasta la Policía de cada uno de los municipios, averiguando a ver si algo había pasado porque él no había llegado, su teléfono estaba apagado", afirmó Julio Vega, su hermano mayor. Luego, interpusieron una denuncia formal por desaparición ante la Fiscalía.Mientras las autoridades iniciaban las labores investigativas, la familia recibió una comunicación que daría un giro radical al caso. Un hombre, identificado posteriormente como Alexander Contreras, contactó a Julio tras ver las fotos publicadas en redes sociales. "Me contactaron por medio de esa foto. Nunca me dio el nombre. No busque a su hermano vivo, porque ya a su hermano lo mataron por tal lado, Media Luna, por el río y lo mató Camilo Padilla", recordó el hermano de la víctima.Camilo Andrés Padilla, de 22 años, no era un desconocido. Mantenía una relación de amistad con Carlos Daniel desde 2017. Según Contreras, la noche de la desaparición, Carlos fue a recoger a Camilo y ambos se dirigieron hacia el corregimiento de Media Luna, luego este joven llegó a la casa de una tía con el carro de la víctima y visibles rastros de violencia: "Ya mi esposa lo ve que llega en ese carro... me llama escondida y me habla: ay, Camilo, yo no sé qué hizo, tiene la camisa sucia de sangre".El hallazgo del cadáverEl viernes 11 de noviembre, la inspectora de Policía de Media Luna, Mildret Guerrero Navarro, recibió una llamada de un finquero que buscaba una res perdida. "A mí me llama un señor y me dice, 'inspectora Mildrey, mire, la estoy llamando porque estoy acá en la finca y estoy sintiendo como olores fuertes'", relató la funcionaria. Al revisar en un canal debajo de una vía, hallaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, cubierto con ramas de árboles de ceiba.El intendente Carmelo Molina, investigador de la Sijín, procedió al levantamiento: "Se trata de una zona un poco boscosa... se observa un cuerpo sin vida de sexo masculino... los compañeros le logran observar dos heridas de arma de fuego". El cadáver presentaba tatuajes distintivos en el cuerpo y el hombro izquierdo que permitieron a la familia realizar una identificación preliminar.El engaño y la captura del "amigo"Mientras la familia velaba por el hallazgo, Camilo Padilla intentó extorsionarlos. Sin saber que la Policía ya seguía sus pasos, contactó a Julio Vega alegando que Carlos estaba secuestrado por la guerrilla. "Me devuelve la llamada a decirme 'no, es que lo tiene un grupo de la guerrilla por allá para Media Luna’, que la guerrilla estaba pidiendo 150 millones de pesos'", recordó Julio. Tras una "negociación", Camilo aseguró haber bajado la cifra a 5 millones de pesos.Sin embargo, el 11 de noviembre, Padilla fue capturado en Valledupar por porte ilegal de arma de fuego en flagrancia. Esta detención permitió a los investigadores ganar tiempo para vincularlo formalmente con el homicidio. Las pruebas recolectadas fueron contundentes: videos de cámaras de seguridad mostraron a Camilo y Carlos Daniel juntos en una motocicleta y en el vehículo negro poco antes del crimen. Además, se estableció que Camilo llegó a casa de un familiar con un morral que contenía los zapatos y las gafas deportivas de la víctima.La investigación determinó que el móvil del asesinato fue el robo. Camilo Padilla habría vendido el vehículo de Carlos Daniel por apenas 5 millones de pesos poco después de asesinarlo para comprar una motocicleta. Incluso se conoció que Padilla pretendía desmembrar el cuerpo para ocultar el rastro, solicitando a un tercero "bolsas negras y un machete que cortara bastante".A pesar de las evidencias, Padilla mantuvo su versión de que era inocente durante el proceso, alegando haber estado en el "lugar equivocado". Su defensa intentó dilatar el juicio mediante solicitudes de libertad por vencimiento de términos, pero las pruebas de la Fiscalía y la persistencia de la familia evitaron su salida.La sentenciaEn febrero de 2025, la justicia emitió un fallo definitivo. Camilo Andrés Padilla fue condenado como autor de homicidio agravado, porte de armas y hurto calificado. La sentencia fue contundente: "Condenar a Camilo Andrés Padilla a la pena principal de 640 meses de prisión, es decir, 53 años y 3 meses de cárcel".Para la familia Vega Lobo, aunque la condena trae algo de paz, el vacío dejado por Carlos Daniel es irreparable. El joven estaba a solo un semestre de graduarse como abogado y tenía planes de matrimonio con Paula. Hoy, el legado del estudiante perdura en su sobrino, quien lleva su nombre, y en el recuerdo de su alegría: "Carlos es inolvidable. ¡Uf! Demasiado su risa, sus ocurrencias".
A medida que se acerca la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, los candidatos intensifican sus agendas para los cierres de campaña en plaza pública, permitidos únicamente hasta el domingo 24 de mayo. Este tramo final es considerado definitivo para captar el voto de los indecisos y consolidar las preferencias electorales.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Estas serán las ciudades donde los candidatos presidenciales cerrarán campañaPaloma Valencia ha diseñado un recorrido que culminará el domingo 24 de mayo en Bogotá, tras realizar cierres previos en Neiva (miércoles 20), Barranquilla (viernes 22) y Antioquia (sábado 23). Recientemente, en Antioquia, la candidata enfatizó su compromiso de recuperar el sistema de salud y mantener relaciones comerciales con Israel.Por otro lado, Abelardo de la Espriella concentrará sus eventos de cierre el sábado 23 en Barranquilla y el domingo 24 en Antioquia. Su campaña ha tenido un fuerte enfoque en la costa Caribe, donde recientemente prometió reducir las tarifas de servicios públicos.Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, tendrá un cierre emblemático el viernes 22 en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Posteriormente, dedicará el último fin de semana a las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Cepeda viene de realizar actividades en Popayán y de reafirmar compromisos con la comunidad LGBTIQ+ en la capital.Mauricio Lizcano finalizará su actividad de plaza pública en el departamento de Caldas, donde estará del 22 al 24 de mayo, después de pasar por Medellín y Bogotá. En contraste, Sergio Fajardo y Claudia López han manifestado que no realizarán cierres masivos; Fajardo señaló específicamente que no acostumbra a efectuar este tipo de eventos de clausura.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL