El proceso que hoy lleva a la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez comenzó en marzo de este año con unas explosivas declaraciones de la exesposa del hijo del presidente Petro.
Daysuris del Carmen Vásquez Castro, mejor conocida como Day Vásquez, reveló el pasado 2 de marzo, en entrevista con la revista Semana, que evidenció cómo su exesposo, Nicolás Petro, recibió aproximadamente 2.000 millones de pesos para financiar ilegalmente la campaña presidencial que se adelantaba en ese entonces.
“Primero, recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro, con un señor Santander Lopesierra, extraditado, y le recibió dineros a este señor para la campaña del papá. Nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con este dinero”, dijo Vásquez al medio citado.
Horas después de las explosivas declaraciones, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de un comunicado en donde le pidió al fiscal general de la nación determinar posibles responsabilidades en delitos con rumores relacionados con su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando Petro.
Gustavo Petro fue tajante en señalar que en su gobierno no se daría ningún tipo de beneficio a cambio de sobornos. Como respuesta a esta petición, el fiscal Francisco Barbosa salió al paso y dio apertura a esas investigaciones.
“Hemos iniciado acciones investigativas en el caso de los hechos conocidos y de las declaraciones que presentó una persona sobre el hijo del presidente Gustavo Petro. Ya hay un grupo investigativo. Esa persona ha hecho una declaración bajo gravedad de juramento, pero quiero decir una cosa, una cosa son los hechos periodísticos y otra son los hechos judiciales. Debemos entrar en una corroboración de cada una de esas circunstancias para decirle al país que vamos a actuar de forma responsable”, informó el fiscal Barbosa, meses atrás.
Para ese momento, ya avanzaba una investigación por la supuesta creación de una red que pedía sobornos a privados de la libertad en las cárceles a cambio de ser incluidos en el proyecto de paz total.
Para el 8 de mayo, se conoció que los abogados de Nicolás Petro recusaron al fiscal general y los fiscales del caso por considerar que estaban impedidos en dicha investigación. La recusación fue negada y el caso continuó en manos del ente acusador.
“Una vez concluya la imputación de cargos, el juez deberá decidir sobre la solicitud de la Fiscalía de medida aseguramiento, bien sea esa intramural o domiciliaria y agotado ese trámite. La defensa tendrá que definir, como tema estrategia, si se va a un juicio pleno completo y contradictorio, o si resuelve más bien atender a un proceso de justicia negociada o consensuada. Es decir, celebrar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando responsabilidad”, argumentó Francisco José Sintura, abogado penalista.
Se está a la espera de la asignación del juez de garantías que asumirá el proceso.
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