Hay preocupación en algunos sectores por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dio la razón al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y determinó que se le violaron sus derechos políticos cuando fue destituido e inhabilitado por 15 años, por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.
Reclamaciones similares al proceso de Petro superan los 20.800 casos, según el director de la agencia jurídica para el Estado, Camilo Gómez.
“Los ganadores de esta decisión son los funcionarios públicos de elección popular que les gusta la corrupción, y no vamos a dejar que se salgan con la suya”, manifestó.
Este argumento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado toma como base lo dicho por la CIDH y es que funcionarios de elección popular no podrán ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas, en este caso la Procuraduría y la Contraloría.
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CIDH falla a favor de Gustavo Petro y determina que el Estado violó sus derechos políticos
La sentencia de la corte, además ordena una reforma legal para aplicar un procedimiento penal, a lo que Gómez refiere: “Gustavo Petro se clavó el cuchillo con esta materia porque ahora no será juzgado por un procurador, sino por un juez penal seguramente porque las conductas del senador Petro no fueron juzgadas por la Corte Interamericana”.
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Por su parte, el excontralor de la capital Juan Carlos Granados señala que la decisión no examinó el sistema colombiano: “a quienes manejan de manera antieconómica los recursos del Estado no podremos sancionarlos y por el contrario tendremos que tenerlos en el manejo de dichos recursos”.
El gobierno de Colombia pedirá una aclaración la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las reformas exigidas en la sentencia.
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