Las protestas pacíficas en Norte de Santander tendrán en los próximos dos meses condiciones distintas al resto del país. Un juez ordenó que no se pueden usar las pistolas taser durante esos eventos.
“Es un fallo histórico y que tiene que abrir el debate en el país de estas armas letales, de las consecuencias que originan cuando son aplicadas en cuerpos de hombres, mujeres y niños. Así como se prohibió la escopeta calibre 12 que también sean las taser prohibidas”, dice Enrique Pertuz, el demandante.
Aunque la Policía Nacional precisó que en las protestas no se utilizan este tipo de elementos, el director de la institución, general Óscar Atehortúa, dijo que buscará impugnar la decisión mientras los demandantes piden que se aplique a nivel nacional.
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"Debemos decir que la Policía es respetuosa a las decisiones judiciales y siempre las hemos acatado a cabalidad; no obstante, utilizaremos las herramientas que nos da el mismo Estado colombiano, Vamos a impugnar la decisión", señaló.
Entre tanto, en Bogotá, el gobierno realizó dos reuniones para cumplir con otros fallos judiciales sobre la protesta social: el de la Corte Suprema y el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En los dos se busca la creación de protocolos para la fuerza pública frente a la protesta social.
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“Hemos llegado a un punto de acuerdo con el gobierno sobre una metodología de trabajo que nos permitirá abordar, de aquí a nueve semanas, todo lo relativo del protocolo el uso de la fuerza del Estado en las manifestaciones sociales”, indicó Franklin Castañeda, presidente de la fundación Comité de la solidaridad con los presos políticos.
La Corte Suprema espera resultados antes del 24 de diciembre en una mesa entre gobierno, tutelantes y autoridades. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió un protocolo exprés que deben elaborar gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca y que debe estar listo la próxima semana.
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