Los polémicos contratos de millonario sistema de filtración de agua en el Meta que no funcionó

Llevar agua potable a colegios, ancianatos y guarniciones militares fue una iniciativa de la Gobernación del Meta en la administración de Juan Guillermo Zuluaga (2020-2023). El problema es que el plan, en el que se invirtieron más de 63.000 millones de pesos, fue denunciado por sobrecostos e irregularidades en la contratación, y el sistema de potabilización no funcionó, por lo que los equipos quedaron abandonados.

Noticias Caracol visitó municipios como Puerto López y Puerto Gaitán, confirman que los filtros están deteriorados o suspendidos, a pesar de la millonaria inversión. Jessica Vega, madre de familia en el Centro Educativo Serranía del Meluá, relató: “Ese tanque lo pusieron pero al poco tiempo lo suspendieron porque vinieron a hacerle la revisión y no estaba apto para los niños, entonces desde ese tiempo no se puede utilizar, solamente se utiliza para lavar los baños”.

Esta situación fue corroborada por la Secretaría de Salud del Meta, organismo que, tras analizar 26 muestras de agua, determinó que el 88% de ellas presentaba "agua no apta para el consumo humano". Por su parte, la administradora de un centro de atención al adulto mayor, Cilia Campo, lamentó que deben seguir comprando botellones de agua: “Hasta que no tengamos autorización no lo vamos a utilizar... vamos a seguir comprando el agua potable”.

El caso de Puerto Gaitán y Puerto López se repite en por lo menos 20 municipios del Meta y en otros en Vichada. La historia de los costos, de su contratación y de la forma como la administración del exgobernador Zuluaga justificó el costoso precio de los tanques purificadores parece tan turbia como el agua que luce aposada en su filtros.

La empresa detrás de la polémica contratación

En la gobernación de Zuluaga " los beneficiados" ya no sólo eran los militares, sino estudiantes y abuelos. Allí surgió el nombre de una empresa que será clave en todo el proceso, Capital Invesment SAS. Según la gobernación del Meta, ellos eran los únicos que ofrecían una tecnología avanzada para la filtración de agua, así justificaron la falta de otros oferentes. El representante a la Cámara por el Meta, Jaime Rodríguez, quien ha investigado el tema, señaló que se utilizó una modalidad de contratación directa bajo el argumento de exclusividad de la marca H2GO Global, fabricante de los equipos en Malasia.

La polémica se intensificó con las certificaciones de seguridad. Según veedores ciudadanos, los documentos presentados como aval de la NSF (National Sanitation Foundation) serían falsos. Guillermo Ramos, veedor de la ONG Transparencia por la Orinoquía, afirmó que: “Es claro que en el cumplimiento de requisitos legales no cumplen... ellos estipulan que son autorizados para distribuir pero no autorizados por la ONAC y la NSF de hecho, no aparecen en la lista”. La propia NSF confirmó que H2Go no posee productos certificados ni autorización para usar su marca.

Por otro lado, las cifras del proyecto también causan cuestionamientos. Mientras que el costo real de un sistema, incluyendo transporte e instalación, se estima en unos 10 millones de pesos, la Gobernación y las alcaldías pagaron sumas que superan los 270 y hasta 320 millones de pesos por cada tanque. “Si usted observa sería cuatro millones ochocientos, póngale dos millones en instalación, son 6 millones ochocientos... pero los cobraban, los de dos mil litros, a 200 y pico de millones”, dijo el congresista Rodríguez.

En total, se estima que los recursos públicos comprometidos en el Meta y Vichada superan los 63.000 millones de pesos, de los cuales la Contraloría ya ha identificado hallazgos con presunta incidencia penal y fiscal por más de 14.735 millones en Puerto Gaitán y $5.000 millones en Puerto López.

Habla Capital Investment SAS

El abogado de Capital Investment SAS defendió la legalidad de los contratos argumentando que son distribuidores exclusivos y que los problemas de funcionamiento se deben a la falta de mantenimiento. Según el jurista: “En algunos casos a nosotros como contratistas o a la empresa que represento no se le ha permitido ingresar para hacer la respectiva garantía para hacer los respectivos mantenimientos”.

Por otro lado, aunque se intentó obtener una respuesta del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, su equipo de prensa no facilitó el contacto. El actual alcalde de Puerto López, Pedro Velandia, manifestó que, al ser contratos liquidados por la administración anterior, es jurídicamente difícil recuperar los recursos: “Me queda muy difícil revivir porque ya se liquidó y cuando se liquida se supone que en ese momento la administración lo recibe a satisfacción”.

Mientras las investigaciones avanzan en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, miles de niños y ancianos en el Meta siguen esperando el agua potable que se les prometió en una valla que hoy el tiempo empieza a borrar.

ÁLVARO ACEVEDO ÁVILA
NOTICIAS CARACOL