Mediante su cuenta de Twitter, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) informó que delegó al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, para que este adelante las labores de requerimiento de las sentencias penales o sanciones administrativas en contra del Grupo Aval y Corficolombiana.
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La entidad gubernamental aseguró que su directora general, Martha Lucía Zamora Ávila, pidió a Leyva que, a través de los canales diplomáticos establecidos, requiera las sentencias o sanciones emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacia el Grupo Aval y Corficolombiana.
Atendiendo la orden impartida por el presidente @petrogustavo, la @maluzamora60, directora de la @AgenciaDefensaJ, ofició al canciller @AlvaroLeyva para que, a través de canales diplomáticos,
— ANDJE (@AgenciaDefensaJ) August 20, 2023
La decisión de requerir las sanciones en contra de dichas empresas se produce después de la orden impartida esta semana por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la cual el mandatario pidió a la Cancillería utilizar "todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil, para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval le genera al Estado colombiano".
El pasado 10 de agosto,el Grupo Aval y Corficolombiana acordaron pagar una multa de 40 millones de dólares por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero , una medida tomada en el marco de las investigaciones por la corrupción de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol 2, concretamente la extensión Ocaña–Gamarra.
"Corficolombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del Gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”, aseveró la Comisión de Valores de Estados Unidos.
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Con los requerimientos emitidos por la ANDJE, la entidad deberá determinar si el Grupo Aval está inhabilitado para ejecutar contratos públicos.
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