Plata de FARC para reparar víctimas podría terminar financiando sus actividades políticas: fiscal

Néstor Humberto Martínez reveló que tras analizarse más de 5.500.000 archivos se estableció que la riqueza de esa guerrilla es de varios billones de pesos.
Lea aquí la entrevista completa:
¿Cómo ve el tema de la paz que concentra la atención del país?
La paz es el hecho histórico más en 200 años de vida republicana. Por eso tenemos que, entre todos, construir una paz más incluyente para lograr la reconciliación estable y duradera.
¿Cómo se construye esa paz?, ¿cómo dibujarla?
La dibujo a través de un sistema de justicia. Para eso está la Justicia Especial de Paz (JEP) que permita que no haya impunidad. De eso tenemos que asegurarnos bien todas las autoridades que tenemos que intervenir. Tenemos que lograr que a partir del silencio de los fusiles, que implica que terminó la guerra militar, ahora no se empiece una guerra jurídica entre los actores del conflicto.
¿Cómo se podría armar esa “guerra jurídica”?
Esa guerra jurídica se puede armar sí, por ejemplo, se nos solicitó que la unidad de la Fiscalía se dedicara a investigar fundamentalmente los hechos del pasado contra los agentes del Estado y contra los terceros. Ellos tienen que ir a la JEP, eso es lo que dice el acuerdo. Dedicar la jurisdicción ordinaria a rescatar todas las investigaciones del pasado, que son propias de la justicia transicional, ese sería un mecanismo de decir: para los reinsertados de las FARC, la JEP con sus beneficios, y para los agentes del Estado y los particulares la justicia ordinaria con todo su régimen de privación de libertad y condenas ordinarias. Eso es lo que no se puede concebir y eso no es lo que dice el acuerdo. Así se lo transmití a las FARC el pasado fin de semana.
¿Esa transición de los guerrilleros a esa justicia, qué implica para la Fiscalía?
Es muy importante que los colombianos lo entiendan bien. La JEP va a conocer de los conflictos que ocurrieron en el conflicto. La Fiscalía en el caso de la guerrilla de las FARC tiene mucho más de 55.000 investigaciones que estaban avanzando. El nuevo orden constitucional impone que presentemos unos informes a la JEP y allá será donde se juzgue. Buenas cercas hacen buenos vecinos, entonces que quede claro qué es de la JEP y qué de la jurisdicción ordinaria, porque -por ejemplo- si hay reincidencia pues necesariamente tiene que haber competencia de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía.
Cuando se les entrevista a los guerrilleros ellos dicen: “nosotros no somos ricos, no tenemos plata, no tenemos bienes y eso se lo han inventado personas enemigas de la paz”. Qué ha logrado detectar la Fiscalía sobre los bienes de la guerrilla
Me comprometí con los colombianos a asegurar que el patrimonio ilícito de las FARC pase al Estado colombiano. Esa leyenda de la pobreza franciscana está por terminar. Organicé un grupo de 300 personas y hemos organizado un búnker, donde con la más moderna tecnología nos hemos dedicado a abrir los archivos de todos los operativos militares y de policía de los últimos años, donde estaba toda la información sobre la riqueza de las FARC. No se había abierto.
Cuando usted dice abrir la información a qué se refiere, ¿qué están haciendo estos 300 hombres?
Todos son aplicativos, archivos.
De computador…
De computador, de Ipads, de celulares… información especialmente virtual. Hemos logrado analizar ya 5.500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las FARC.
¿Qué dimensión es eso en información?
Son teras de información. Hoy puedo decirle a los colombianos que por primera vez el Estado tiene el inventario de los bienes de las FARC. Por primera vez el Estado tiene el listado de testaferros de las FARC, tenemos los nombres propios con cédulas de ciudadanía de quiénes son los tenedores de los activos ilícitos. Las FARC tienen que entregar el próximo 1 de agosto un inventario de sus activos. Ahora el Estado tiene cómo conciliarlos.
Se pueden confrontar ahora…
Ya tenemos el inventario. Lo importante es que ellos hagan su inventario y el Estado ya tiene el suyo y vamos a confrontarlo.
¿Cuánta plata tienen hoy las FARC en bienes, inmuebles, efectivo, ganado y tierra según ese inventario de la Fiscalía?
Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extensión de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos.
Ha hecho una revelación explosiva frente a ese inventario pero no da nombres…
Bueno, el país ya conoció algunos empresarios de frigoríficos, hace un par de semanas.
Si no me puede dar nombres, ¿qué actividades son en las que tienen más plata de las FARC?
Ganado, carne, como se vio hace dos semanas en un operativo de varios miles de millones de pesos que hizo la Fiscalía en el Valle. Espero que en el curso de las próximas semanas podamos identificar varios proyectos de extinción de dominio de empresas muy, muy grandes que hemos establecido que están asociadas dadas a actividades de las FARC y de su patrimonio.
¿Son empresas tradicionales constituidas y reconocidas?
Empresas con las cuales los ciudadanos de a pie tienen contacto todos los días.
Por sus productos…
Así es.
¿Esos empresarios, esos civiles de todo tipo y de toda actividad que van a terminar salpicados por sus relaciones económicas con las FARC, pueden irse a la JEP y decir “eso fue producto del conflicto, me obligaron, me extorsionaron…”?
Eso es muy importante. El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las FARC. Es algo que yo reivindico y digo para legitimar el acuerdo. El patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio. Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la JEP sino de la jurisdicción ordinaria.
Usted dice que en agosto las FARC entregan su inventario, la Fiscalía ya tiene su inventario, ¿qué pasa si no coinciden? Digamos que sean 20.000 millones de pesos, ¿qué pasa con esa diferencia?
20.000 millones de pesos son centavos… estamos hablando de muchísimo más.
De mucho más… ¿si no coincide qué pasa?
Si no coincide dice el acuerdo que todos los activos están sometidos al régimen ordinario, los que no hayan inventariado.
Se los quitan…
Tienen que ser objeto de extinción de dominio.
¿Y eso coincide con lo que dice la JEP sobre esos temas específicos de bienes obtenidos de manera ilícita en el conflicto?
Se acaba de expedir un decreto que hemos estado revisando con mucha atención en la Fiscalía, que es el 903 del pasado fin de semana, donde se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las FARC tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes. Si la Constitución dice que se tiene que extinguir el dominio de los bienes ilegales, pues necesariamente las FARC no pueden mantener ningún tipo de participación en la propiedad de esos activos porque la lectura que puede hacer cualquier ciudadano es: “entonces están lavando los activos por medio de un fondo fiduciario que van a terminar administrando de alguna manera las FARC”. Esa no puede ser la lectura y el entendimiento que tiene la Fiscalía.
¿Eso es lo que interpreta usted o así lo dice el decreto?
Así lo dice el decreto, que ese fondo fiduciario será gobernado por un consejo cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno Nacional por recomendación de las CICIP y esa comisión e donde tiene participación las FARC.
Leyendo los decretos y los acuerdos de paz entre Gobierno y FARC se supone que la plata que obtuvieron durante todos esos años, esos billones que la Fiscalía ha comprobado que tiene, ¿no se supone que es para reparar a las víctimas?
En la lógica constitucional uno diría que esos activos deberían entrar al Estado porque hay extinción de dominio. Y qué va a hacer el Estado con esos bienes, pues lo que desde el punto de vista de la soberanía fiscal y tributaria decida el propio Estado, es decir el Congreso y el Gobierno con recursos que son ya de naturaleza pública. Claro se puede decir que vayan a reparar a las víctimas, ese es un fin plausible. Pero resulta que el decreto que acaba de expedirse dice que tendrá por objeto reparar a las víctimas y también el financiamiento de los programas contemplados en el Acuerdo final en el punto 3.2.2; y uno va a ese punto y resultan ser actividades relacionadas con programas económicos y sociales para la guerrilla. Es más, allí se establece que el desarrollo de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las FARC. Esto implicaría, si se lee así crudamente como dice el Decreto, que con parte de estos activos se va a financiar la actividad política de las FARC cuando precisamente lo que ha sostenido la Fiscalía es que no es posible que con los activos de las FARC se vaya a ejercer la democracia. Eso generaría una inequidad en el debate político, entre la política tradicional lo que representa el estado convencional que ellos confrontaron y lo que ellos representan. La esencia de este acuerdo de paz es que ellos están bienvenidos a la democracia y a hacer la política, pero en igualdad de condiciones. No podría ser que ellos lo hagan con el financiamiento del patrimonio ilegal del secuestro y el narcotráfico. Eso no se puede admitir por parte de la sociedad colombiana y no puede ser la lectura que se le pueda dar.