¿Qué impactos económicos tendrá Colombia con la eliminación del impuesto solidario?

Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto que establecía un impuesto solidario para atender la pandemia en Colombia, el Estado tendrá impactos económicos en el 2021 y las personas que esperaban alguna devolución de ese dinero no la van a tener.

Este impuesto, vigente por tres meses, estaba dirigido a funcionarios públicos, pensionados y contratistas que devengaban 10 millones de pesos o más. De esta manera, el Gobierno esperaba recibir cerca de 300 mil millones de pesos para enfrentar el coronavirus COVID-19.

Según Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, la decisión tomada por la Corte Constitucional no afecta en nada el recaudo de ese dinero.

“Lo importante para el país era que tuviéramos recursos para atender la emergencia. Para este año, están garantizados y podemos seguir atendiendo la emergencia con total tranquilidad”, aseguró.

Ahora bien, las personas que pagaron este impuesto, en ningún momento recibirán devoluciones de sus dineros de la misma forma en que se los dedujeron de sus salarios.

Este dinero se tendrá en cuenta como anticipo del pago del impuesto de renta, lo que afectará al Estado, porque, para el 2021, habrá menos recaudo tributario.

“Lo que ya pagaron los servidores públicos o los contratistas del Estado se abona al impuesto de renta que van a tener que presentar por el año gravable 2020, que se liquidará en el año 2021”, explicó Julián Jiménez, analista tributario.

“Es cierto que no habrá un mayor recaudo, sino que lo que está pasando es que se genera un anticipo de renta del próximo año, pero los recursos, cuando los necesitábamos, que era en este momento, los tenemos”, anotó el viceministro de Hacienda.

Para el Gobierno, esta decisión de cobrar un impuesto adicional era necesario para que quienes ganan más ayudaran a los más vulnerables.

“Cuando nosotros concebimos este impuesto, pensamos en las personas más necesitadas para que los recursos de los funcionarios, como nosotros que teníamos los ingresos asegurados, pudieran ayudar a atender a las personas más necesitadas”, resaltó Londoño.

Para los abogados especialistas en materia de impuestos, esta decisión de la Corte Constitucional se esperaba porque la creación de impuestos adicionales a un sector específico de la población atenta contra la equidad tributaria.