El pasado 10 de agosto, un devastador terremoto en Colombia de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió los cimientos de gran parte del país, dejando una profunda huella de destrucción en 476 municipios. Para enfrentar esta monumental crisis humanitaria e iniciar de inmediato las obras de reconstrucción, el Gobierno nacional expidió un decreto de emergencia económica que busca movilizar recursos de forma prioritaria ante lo que ya se clasifica como una catástrofe sin precedentes recientes. (Lea también: Este es el decreto para declarar emergencia económica tras terremoto: ¿en qué departamentos aplica?)
La magnitud de la tragedia supera con creces el histórico terremoto del Eje Cafetero en 1999. Mientras que aquel desastre se concentró en 17 municipios y afectó unas 36.000 viviendas, el evento actual deja un balance de 5.449 personas afectadas, 194.953 viviendas averiadas o destruidas y cerca de 4.280 obras afectadas, entre las que se cuentan colegios, centros de salud y vías de comunicación de vital importancia. Las estimaciones oficiales señalan que la atención de la emergencia y la reconstrucción demandarán al menos 30 billones de pesos, una cifra que triplica los 10 billones de pesos (a valor de hoy) que costó superar la crisis de 1999.
¿Qué medidas contempla el decreto de emergencia económica?
- Préstamos del sistema de regalías: Se autoriza el uso a título de préstamo de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías para financiar proyectos de inversión pública en las zonas afectadas. Actualmente, el sistema cuenta con 13 billones de pesos no comprometidos y unos 8 billones de pesos ahorrados en el Banco de la República.
- Ampliación de obras por impuestos: El sector privado asumirá un papel protagónico en la reconstrucción de escuelas, hospitales y centros comunitarios directamente a cambio de sus obligaciones tributarias. Ciudades que antes no contaban con autorización legal para este programa, como Cali, Pereira y Manizales, serán habilitadas para priorizar el uso de unos 270.000 millones de pesos disponibles.
- Activos incautados para los damnificados: Los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a través del Frisco, que suman unos 17.800 inmuebles confiscados a grupos criminales, se utilizarán para la reubicación temporal y albergues. Asimismo, se agilizará la venta de estas propiedades para transferir recursos directamente a los damnificados.
- Alivios para el comercio, hoteles y cooperativas: Cerca de 400 cooperativas financieras de las regiones afectadas, inscritas en Fogacop, ampliarán sus servicios de crédito a personas afectadas que no estén afiliadas previamente. Para el sector hotelero, que reporta caídas de hasta el 95 % en sus ingresos y el cierre temporal de unos 40 establecimientos, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) entregará subsidios de operación.
- Impulso al empleo y transferencias de Coljuegos: Se destinará de forma temporal el 25 % de los premios de loterías y chances caducos (los que nunca fueron reclamados por los ganadores) para financiar la atención médica de las víctimas. Del mismo modo, se implementará un subsidio no reembolsable a las nóminas empresariales para proteger alrededor de 14.000 empleos formales en riesgo.
El Gobierno nacional por ahora, en este decreto, no contempla nuevos impuestos para los colombianos como normalmente se ha contemplado en anteriores emergencias económicas. Es de aclarar que vendrán otras normativas relacionadas con subsidios y etapa de reconstrucción. (Lea también: Juan Pablo, el topito colombiano de Pereira: “Déjenme ayudar que yo les estoy prestando mi servicio”)
¿Será suficiente el plan del Gobierno?
Diego Herrera Montañez, investigador de la Universidad Eafit, considera que el decreto tiene un balance mixto, aunque inicialmente positivo porque “de alguna manera permite ver que existen formas de financiar". Sin embargo, advierte sobre ciertos vacíos normativos en esta primera etapa: "Uno leyendo el decreto queda con la duda de que este es como una puerta de entrada, pero no está la cuenta de cobro. Se menciona que se tiene el sistema general de regalías, pero no se dice exactamente cuánto vamos a obtener para ello".
El analista de Eafit también puso la lupa sobre el endeudamiento de la nación. Antes del terremoto, el panorama de las finanzas públicas de Colombia ya se encontraba en un "terreno fiscal muy frágil". El Gobierno ha recurrido recientemente a la emisión de títulos de tesorería (TES) de corto plazo a tasas elevadas que superan el 12,5 %, un costo de endeudamiento muy superior al de años anteriores. El Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF) estima que el déficit fiscal para este año podría situarse en un 7,4 %.
Ante este panorama, el experto cree que no será posible evitar un ajuste impositivo a mediano plazo: "Irremediablemente va a llegar un momento en que tendrá que plantearse una ley de financiamiento o una forma de conseguir esos recursos a través de nuevos impuestos". Respecto a la conveniencia de crear un cobro temporal similar al impuesto del 2x1.000 que nació con la emergencia de 1999 (y que hoy permanece convertido en el 4x1.000), Herrera Montañez recomendó prudencia: "Sería partidario de impuestos que sean netamente para atender la emergencia, pero que no vayan para atender las finanzas públicas porque para estabilizar nuestras finanzas públicas necesitamos más de racionalización del gasto y de una reforma más estructural". (Lea también: Afectados por terremoto en Colombia tendrán más tiempo para declarar renta: ojo a las fechas exactas)
***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.