Toma y retoma del Palacio de Justicia: la petición de los seres queridos de los desaparecidos

Cuarenta años han transcurrido desde que el Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego, bombardeado, incendiado y arrasado durante 28 horas, en lo que se ha denominado el holocausto de esa sede del poder judicial. Después de 14.600 días y el paso de ocho presidentes, la impunidad sigue siendo una llaga lacerante que ha impedido la cicatrización en Colombia. La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 11 desaparecidos.La Comisión de la Verdad fue concluyente en su diagnóstico de este capítulo de la historia colombiana, afirmando que todos fueron responsables. El caso evidenció un abismo de orillas en disputa donde la política se impuso sobre la justicia. Entre las responsabilidades señaladas se encuentran la del M-19 por convertir a civiles en rehenes en una "irracional toma armada". Para algunos, lo que hizo la guerrilla fue el antecedente que permitió la acción posterior del Ejército. También responsabilidad del presidente de entonces, Belisario Betancur, por caer en el silencio frente al tema: su Gobierno por nunca saber explicar tantas indecisiones.Responsabilidad también de las fuerzas armadas por un exceso de fuerza que sigue causando estupor. Para algunas víctimas, la tragedia se tomó como una venganza del Ejército y los agentes del Estado contra el M-19 por burlas anteriores, como el robo de armas del cantón o la espada de Bolívar. Dicen que las ganas de acabar con el grupo subversivo y la necesidad de un triunfo llevaron a que se "pasara por encima de todo el mundo".También están la política y sus partidos de ese entonces, que no permitieron un debate razonado de responsabilidades, y el periodismo, que en el momento crucial de la batalla optó por callar.A pesar de que las autoridades sabían de los planes del M-19 desde el 18 de octubre de 1985 —19 días antes de la toma guerrillera— y así lo reportaron varios periódicos, el Palacio de Justicia estaba desprotegido el 6 de noviembre, sin un solo miembro de la fuerza pública resguardando a los jueces. El Estado fue condenado internacionalmente años después por la barbarie de las torturas y desapariciones.La impunidad se ha ido tragando el holocausto a destiempos. Sin embargo, la memoria se mantiene viva a través de la resistencia de los familiares de las víctimas.Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio, ha dedicado cuatro décadas a la búsqueda de la verdad de su padre, quien fue víctima de desaparición forzada a los 29 años.Alejandra tenía 35 días de nacida cuando ocurrieron los hechos. Ella ha logrado determinar, con base en testimonios de dos militares, que su padre fue llevado a las caballerizas del cantón norte, fue torturado y murió durante dichas torturas. No obstante, a la fecha, no se tienen los restos óseos de él para alcanzar esta certeza. Carlos Augusto, nacido en Bogotá el 26 de julio de 1956, era el menor de tres hermanos y había asumido la administración de la cafetería tan solo cuatro meses antes del holocausto.De igual manera, María del Pilar Navarre Urrea rememora la ausencia de su esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes ("Jimmy", como le decía de carió), quien trabajaba en la cafetería y fue desaparecido. Aunque sus restos mortales fueron hallados por las autoridades hace 8 años, Pilar insiste en que Colombia no debe olvidar lo ocurrido.Los familiares han mantenido esta fe y resistencia, no para fomentar el odio ni los rencores, sino para recordarle al país que esta tragedia no se puede repetir. Las víctimas del Palacio no renuncian a la verdad y a la justicia, a pesar de que son conscientes de que cada año que pasa se sepultan un poco más las esperanzas de alcanzarlas plenamente.NOTICIAS CARACOL