La cadena colombiana de restaurantes de comida rápida Presto continuará operando pese a la apertura de su proceso de liquidación judicial. La Superintendencia de Sociedades autorizó que Franquicias y Concesiones S.A.S., empresa que opera la marca, mantenga en funcionamiento determinados puntos de venta y sus unidades de apoyo, mientras se busca un comprador que permita vender el negocio como una unidad económica productiva.
La decisión se conoció después de que, el 13 de octubre de 2026, se decretara la terminación del acuerdo de reorganización y se ordenara la apertura del proceso de liquidación judicial de la compañía. Sin embargo, mediante el auto 2026-01-759994, la entidad autorizó temporalmente la continuidad de las actividades comerciales.
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La medida busca mantener el valor de la empresa durante el proceso y facilitar el pago a los acreedores. Por eso, aunque Presto se encuentra en liquidación judicial, sus restaurantes no cerrarán automáticamente como consecuencia de esta decisión.
En un comunicado dirigido a trabajadores, proveedores, arrendadores y acreedores, la compañía informó: “¡PRESTO SIGUE OPERANDO!”. También señaló que la autorización permite mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y buscar la venta de la empresa en funcionamiento.
¿Hasta cuándo podrá operar Presto?
La autorización de la Superintendencia de Sociedades tiene un plazo definido. Según el auto, Presto podrá continuar desarrollando su objeto social hasta por 20 días hábiles después de que quede en firme la decisión que apruebe el proyecto de calificación y graduación de créditos.
Esto significa que el periodo autorizado no comienza necesariamente a contarse desde el 19 de octubre, fecha en la que se expidió el auto, sino desde que quede en firme esa decisión dentro del proceso.
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Además, la liquidadora, Mónica Alexandra Macías Sánchez, deberá presentar informes mensuales detallados sobre la gestión, las cifras, las acciones y las decisiones adoptadas durante la operación.
La Superintendencia también le solicitó que informe cuáles contratos de trabajo, arrendamiento, concesión y suministro se mantendrán vigentes para garantizar el funcionamiento de los establecimientos autorizados.
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La continuidad de la operación está condicionada al cumplimiento de las obligaciones que se generen después de la apertura de la liquidación judicial. En particular, la compañía deberá atender los pagos asociados con los puntos de venta que sigan funcionando.
¿Qué pasará con los trabajadores de Presto?
Uno de los objetivos de la autorización es conservar los empleos vinculados con la operación que se mantenga activa. Por esta razón, la liquidadora comunicó a los colaboradores que pueden continuar trabajando con normalidad.
La decisión también autoriza el reemplazo de los trabajadores que hayan renunciado en los puntos de venta que continúen operando, así como la contratación de auditores por zonas para controlar el recaudo y las actividades comerciales.
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La Superintendencia dio permiso para usar una parte del dinero de la empresa (máximo el 5% de sus deudas externas) para pagarle a los trabajadores lo que se les debe. Primero le pagarán todo a los que ganan menos de dos salarios mínimos y el restante se repartirá en partes proporcionales entre el resto de los empleados.
La comunicación de Presto enviada a los empleados precisa, además, que los salarios y las prestaciones que se realice desde el 14 de octubre de 2026 se pagarán con los ingresos de la operación, como gastos de administración.
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Por otra parte, las obligaciones laborales pendientes hasta el 13 de octubre deberán presentarse dentro del proceso de liquidación. Para ello, los trabajadores tendrán que diligenciar el formulario de presentación de créditos cuando la Superintendencia publique el aviso correspondiente.
¿Qué ocurrirá con los proveedores, arrendadores y acreedores?
La autorización también contempla medidas para proteger la continuidad de los establecimientos que sigan abiertos. Mientras esté vigente el permiso para operar, los arrendadores, concedentes y proveedores vinculados a esos puntos no podrán terminar unilateralmente los contratos, suspender los suministros ni promover o continuar procesos de restitución de los inmuebles por la apertura de la liquidación judicial o por obligaciones anteriores a esta.
Para mantener esta protección legal, Presto debe estar al día y pagar puntualmente todos los compromisos o deudas que se generen a partir del momento en que inició este proceso.
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La Superintendencia autorizó, además, que los ingresos de la operación se destinen a cubrir gastos necesarios para mantener el servicio, entre ellos la nómina, los aportes a seguridad social, los arrendamientos, las concesiones, los servicios públicos y los pagos a proveedores indispensables.
En cambio, si las facturas o deudas se generaron antes o hasta el 13 de octubre de 2026, no se pagan de inmediato: esas personas o empresas deben cobrar entrando como acreedores en el proceso oficial y cumplir con las fechas y reglas que pida la autoridad.
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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co