Instauró una acción popular con la que busca controlar los desechos que las empresas y cargueros arrojan al agua.
“Esperamos que dé resultado en el corto plazo en el sentido de poner en marcha acciones que van a redundar en beneficio de la preservación ambiental de la bahía de Santa Marta”, dijo el procurador Fernando Carrillo.
La acción, interpuesta en el Tribunal Administrativo del Magdalena, es contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag), la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental de la capital del Magdalena (DADSA) y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.
Entre las medidas cautelares solicitadas, el Ministerio Público pidió al Tribunal que ordene a la ANLA, Corpomag y DADSA exigir a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que suspendan de manera inmediata sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía y que inicien los procesos sancionatorios que sean pertinentes.
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Solicitó ordenar a la Dirección General Marítima que inspeccione y controle la operación de los buques de carga y comerciales, para impedir que hagan vertimientos de cargas contaminantes y altamente tóxicas en el área de influencia de la bahía.