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Mauricio Olivera dice que se deben revisar las formas de producción que hay ahora y recalca en el 63% de los empleados actualmente no cotizan pensión.
En Colombia hay 23 millones de personas ocupadas. De esta cifra, 14 millones y medio están en la informalidad. “Básicamente son personas que están trabajando, pero no están cotizando para su vejez. No van a tener una pensión”, sostiene Olivera, director de Econometría consultores.
Ante la polémica sobre el pago por horas, afirma que la idea tiene sentido si se trata de mejorar la realidad laboral: “Es un tema complejo y polémico, pero que es necesario discutir porque lleva mucho tiempo pasando. Por ejemplo, en el sector rural, los trabajadores no están de 8 a 6 con un empleador que les cotiza. Como la legislación laboral no se ha adaptado, lo que está pasando es que los campesinos están por fuera del mercado laboral formal”.
Considera que “la legislación laboral tiene que ser muy bien vigilada para que quien trabaja todo el mes tenga la cobertura del mes, y quien trabaja por horas, tenga la cobertura por horas. No quiere decir que se esté buscando dar un incentivo al empleador o al empresario para que, si contrataba por mes, ahora contrate por horas
”.
Como ejemplo, Olivera cita la situación de las empleadas domésticas que van a casa por días. “Hay algunas que un día van a una casa y otro día van a la otra. La legislación laboral obligaba a que, si van a una casa cuatro días al mes, esa casa debía cotizarle todo el mes”.
Según él, lo que se debe analizar es, si esa persona presta sus servicios a otra familia, cómo debe ser el pago.
Con este panorama, dice que “lo que el Gobierno quisiera reformar es la ley laboral para poder dar esa flexibilidad y acercar la legislación a esa realidad laboral. Lo ideal sería que la realidad laboral cambiara, que todos tuviésemos un trabajo formal de 8 a 6, pero el problema son las formas de producción”.
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Para aterrizar la situación toma como ejemplo a Uber: “Siendo la empresa de transporte más grande en el mundo, no tiene un solo carro y mucho menos un empleado. Quiere decir que ahí no hay una relación laboral exactamente”.
Olivera también pone en la mesa la situación de los conductores de taxis: “un conductor de taxi tampoco tiene una relación laboral con el dueño de un carro, lo que tiene es una relación comercial. En esa relación comercial el ingreso es volátil, no hay un salario fijo mensual”.
Sobre la reforma laboral puntualiza que “es diferente el control que se haga a los tipos de contratos a tener una legislación muy rígida que deja mucha gente por fuera. Entonces, por una buena intención, lo que terminamos es teniendo más de la mitad de los trabajadores en una situación que no están construyendo su vejez”.
Olivera coincide con el gobierno en lo de la “bomba social” respecto al tema de pensiones, pero no enfocada hacia lo financiero. “El sistema no está a punto de quebrar”, recalca.
La “bomba” a la que se refiere es a que el 63% de los trabajadores de Colombia no están suscritos a este beneficio, explica.
Compara el caso de Colombia con el de Brasil, donde anualmente gasta el 12% del PIB para cubrir pensiones, mientras que en nuestro país se invierte el 3,5% y la razón es una: “aquí hay muy pocos pensionados”.
“Socialmente es una bomba porque al final, cuando ese 63% llegue a ser adultos, es el Estado quien va a tener que encargarse”, sostiene.
“La crisis financiera de Colombia que se presentó en 1999 obligó a sacar una ley que no permite que los gastos de funcionamiento en el Estado crezcan, pero el Estado siguió creciendo y la sociedad siguió creciendo. Como esa ley frenó esos gastos, lo que termina haciendo el Estado es contratar por prestación de servicios”, afirma.
Sobre esta explicación declara que “hay una desprotección laboral ahí” y que por eso es necesaria una reforma, para que haya “la gente adecuada de planta”.
“El tema grande que tenemos que buscar es la mayor cobertura posible, que los colombianos tengan una pensión”, puntualiza.
Además, analiza el caso de Colpensiones y Asofondos
: “Si todos los colombianos estamos en los fondos privados, las pensiones serían muy bajas. Si todos los colombianos estamos en el fondo público, el gasto del gobierno es muy alto. Tenemos que buscar ese equilibrio, deberían subsistir conjuntamente”.
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