Una investigación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se centró más en La Guajira con niños y niñas de primera infancia, mostró irregularidades en por lo menos 220 contratos cuyo dinero se fue negocios personales o, inclusive familiares, según denunció la misma directora de la entidad, Astrid Eliana Cáceres.
En diálogo con Noticias Caracol, la funcionaria reveló que entre las irregularidades descubrieron “grupos de contratistas de operadores que tenían a su cargo haber pesado y tallado a tiempo los niños y niñas y no los pesaron ni los tallaron. Este proceso de análisis va de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Es el grupo de contratos que se tomaron”.
La directora del ICBF agregó que “encontramos que se había perfilado como un modelo de negocio alrededor de la contratación de primera infancia. Esto quiere decir que varios de nuestros operadores se habían juntado para hacer uniones temporales, para manejar volúmenes grandes de contratación y que habían usado las mismas certificaciones de experiencia, o las mismas direcciones y habían hecho ejercicios para dominar la contratación estatal”.
La doctora Cáceres reveló que se ha “cerrado la segunda parte de un informe preliminar de la auditoría forense. Tenemos dos procesos de auditoría iniciados el año pasado sobre los procesos de contratación de primera infancia, y este último nos deja bastantes sinsabores en términos de la manera como la contratación de primera infancia se venía haciendo en el país”.
¿Cuántos niños resultaron afectados en La Guajira?
“Todavía está por establecerse el número de beneficiarios que pudieron haber estado dentro de estos contratos y de lo que eso significa una afectación para sus niños y niñas”, dijo la directora del ICBF.
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Indicó que la investigación empezó porque “nos llegaron varias denuncias, pero nosotros empezamos un proceso con la Secretaría de Transparencia de Presidencia desde el inicio de la administración nuestra, con un equipo especializado de auditores forenses dentro de ICBF, retomando todas esas denuncias y haciendo un análisis de todo lo que había en los documentos públicos de esas contrataciones”.
“Nuestra intención es recuperar el carácter público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta entidad tuvo la operación directa, tuvo profesionales de planta trabajando en todos los servicios de primera infancia y creo que lo podemos lograr con un plan de trabajo que tenemos tanto con Ministerio de Educación como con Ministerio de Salud en lo que corresponde a ese tipo de servicios que están vinculados a ellos”, añadió.
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Recalcó que “hay muchos recursos del Estado invertidos en primera infancia como para que los resultados terminen no llegándoles a los niños y niñas del país”.
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