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Tal como lo había anunciado, el gobierno de Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica en Colombia por 30 días, y ahora se espera que se expidan los decretos de los impuestos que se aplicarán durante la medida. Este estado de excepción, según explicó el Ministerio de Hacienda, se aplicó debido a que, entre otras cosas, no se aprobó la reforma tributaria o Ley de financiamiento en el Congreso, que buscaba aliviar el hueco fiscal de 16 billones de pesos para el presupuesto del próximo año.
El decreto para declarar la emergencia económica, desde la semana pasada, fue firmado por todos los ministros de Petro y por el Jefe de Estado. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, se trata de una medida que se aplica cuando se presentan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social, o que constituyan una calamidad pública. Además, le otorga facultades excepcionales al Presidente para legislar por decretos y adoptar medidas urgentes.
La emergencia económica se aplica por periodos de 30 días, que pueden ser prorrogados con aprobación del Congreso. Esta figura excepcional, según la página web del Ministerio de Hacienda, también permite al Estado "ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar de manera más flexible el presupuesto, redirigir recursos hacia áreas que requieren atención inmediata y garantizar los programas sociales".
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha explicado que la negativa del Congreso con respecto a la Ley de financiamiento generó un hueco fiscal significativo, lo que obligó a "buscar mecanismos alternativos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de programas sociales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026".
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en Noticias Caracol en vivo que "una ley de financiamiento es para pagar la deuda externa. Al no haberse aprobado esa ley, automáticamente el riesgo del país aumenta ante las entidades financieras internacionales. Eso hace que los bonos se suban y por lo tanto los intereses se vayan a subir. Con ese resultado entonces habría que recortar algunos gastos como son, por ejemplo, las 4G o las megaobras públicas". Esto, según él, se suma a "las situaciones de orden público", que requieren inversiones de alrededor de 1,6 billones de pesos para "cubrir el cielo de los antidrones, de los ataques que están haciendo, y que se prevé que pueden ser peores".
El decreto enlistó las siguientes razones para declarar emergencia económica:
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El Gobierno ha anunciado que la emergencia económica incluiría un IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea. También, un impuesto del 1% para la extracción del carbón. Asimismo, contemplaría un impuesto al patrimonio, un incremento en la contribución por ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina.
Se ha hablado, de igual manera, del 5x1000, que es el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF). Por lo tanto, las personas que posean una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera pasarían a pagar 5 pesos por cada movimiento de 1.000 pesos, en vez de 4, como funciona actualmente.
El decreto está siendo evaluado por la Corte Constitucional y convoca al Congreso para que se realice control político diez días después de que termine la medida. Sin embargo, varios expertos, entre ellos exministros de Hacienda, han mencionado que el estado de excepción planteado por el Gobierno sería inconstitucional. Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla señaló que no puede hacerse esta declaratoria porque “no estamos ante una emergencia. La emergencia es algo que sucede intempestivamente, que no se espera, y esto está previsto desde hace mucho tiempo”.
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Asimismo, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, indicó que la emergencia “no cumple el requisito fundamental”, ya que debe decretarse por “un hecho inesperado y de gran importancia”. Añadió que “sobreviniente es un hecho inesperado", pero factores como la no aprobación de la Ley de financiamiento eran hechos esperados.
Entretanto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “es una situación por fuera de toda la ley, por fuera de la Constitución, que nos termina generando una preocupación de la arbitrariedad que implica, del autoritarismo que trae detrás de la forma como se está excediendo el Ejecutivo en sus funciones y cómo se está excediendo el Ejecutivo por encima de lo que el Congreso ya decidió”.
LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL