Estos venezolanos fueron expulsados de Colombia sin pruebas

La Corte Constitucional determinó que un grupo de venezolanos que fue acusado hace dos años de participar en actos de vandalismo durante el paro nacional fue expulsado arbitrariamente de Colombia. El alto tribunal regañó a Migración Colombia por estos hechos y lamentó que a esos ciudadanos se les hubiera dejado en la mitad de un río en el Vichada.

El 25 de noviembre de 2019, en medio de la agitación social por el paro nacional y la indignación ciudadana por la muerte de Dilan Cruz a manos del Esmad de la Policía, las autoridades informaron que 59 venezolanos que habían sido detenidos dos días atrás iban a ser expulsados por participar en actividades que afectaron el orden público durante las manifestaciones. Además, que no podrían regresar en al menos 10 años.

El entonces director de Migración, Christian Kruger, hizo el anuncio: “Y en este momento estamos expulsando a 59 venezolanos, 59 venezolanos que estaban afectando la seguridad, el orden, estaban adelantando actos vandálicos en las marchas y eso no lo podemos permitir”.

Ante las cámaras de televisión, el grupo de migrantes fue presentado como un peligro para la seguridad nacional. Así mismo, la Policía informó que tenía pruebas incontrastables de ello. Como si se tratara de los más peligrosos criminales, unos 120 uniformados custodiaron el traslado de estas 59 personas hasta el aeropuerto militar de Catam para hacer efectiva la expulsión.

El coronel Carlos Rojas Pabón, encargado del operativo, le dijo a la prensa ese día: “Es importante saber que nuestro trabajo en materia de prevención, de tener control sobre aquellas áreas donde de alguna manera los vándalos se están camuflando allí”.

Lo que siguió fue peor. Los venezolanos fueron llevados al Vichada para ser transportados en una balsa al otro lado del río Orinoco a un sector conocido como El Burro, en Venezuela. La noticia de su llegada a Puerto Carreño para la expulsión enfureció a la población, que no los bajó de bandidos indeseables. Una de sus habitantes sostuvo en esa época: “Nunca se van a ir, ellos van al río y se regresan otra vez, por eso estamos revolucionados acá, no queremos venezolanos”.

Nelson Vargas, otro habitante, añadió: “A nosotros nos da miedo por la situación que vive este pueblo”. Hasta el alcalde de Puerto Carreño mostró su disgusto y exigió la salida de inmediato de estas personas de su territorio: “(La idea) era que llegaban a Puerto Carreño y de aquí los iban a sacar, de 10 en piraña a Puerto Inírida. Y hoy cambian toda la estrategia manifestando que solamente los van a botar a El Burro. Eso no es y nosotros le pedimos al Gobierno nacional que le ponga cuidado a Puerto Carreño”.

Hasta aquí el relato oficial de unos supuestos vándalos expulsados en 2019. El relato real es bastante más distinto y así lo documentó un grupo de abogados del Consultorio Jurídico y la Clínica para Migrantes de la Universidad de los Andes que interpuso una tutela en representación de 7 de los 59 venezolanos. Tras su envío al país vecino, solo 7 de ellos se animaron a dar la batalla por sus derechos. De la mayoría se perdió el rastro.

“El Estado colombiano, que además se precia de tener una mano bondadosa hacia el ejercicio de la migración venezolana, acá actuó de forma despiadada y no le importó bajo ninguna circunstancia un mínimo de garantías fundamentales para estas personas”, dice Carlos Mantilla Copete, profesor de la Universidad de Los Andes y uno de los abogados que ha liderado este caso. Según él, en el contexto del paro de 2019 estas personas fueron objeto de violencia policial, retenidos ilegalmente, expulsados sin prueba alguna ni saber por qué y abandonados en la mitad del río Orinoco.

“Los dejaron a la mitad del río, los dejaron en la mitad de la nada. Hay evidencia gráfica que reposa en el expediente donde ellos relatan cómo fue esa expulsión y es: nos montaron en una balsa y nos dejaron a la mitad del río, allá al otro lado, cuando eso es selva. Y es que el director de entonces de Migración en una rueda de prensa dijo específicamente que los dejaban allá con la intención de que les fuera más difícil regresar, como si no fueran seres humanos”.

Los relatos de algunos de ellos, una vez en Venezuela, quedaron en videos. “Nos mandaron acá prácticamente para que nos muriéramos en medio de la nada. El que tenga delitos que lo agarren, que lo investiguen, pero no es posible, yo tengo un año y un mes trabajando en Colombia y a mí nunca en mi vida me habían hecho esta humillación”, dijo uno de ellos.

Otro más agregó: “Es totalmente falso que nos dejaron con la guardia venezolana. A nosotros nos dejaron a la deriva, a mitad del río, Migración se devolvió y nosotros quedamos a la deriva, acá justamente donde estamos nos dejaron”. Otro ciudadano expulsado contó: “Mira, yo tenía 300 mil pesos que era para la ropa de mis hijos y la comidita de mis hijos y lamentablemente me los quitaron, me quitaron el teléfono, me golpearon, estoy todo morado, miren pa' que vean que no es mentira. Entonces estamos acá botados, no sabemos para dónde agarrar”.

Jackson Peña, el único de los venezolanos que se identifica con nombre propio en esos videos, relató: “Yo soy el sustento de la familia, acá le muestro la cédula de mi esposa, mi hija está en Bogotá también, y aquí está la fotocopia de mi mamá. Entonces cómo puede ser posible que yo le muestre este documento a Migración y me dicen que no pueden hacer nada. ¿Entonces cómo hacemos ahí? necesito que se haga justicia”.

Muchos de los expulsados dejaron a sus esposas e hijos en Colombia en situaciones realmente calamitosas. Tras documentar los vacíos en este proceso y las tragedias de estas familias desarraigadas, el abogado Mantilla Copete y sus colegas recogieron evidencias durante meses que desmontaron el relato oficial. Para empezar, las pruebas del vandalismo jamás aparecieron.

“Lo que estamos viendo acá es la construcción de una narrativa del migrante delincuente para justificar una serie de problemas sociales que se estaban presentando en ese momento y que se presentan actualmente en el país. Eso es gravísimo. Y esto fue lo que sucedió. ¿Por qué expulsar a los 59 así, por qué en la opacidad de un procedimiento administrativo mal hecho, por qué anunciarlo a medios así?”, cuestionó Mantilla Copete.

La Corte Constitucional revisó el caso y sentenció que la expulsión fue arbitraria y que desconoció la dignidad de estas personas. Además, regañó a Migración, y de qué manera, por haber dejado a los venezolanos en un río. Noticias Caracol conoció detalles de la ponencia que fue aprobada por todos los magistrados y que está en proceso de recolección de firmas.

“Ninguna justificación parece válida para la manera en la que se instrumentalizó el Estado con el fin de despreciar la vida y la seguridad personal de los accionantes. El acto de abandonarlos en medio de un río en la Orinoquía no sólo constituye una sanción no escrita, sino que parece una forma de retaliación en contra de quienes, en tanto seres humanos, debían recibir un trato acorde con la dignidad”, sostuvo la Corte.

Y añadió: “Frente al persuasivo mensaje que criminaliza la migración, la Corte debe cuestionar con contundencia la deshumanización a la que fueron sometidas, al menos, siete personas (...) Migración Colombia al materializar la expulsión en un lugar inhóspito en medio de la Orinoquía, actuó al margen de la Constitución y dejó a su suerte a los migrantes expulsados en un territorio que, sin lugar a dudas, los hizo enfrentar grandes dificultades para llegar a sus lugares de origen”.

Aunque Migración Colombia sostuvo en este proceso que esas personas fueron sorprendidas causando daños, saqueos y hurtos en las localidades de Bosa, Fontibón y Kennedy durante las marchas del 23 de noviembre de 2019, el expediente demostró que no se aportó prueba concreta de esas acusaciones, salvo generalidades sin sustancia.

En casi todas las resoluciones de expulsión, se consignó el mismo párrafo genérico: “Fue capturado al encontrarse presuntamente generado actividades y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana durante el paro nacional”.

Cuando la Corte Constitucional le solicitó a la Policía las evidencias de esas acusaciones, se llevó una sorpresa que más parece una burla. “Se requirió a la Policía Nacional para que precisara las razones concretas de tiempo, modo y lugar que motivaron la restricción de la libertad de los actores, pero en respuesta a tal solicitud se adujo que el patrullero encargado se encontraba en un período de licencia”.

Dicho de otro modo, dos años después de estos hechos, ninguno de los expulsados tiene una carpeta donde reposen las pruebas de su proceso y tampoco fue posible hallar al patrullero encargado del manejo de estos reportes que justificaron este súbito envío a Venezuela.

Lucía Ramírez Bolívar, abogada de Dejusticia, tiene muchas preocupaciones sobre la figura de la expulsión discrecional usada por el gobierno en este proceso. “Este caso que llegó a la Corte es solo una pequeña muestra de una práctica más generalizada que se puede estar instalando en Migración Colombia y que vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la unidad familiar”, dijo.

Dejusticia documentó que, por razones de seguridad nacional, entre 2015 y 2020 fueron expulsados de forma discrecional 4.692 extranjeros. El dato interesante es que 3.023 de ellos fueron expulsados entre 2019 y 2020. Es decir, en los años de la protesta social más acentuada.

Lucía Ramírez Bolívar insistió: “Como se dio por ejemplo el proceso de expulsión de estas 59 personas que fue transmitido por televisión, que lo hizo la Fuerza Pública, que luego los dejaron en medio de la selva en un río, pues transmite el mensaje a la sociedad de que las personas migrantes son peligrosas, que hay que sacarlas del país, que hay que hacerlo de manera rápida y sin garantías”.

Una vez sea notificado este fallo, Migración Colombia tendrá 10 días para que revise estos casos y consiga las pruebas que no le enviaron a la Corte. De lo contrario, deberá anular estas expulsiones. Además, la Corte Constitucional le pidió a la Procuraduría que investigue este caso.