¿Personas ya investigadas o condenadas por aborto se beneficiarían con la despenalización?

Con la despenalización del aborto en Colombia, las personas que han sido procesadas por ese delito también tendrían un beneficio penal que se aplicaría de inmediato. Los alcances no son solo para quienes se lo practicaron, sino también para aquellos que les hayan ayudado.

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En el caso de las mujeres, la juez penal Helena Hernández señala que esto implica que quienes “están siendo investigadas o procesadas por el delito de aborto deban ser desvinculadas, el proceso penal se deba terminar a través de una preclusión o si estamos ante una condena esta deba ser revocada; procedería la acción de revisión o eventualmente la casación. En otros términos, las condenas quedan sin efectos, pues la decisión de la Corte Constitucional tiene efectos retroactivos”.

El abogado penalista Francisco José Sintura agrega que “la decisión de la Corte Constitucional aplica para los casos de abortos consentidos y se extiende no solamente a la madre que provoca su aborto, sino a quien con su consentimiento se lo ha provocado”.

“Lo que sí no aplica es para casos de abortos forzados o no consentidos por la madre”, recalca.

En el caso del aborto, son más los hombres que han sido condenados por este delito que las mujeres que lo practicaron, señala el abogado penalista Marlon Díaz.

“Privados de la libertad hay 11 personas cumpliendo pena, 10 hombres y una mujer. La pena que está establecida en el código penal para el delito de aborto en las condiciones que continuaba siendo delito después de esa sentencia de la Corte Constitucional del año 2006, que lo despenalizó en una circunstancia específica, hoy en día es de 16 a 54 meses”, es decir, 4 años y medio de prisión, detalla.

La despenalización del aborto genera otras consecuencias.

A “las mujeres que fueron condenadas por abortos ilegales en su época deben ser eliminados sus antecedentes y, además, se abre una puerta importante para la posibilidad de que el Estado las indemnice por el tiempo que estuvieron privadas de la libertad y, además, por los gastos de defensa en los que incurrieron”, sostiene el abogado Ricardo Burgos.

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