ONU recomienda "enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso, Putumayo”

Ante la controversia por el operativo militar en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que murieron 11 personas, entre ellas una mujer en embarazo y un menor de edad, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a “la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.En contexto: Las explicaciones del general que comandó cuestionado operativo en PutumayoLuego de los hechos ocurridos el 28 de marzo, la organización realizó una misión para obtener información de primera mano sobre el operativo militar: “La documentación realizada hasta la fecha brinda una base razonable para sostener los puntos que expondremos aquí:Entre el 26 y el 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso, Putumayo, se realizaba un bazar para recaudar fondos en el que habrían participado alrededor de 200 personas.El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres.Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso resultaron muertas unas 11 personas y 5 más quedaron heridas."En ese sentido, la organización señaló que “según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”, es por eso que insta a la Fiscalía a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente.Vea también: ¿Dónde está alias ‘Bruno’, el objetivo del controvertido operativo militar en Putumayo?Asimismo, “recomendamos que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso, Putumayo”.La ONU manifestó que se deben tomar medidas de prevención, protección y reparación a la comunidad, “incluyendo proteger la vida e integridad de testigos”.Finalmente, también hace un llamado a la protección de periodistas investigativos que han recibido ataques por sus publicaciones sobre estos hechos.