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Un nuevo hecho de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en la mañana de este jueves 9 de octubre en Cartagena. El dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo fue víctima de un atentado sicarial cuando se encontraba cerca de su residencia, en el barrio Simón Bolívar, al sur de la ciudad. Según la información preliminar, el funcionario recibió dos impactos de bala y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.
De acuerdo con versiones iniciales, Palacios acababa de salir de su turno en la cárcel de Ternera y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por los atacantes. Al parecer, los sicarios lo habrían seguido hasta las inmediaciones de su casa, momento en el que abrieron fuego contra él. El guardián se encontraba vestido de civil. Por ahora, las autoridades adelantan labores de investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.
El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo Rodríguez, confirmó el atentado a través de su cuenta de X. “En horas de la mañana un nuevo atentado sicarial contra guardián de @INPEC_Colombia en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de #Cartagena. No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios”, escribió el dirigente sindical, reiterando su denuncia sobre los riesgos que enfrentan los funcionarios del Inpec en todo el país.
El caso de Palacios se suma a una ola de ataques ocurridos durante la última semana contra miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. El pasado martes 7 de octubre, la entidad confirmó un atentado en Cali, donde fue asesinado el dragoneante Jimmy Flores Salazar tras recibir varios disparos cuando salía en su vehículo de su turno en la cárcel Villahermosa. En ese mismo centro penitenciario también fue ultimado recientemente un médico del Inpec.
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Los registros oficiales señalan que en menos de siete días se han reportado cinco ataques contra funcionarios de la institución. El primero ocurrió el viernes 3 de octubre, cuando cuatro guardianes que salían de turno de la cárcel La Modelo, en Bogotá, fueron atacados por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos, Miguel Muñoz Llano, de 26 años, murió por los impactos de bala. Un día después, en Armenia (Quindío), otro dragoneante fue víctima de un intento de homicidio cuando su camioneta recibió cinco disparos. En esa ocasión, logró salir ileso. El domingo 5 de octubre, un funcionario del Inpec en Bello (Antioquia) fue atacado mientras se dirigía a Medellín. Aunque los agresores intentaron dispararle, consiguió escapar maniobrando entre otros vehículos.
Frente a esta cadena de hechos, el sindicato ha insistido en que los ataques estarían relacionados con la presión de bandas criminales sobre las decisiones del sistema penitenciario. “Todos sabemos que las personas privadas de la libertad, jefes de estas bandas, no pierden su poder delincuencial, y cuando no se accede a los compromisos o caprichos de esta gente, pues ellos mismos ya se han asociado. Cuando hay traslados de privados de la libertad por mantener el orden, de manera aleatoria hacen en cualquier parte del país este tipo de atentados”, explicó Robayo en declaraciones a Noticias Caracol.
El dirigente también solicitó protección urgente del Gobierno Nacional ante el alto riesgo que enfrentan los funcionarios penitenciarios. “Es de las actividades más peligrosas del país y más cuando las bandas criminales se dan cuenta de que es la voz más débil de la justicia”, agregó.
Como respuesta a la serie de atentados, el Inpec anunció nuevas medidas de seguridad para sus funcionarios. A través de un comunicado emitido este miércoles, la institución informó que adelanta gestiones con el Comando General de las Fuerzas Militares para que los permisos de porte de armas otorgados a los guardianes tengan una excepción especial, en reconocimiento al riesgo que implica su labor.
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Esto permitirá que los funcionarios puedan portar armas de uso personal, bajo el cumplimiento de los parámetros legales establecidos. Para ello, se realizará una feria especial donde el personal podrá adquirir estos elementos con condiciones preferenciales, descuentos y prioridad en los trámites. Además, se implementará una campaña de capacitación enfocada en el manejo responsable, mantenimiento y normas legales y éticas sobre el uso de armas.
Estas acciones se suman a otras medidas adoptadas en días recientes, como la suspensión temporal de visitas a personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios de Bogotá y del Valle del Cauca, y la paralización provisional de traslados en esas regiones, salvo las remisiones médicas vitales.
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
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