Mancuso y ‘Jorge 40’ pagarían 21 y 30 años de cárcel respectivamente en EE. UU.

Cuando han pasado siete años desde su inesperada extradición de Colombia a Estados Unidos, el proceso por narcotráfico contra los exlíderes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo llega a su fin con unas peticiones de prisión de 21 años y 11 meses para el primero y de 30 años para el segundo.

Para el 30 de junio está programada la audiencia para dictar sentencia contra Mancuso, el dirigente de más alto rango de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extraditado a EEUU y al que la Justicia de este país acusa de ser un "traficante de droga", según el documento de petición de condena al que tuvo acceso Efe.

"El defendido era un comandante de las AUC que tenía bajo su cargo una gran área estratégica del norte de Colombia y, por lo tanto, controlaba el tráfico de droga de esa zona, desde la agricultura hasta la producción en laboratorios, el transporte y la distribución", aseguró el Gobierno de EEUU, en el documento de la Fiscalía, en su escrito de acusación.

Aunque Mancuso compartía el liderazgo de las AUC con el fallecido Carlos Castaño, la Justicia de EEUU asegura que el acusado era quien "ejercía control directo" sobre algunos de los bloques de esos escuadrones paramilitares de ultraderecha, compuestos en total por 30.000 personas organizadas como una "división del Ejército".

Cuando el juez dicte condena, se pondrá fin al viaje que Mancuso, alias "El Mono", y otros 13 altos exjefes militares de las AUC comenzaron el 13 de mayo del 2008 en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), cuando el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), autorizó su extradición a EEUU.

Entonces, el Gobierno de Uribe alegó que los extraditados habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz al haber seguido delinquiendo desde la prisión y, por tanto, no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que habían depuesto las armas.

Otro de los exlíderes paramilitares que viajó esposado en ese avión de la DEA, Tovar Pupo, alias "Jorge 40", conocerá el 25 de agosto si es condenado por su papel en las AUC, fundadas para luchar contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Ejecutivo de EEUU exige para él una pena de 30 años de prisión y el pago de una multa de un millón de dólares, según el escrito de petición de condena.

El escenario para ambos veredictos será la Corte del Distrito de Columbia, ubicada en Washington y que durante años ha guardado silencio sobre estos casos ante la posibilidad de que, en ellos, se desvelarán secretos de la "parapolítica", escándalo que salió a la luz en 2006 y que reveló nexos entre dirigentes políticos colombianos y paramilitares.

El fin del hermetismo ha permitido descubrir que ambos exjefes paramilitares reconocieron su liderazgo en importantes actividades de tráfico de drogas desde Colombia a EEUU, aunque Tovar Pupo, comandante del Bloque Norte de las AUC, intentó sin éxito cambiar su declaración de culpabilidad.

En su testimonio, Pupo estimó que había llegado a tener a sus órdenes a un máximo de 5.000 hombres y comparó a los escuadrones ultraderechistas con "una división de la Armada del Ejército estadounidense en la que él servía como un general con otros bajo su mando".

Además, en su escrito de petición de condena, el Ejecutivo estadounidense puso de relieve la "extraordinaria" cantidad de cocaína cuya producción y tráfico estaba bajo el mando de Tovar Pupo, y que cifra en al menos 1,5 toneladas entre 2002 y 2005.

Durante sus años de encarcelamiento en EEUU, en Colombia continuaron los procesos judiciales y las condenas, la última de ocho años de cárcel contra Mancuso en octubre pasado por crímenes de lesa humanidad como torturas, desaparición forzada, homicidios y desplazamientos.

Queda por ver cómo los dos países coordinarán el cumplimiento de los castigos, así como el tiempo real que Mancuso y Tovar Pupo permanecerán entre rejas de ser condenados.

En los documentos presentados ante la Corte, el Gobierno de EE. UU. abre la puerta a conmutar algunos años de pena por el tiempo que los acusados ya han permanecido en prisión.